Luego de que la fiscal Gabriela Baigún pidiera el sobreseimiento de todos los imputados, el Tribunal Oral N° 1 se pronunció y consideró que no hubo delito en la causa del plan Qunita que tenía como procesados al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y al ex ministro de Salud de la Nación y actual titular de esa cartera en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, y su actual viceministro, Nicolás Kreplak.
«No existiendo tampoco en el presente caso parte acusadora particular [querella] que coloque al Tribunal como árbitro de un contradictorio, corresponde dictar el sobreseimiento de los encausados y encartadas de autos, en cuanto al hecho por el cual fueron intimados en el respectivo requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio», manifestaron los jueces Adrián Grümberg, José Michilini y Ricardo Basílico.
Vale recordar que fue la por entonces legisladora porteña Gabriela Ocaña quien hizo la denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de los kits. Lo que alegaba la hoy diputada nacional es que los elementos que integraban el plan tenían un costo menor a los 7.850 pesos que se habían pagado. En su oportunidad, la causa recayó ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano, quienes procesaron a dieciocho personas, entre ellos los tres funcionarios mencionados. Asimismo, se había pedido la quema de los kits, medida que quedó suspendida.
La causa fue elevada a juicio y la defensa objetó al juez Bonadio por dictaminar sin un peritaje, que comenzó pero fue dejado sin efecto por el magistrado. En el TOC N° 1 los jueces ordenaron el peritaje, clave en el dictamen de la fiscal Baigún.
La funcionaria había pedido el sobreseimiento de los imputados considerando que no se pudo probar la existencia de delitos de fraude a la Administración Pública ni el de abuso de autoridad por los que habían sido denunciados.
Baigún había basado su dictamen en el estudio de peritos de la Corte Suprema sobre la compra de los kits para recién nacidos. En el fallo, los jueces retoman este dictamen, donde se señala que esto «permitía descartar que la Licitación Pública Nacional N° 4/2015 hubiera generado un perjuicio económico al Estado Nacional, como así también que el procedimiento licitatorio hubiera estado direccionado en favor de las empresas adjudicatarias; y que, con ello, las conductas por las que se promoviera la acción penal no resultaban constitutivas de los delitos imputados».
El dictamen también apunta a la denunciante Graciela Ocaña y a los datos que aportó para realizar la denuncia, por lo que señalan «que el conjunto de elementos adquirido por la denunciante no es comparable con el kit Qunita». En ese sentido, se señala que «el conjunto de elementos que relevó la licenciada no guardaba relación ni a nivel cuantitativo ni cualitativo con los componentes del kit Qunita».
«Así, tras indicar que la cotización presentada por la denunciante no contemplaba la totalidad de los componentes del kit Qunita, los
impuestos, los costos de cauciones, los costos financieros, ni las utilidades, la Dra. Baigún concluyó que los valores obtenidos no reflejaron la existencia de sobreprecios en el marco de la licitación», señalaron los jueces.
Tras conocerse el fallo, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, compartió un mensaje del periodista Juan Amorín en sus redes sociales: «Ahora solo falta saber qué hacemos con las miles de familias que no pudieron acceder a las cunas y con los millones de pesos que perdió el Estado por una insólita denuncia. No vale todo».
