Desde el Gobierno nacional y los principales sindicatos del país cuestionaron el planteo del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, quien pidió que los empresarios tengan la posibilidad de no pagar salarios a aquellos trabajadores que no se vacunen, a pesar de que la resolución oficial sobre el tema no lo permite y la inoculación en Argentina no es obligatoria sino voluntaria. A su vez, al interior del empresariado se diferenciaron y llamaron a enfocarse en los incentivos más que en los castigos.
Esta mañana, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, remarcó en declaraciones radiales que el pedido empresario «no corresponde, vamos a continuar con la vacunación de modo optativo», y destacó que Argentina «es uno de los países que más viene vacunando en este tiempo, hay una gran aceptación por parte de la población». «Por lo tanto, no puede haber una política de sanción vinculada a eso si la vacuna es optativa».
El pedido de Funes de Rioja choca con la Resolución 4/2021 publicada en el Boletín Oficial el 8 de abril, que establece las condiciones para la vuelta presencial al lugar de trabajo de quienes hayan recibido la primera dosis de la vacuna. Su artículo 4º sostiene: «Los trabajadores y las trabajadoras comprendidos en los artículos 1° y 2° de la presente medida que tengan la posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudieren originar a los empleadores o empleadoras».
De este modo, la resolución deja en claro que no existe obligatoriedad y por lo tanto la imposición empresarial no tiene sustento. En tanto, por «actuar de buena fe» refiere a una conversación entre empleador y empleado para llegar a un acuerdo bajo determinadas condiciones para darle continuidad al trabajo.
Por el lado del sindicalismo, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, fue uno de los dirigentes que criticaron al presidente de la UIA. «Desde los sindicatos intentaremos persuadir y convencer a lxs trabajadores para garantizar que se vacunen antes de llegar a los delirios que propone la UIA», lanzó.
El también diputado del Frente de Todos puso sobre la mesa el trasfondo político del asunto. «No vi a ningún empresario abrir la boca cuando los antivacunas y la derecha despotricaban contra la Sputnik o aseguraban que tomar lavandina era mejor que vacunarse. Lo primero que se les ocurre es dejar sin salario a lxs trabajadores. Son de manual», tuiteó.
Vale remarcar que la UIA se ha venido manifestando con fuertes cruces al Gobierno por la prohibición de despidos y el régimen de doble indemnización. Esa postura política de un mayor rol opositor de la principal entidad fabril quedó a la vista con la elección en mayo de su nuevo presidente, el abogado laboralista Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), en reemplazo de Miguel Acevedo (Aceitera General Deheza). Funes de Rioja es un exponente del pedido empresario de avanzar en una flexibilización laboral y reducción de derechos de las y los trabajadores.
La polémica se desató el lunes, cuando, en una rueda de prensa realizada tras la reunión de la Junta Directiva de la UIA, dijo que las empresas podrían considerar «eliminar la dispensa a los trabajadores que decidan no vacunarse» y, ante la imposibilidad de incorporarlos nuevamente al trabajo, evaluar «cesar la remuneración».
Ante este planteo, desde la CGT también le respondieron en duros términos. «Lo de no pagar los sueldos a los que no se vacunen es un debate absurdo. Habla mucho de dónde cayó la UIA», dijo hoy a Futurock Héctor Daer, cosecretario general de la central obrera. «La propuesta de la UIA parece más de un bufet de abogados que de una entidad empresarial», profundizó el sindicalista en su implacable crítica.
Pero las diferencias también existieron al interior del empresariado. «Hay que buscar incentivos más que castigos», explicó José Ignacio De Mendiguren, dirigente de la UIA y presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Quien se diferenció aún más fue Mario Grinmann, titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), quien se desmarcó tajantemente de la UIA y expresó que «el que tiene que regular en este marco no es el empresario de manera particular, es el Estado, que para eso está, para regular con los organismos de competencia, como el Ministerio de Trabajo, que puede hacer las mejores evaluaciones».
