Por Gabriela Calotti
«Esta gente nunca dijo nada. Tienen un pacto de silencio siniestro. No dicen ni dónde están los nietos ni dónde están las personas que buscamos. Siento que estos juicios son reparadores en parte y que la palabra lesa humanidad tiene que ver con eso: esta gente está cometiendo ahora mismo un delito porque está callando, les gusta seguir haciendo daño», afirmó el martes Mariana Busetto, hija de Osvaldo Busetto, secuestrado el 9 de septiembre en inmediaciones de la Plaza San Martín, en La Plata, luego de ser baleado.
En el marco de la Audiencia número 34 del Juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en las Brigadas de la Policía bonaerense de Quilmes, de Banfield y en «El Infierno» de Lanús (con asiento en Avellaneda), Mariana, que al desaparecer su padre tenía dos años de edad, relató el secuestro de su Osvaldo en función de la reconstrucción que pudo hacer desde su juventud gracias a los testimonios de sobrevivientes y familiares.
«Mi papá era hijo de Ema Prieto y de Juan Carlos Busetto, y nació el 10 de marzo de 1946», dijo al iniciar su testimonio ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata al reanudarse las audiencias luego de la feria judicial de invierno.
Osvaldo Busetto tenía treinta años, estudiaba arquitectura y había sido bombero de la Policía. Estaba separado de su esposa, con la que había tenido a Mariana, y estaba en pareja con Ángela López Martín, profesora de Geografía del Colegio Nacional Rafael Hernández que fue secuestrada con él. Ambos permanecen desaparecidos.
«Mi papá militaba en el ERP. Tenía un cargo dentro del ERP», afirmó Mariana en referencia al Ejército Revolucionario del Pueblo, antes de explicar que el primer testimonio que leyó en el cual mencionaban a su papá fue el de Pablo Díaz en el libro «La Noche de los Lápices», que le había regalado su abuela paterna.
Ya en el secundario, siempre con ansias de saber qué le había pasado a su papá, Mariana Busetto, hoy una mujer con hijos, iba a las manifestaciones estudiantiles platenses sin decirle a su madre porque ella tenía miedo.
Años después buscó a Walter Docters, otro sobreviviente del Pozo de Arana y del Pozo de Quilmes, Centros Clandestinos de Detención en los cuales también estuvo su papá.
«De grande tomé los testimonios de Pablo Díaz y de Walter Docters y mi abuela me dio un libro donde había unas cartas de Gustavo Calotti que le había escrito a mi tío Juan Carlos Busetto, quien se ocupó de buscar a mi papá», contó Mariana. También supo de su padre y de Ángela López Martín por Nora Ungaro, sobreviviente del terror que estuvo secuestrada en los Pozos de Arana y Quilmes.
Su tío Juan Carlos, conocido odontólogo, no cesó en la búsqueda de su hermano Osvaldo, a quien protegió hasta último momento. «Juan Carlos no tenía un límite para buscarlo y cuando mi papá estaba vivo no tenía límites para esconderlo», aseguró Mariana al Tribunal. Su tío falleció el 23 de octubre de 1984 de un paro cardíaco.
Su papá fue secuestrado en pleno centro platense, en 7 y 54. «A mi papá lo balean mucho, en una pierna y en otras partes del cuerpo», relató. Lo llevaron al Hospital Naval para operarlo, pero luego lo llevaron al Pozo de Arana. «Lo necesitaban vivo», sostuvo.
El 11 de octubre lo trasladaron a Quilmes, según pudo saber por sobrevivientes. En Quilmes quien lo ayudaba en las curaciones de la pierna era el también estudiante secuestrado en La Plata Víctor «Lulo» Treviño, quien sigue desaparecido.
En noviembre a Busetto lo trasladaron al Pozo de Banfield, donde estaba el médico de la Bonaerense Jorge Antonio Bergés, uno de los dieciocho imputados en este juicio. Allí, quien lo curaba era Pablo Díaz, dijo la testigo.
«Tengo información hasta fines de diciembre. Ya ahí no lo ve nadie más a mi papá. Ángela estuvo en Quilmes y después ya no supe más nada», afirmó Mariana Busetto al Tribunal.
Contó que muchos años después del secuestro de su padre supo que su abuela materna había sido extorsionada a cambio de información sobre Osvaldo por un tal Coy, un hombre que andaba armado y que era de la guardia del general Ramón Camps, jefe de la Bonaerense durante la dictadura cívico-militar (1976-83).
«Los hijos tenemos muchos hubiera»
Pese a haber vivido una infancia «tristísima» y una adolescencia muy difícil, con su madre y su pareja que era un «hombre muy violento», Mariana dijo sentirse acompañada «por el recuerdo de los que no están».
Emocionada, aseguró que «los hijos tenemos muchos hubiera (…) Cómo hubiese sido mi vida si él hubiese estado. Cómo hubiera sido él como abuelo», se preguntó, antes de asegurar que a sus hijos les contó toda la historia y que ella misma pudo empezar a reconstruirse mucho más cuando participó de la fundación de la asociación HIJOS.
«El amor que se siente entre los HIJOS es totalmente diferente al que uno pueda sentir por amigos o hermanos de sangre», aseguró, luego de reivindicar a su padre porque «luchaba por un país más justo para todos y también para mí».
«Cuando la justicia es muy lenta, no es justicia»
Julio Gerardo Poce estaba casado con Graciela Pernas. Ambos fueron vistos en el Pozo de Banfield a fines de noviembre de 1976. Se conocían desde el secundario en el Colegio Nacional de La Plata.
«Ya pasaron 45 años. Si bien este juicio tiene un valor, también hay cosas que se perdieron, como la posibilidad de que mi abuelo esté testimoniando. Cuando la justicia es muy lenta, no es justicia. Este juicio tiene un valor pero llega tarde», afirmó Ramiro Poce, sobrino de Julio, al testimoniar en este juicio.
Ramiro, también integrante de HIJOS, criado en el seno de una familia diezmada por el terrorismo de Estado pero que logró recomponerse, lamentó que la demora judicial impidiera que su abuelo paterno, Julio César Poce, quien buscó incansablemente a Julio y a su otro hijo Ricardo, pudiera estar hoy en el banco de los testigos.
Aseguró que su testimonio es posible gracias a un trabajo de reconstrucción del secuestro que su abuelo plasmó en un libro que nunca se publicó.
De aquel trabajo y de los relatos de sobrevivientes pudo saber que su tío y su joven esposa empezaron a militar en el grupo de Estudiantes Secundarios Socialistas y luego en el Grupo Universitario Socialista (GUS) y en la Organización Comunista – Poder Obrero (OCPO).
En 1976 su tío estaba en cuarto año de Medicina y Graciela en primero de Ecología, en el Museo del Bosque. 1975 fue un año de inflexión en la violencia política en la capital bonaerense. En julio la banda paraestatal de ultraderecha peronista Concentración Nacional Universitaria (CNU, brazo universitario de la Triple A) asesinaba a Roberto Rocamora, militante del GUS y del OCPO. «Fue uno de los primeros golpes duros», aseguró Ramiro Poce.
En diciembre de ese año, el asesinato, también por parte de la CNU-Triple A, del militante de la UES Arturo “Patulo” Rave sería otro golpe inesperado para la militancia juvenil.
«Para ese entonces mi tío había sido amenazado de muerte por la CNU y la Triple A», explicó Ramiro al Tribunal, antes de precisar que por esa razón se mudaron al barrio de Flores.
En mayo de 1976, un grupo armado allana la casa de sus abuelos paternos en 15 y 44. Allí, su bisabuela, que había sido cercana a Alicia Moreau de Justo, se hizo pasar por una empleada de la casa para intentar despistar a los represores, afirmando además que el joven matrimonio estaba de viaje en las Cataratas del Iguazú.
En ese allanamiento revolvieron todo, «se robaron objetos de valor y dinero. Ello da cuenta del nivel de delincuencia de esas personas. Aunque se escuden en cuestiones ideológicas, robaban todo lo que podían», sostuvo este muchacho.
Sin embargo, aquella mentira del viaje a las cataratas no impidió que el 19 de octubre los militares irrumpieran en el departamento de la pareja en el barrio porteño de Flores. «Mis tíos intentan escaparse por una pared de atrás. Graciela casi se había escapado y a mi tío le tiran un tiro en la pierna y Graciela vuelve, y ahí los secuestran», relató el martes.
Tras el secuestro de su tío y de su papá, sus abuelos paternos «hicieron muchísimas gestiones». Su abuela Elena Mateos fue Madre de Plaza de Mayo y su abuelo integró la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Hizo gestiones ante Amnistía Internacional y también ante el Ministerio del Interior en plena dictadura.
Su abuelo contó durante los Juicios por la Verdad en La Plata que sólo dos vecinos se animaron a hablar con él y contarle lo que había pasado aquella madrugada de octubre.
Por testimonios de sobrevivientes como Cristina Comandé, Elena Corbín y Elio López, supieron que a Julio y a Graciela se los llevaron al Centro Clandestino de Detención conocido como Puente 12/Protobanco/Banco o Brigada Güemes.
En noviembre los trasladaron al Pozo de Banfield, según testimonios de José María Noviello, Pablo Díaz y Víctor Carminatti. Noviello dijo que vio a ambos hasta el 15 de diciembre de 1976.
«Dicen que diciembre fue el último mes que los vieron» con vida, sostuvo Ramiro, y aseguró que «no tenemos los cuerpos de ninguno de los desaparecidos de mi familia», a quienes rindió homenaje con su testimonio.
Ramiro Poce quiso también testimoniar en nombre de Graciela Pernas, de quien casi no queda familia, excepto un hermano en España. Para recordarla leyó un poema escrito por ella en el libro «Pájaro rojo», editado por la UNLP, que concluye con las palabras «levántate y luchemos».
Ocho niñes y adolescentes Santucho secuestrados en Quilmes
María Ofelia Santucho era la mayor de las cuatro hijas de Ofelia Paz Ruiz y de Oscar Asdrúbal Santucho, hermano de Mario Roberto, jefe del PRT-ERP. Siendo adolescente, en los primeros meses de 1975 dejaron su Santiago del Estero natal para vivir en un chalet en Morón.
Recuerda que aquel año «fue de mucha tensión». Su padre caería asesinado en una finca en Tucumán, mientras ella, su madre y sus hermanas seguían en el oeste del Conurbano, donde tenían otros nombres y su casa era punto de encuentro de muchos «tíos y tías».
El 8 de diciembre de 1975 le estaban festejando el cumpleaños a Esteban, el hijito de un compañero de militancia, Martín Elías Abdón, que vivía con ellas. Estaban también las tres hijas de «Robi», Ana Cristina, Marcela Eva y Gabriela Inés. También el pequeño Mario Antonio, hijo de su tío y de Liliana Delfino.
«En dos segundos, la patada que abre la puerta… mi prima entra. El tipo empieza a gritar. Nos quedamos paralizadas. Empezaron a entrar por las ventanas… en fracción de segundos había doce o quince personas», relató el martes.
«Gritos, patadas, insultos y preguntas como ‘dónde están las armas’ colmaron aquel allanamiento», recordó María Ofelia, hoy de 61 años, durante su testimonio virtual.
Empezaron a romper sábanas. Con ellas les ataron las manos detrás de la espalda y las sacaron de la casa bajo la mirada de los vecinos. Las subieron en varios autos. A ella con sus dos hermanas. Recuerda que uno de los verdugos preguntó a cuánto estaba Campo de Mayo, pero en realidad las llevaron a Cuatrerismo o Puente 12, en Panamericana y Richieri, en el partido de La Matanza.
Más gritos, amenazas, ladridos de perros, agresiones, ultraje y manoseos, recordó María Ofelia de su llegada a ese Centro Clandestino, donde fue interrogada por quien se hacía llamar «mayor Peirano», en realidad el exmilitar Carlos Antonio Españadero, cuyo juicio por delitos de lesa humanidad en ese CCD comenzó en diciembre de 2020.
Al día siguiente las llevaron a la Brigada de Quilmes, donde permaneció dos días junto a sus hermanas menores María Susana, María Silvia y María Emilia; sus tres primas y los entonces niños Esteban y Mario. Allí los cuidaban «dos asistentes sociales», dijo.
Peirano las sacó de allí un día después hasta dejarlas en un hotel en Flores. El martes María Ofelia explicó que «compañeros del PRT localizan» ese hotel y le indican que vayan a la embajada de Cuba en Buenos Aires.
Al cabo de un año de encierro en esa sede diplomática, lograron obtener un salvoconducto para salir de la Argentina rumbo a Cuba.
María Ofelia reclamó este martes «verdad y justicia» y recordó especialmente a cinco mujeres que «me han acompañado en mi vida»: su prima hermana Graciela Santucho, su tía Nenita, su tía Cristina Navaja de Santucho y Adriana Calvo.
El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la policía bonaerense de Banfield, de Quilmes y de Lanús es resultado de tres causas unificadas en la causa 737. Tiene sólo dieciocho imputados y apenas dos de ellos están en la cárcel, Miguel Osvaldo Etchecolatz y Jorge Di Pasquale. El resto está cómodamente en sus casas.
El juicio oral y público comenzó el 27 de octubre de 2020, de forma virtual debido a la pandemia por covid-19. Por esos tres CCD pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas de ellas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio.
El tribunal está presidido por el juez Ricardo Basílico, acompañado por los magistrados Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero, todos ellos subrogantes.
En esta etapa de juicios, que se hacen mediante plataformas virtuales en razón de la pandemia, invitamos a todes a acompañar los testimonios a través del canal de La Retaguardia TV (https://bit.ly/2T1S06P) o el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria (https://fb.watch/66cTGFRqGP/).
Más información en el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP (https://bit.ly/3coDVqV).
La próxima audiencia será el martes 10 de agosto a las 9 hs.
