La noche del 11 de agosto tuvo lugar un brutal enfrentamiento entre un grupo de personas vinculadas al narcotráfico en el barrio San Rudecindo, del partido bonaerense de Florencio Varela. El episodio, que dejó el saldo de tres muertos, incluida una joven de dieciocho años, puso de manifiesto no solo el grave problema de inseguridad en la zona, sino el conjunto mismo de vulneraciones que persisten por causa de la ausencia del Estado y que ahora demanda soluciones contundentes.
La organización vecinal y los constantes reclamos y manifestaciones llevadas adelante desde el día que ocurrió el hecho hicieron eco en el Gobierno municipal y llegaron en las últimas semanas hasta la esfera de la Provincia de Buenos Aires. Además de la respuesta inmediata desde la cartera de Seguridad a cargo de Sergio Berni, la comunidad vecinal se reunió este martes con el titular del ministerio de Desarrollo Comunitario bonaerense, Andrés Larroque, bajo la premisa de que la respuesta al problema no puede reducirse a la presencia policial, sino que debe articularse con políticas de carácter integral entre lo social, lo humanitario y lo cultural.
«Queremos una gestión de cercanía, poder estar cerca de los vecinos y las vecinas, no solo para brindar servicios sino también para poder escuchar, para poder decidir de primera mano cuáles son las problemáticas», fueron las palabras de Larroque en el marco de la reunión que tuvo lugar este martes tanto con funcionarios municipales –entre ellos, el propio intendente de Florencio Varela, Andrés Watson–, como con referentes de la comunidad vecinal y de las instituciones barriales que, desde el primer momento, pusieron manos a la obra para exigir respuestas a corto, mediano y largo plazo en San Rudecindo.
Fueron esos mismos vecinos y espacios asamblearios que tuvieron el primer contacto con Provincia, con la intervención del Ministerio de Seguridad bonaerense, que puso a disposición la presencia de mil efectivos del grupo táctico UTOI para trabajar en la seguridad del territorio, apenas días después del tiroteo. Luego, lograron el contacto con la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial.
«Desde el centro cultural El Laberinto venimos siguiendo la actividad de UTOI en el barrio que, al principio, generó tensión por la constante requisa a los vecinos, pero luego se fue integrando a la comunidad generando un clima de seguridad ciudadana de la cual los vecinos están conformes y agradecidos», explicó a Contexto Damián Mereles, vecino de San Rudecindo, integrante de El Laberinto y uno de los varios referentes que trabajaron para articular el diálogo con diferentes entidades del Estado.
«Sin embargo, desde las distintas instituciones del barrio comenzamos a generar espacios de discusión donde planteamos la necesidad de una articulación integral desde el Estado donde se puedan resolver otras problemáticas que escapan a las tareas de la policía. Por eso nos parece importante empezar a trabajar con los espacios de Desarrollo Social, comunitario, cultura, deportes y diferentes áreas del Gobierno municipal y provincial».
La lectura de la comunidad de San Rudecindo sobre un brutal episodio delictivo puso de manifiesto la necesidad de abordajes integrales para dar respuesta a la inseguridad, no solo bajo la intervención inmediata de las fuerzas policiales, sino con el acompañamiento progresivo de políticas de desarrollo social, trabajo, infraestructura, educación, políticas sanitarias, entre otros puntos.
En tanto, de la reunión de ayer participaron autoridades de diferentes espacios de Provincia, tales como los subsecretarios del Programa Organizar Comunidad, Santiago Fidanza; de Políticas Sociales, Juliana Petreigne; y de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini, de la cartera de Desarrollo provincial.
Además del despliegue del grupo táctico de seguridad policial, en el barrio se instalaron postas de atención de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, así como del Ministerio de Salud bonaerense, IOMA y de la cartera de Mujeres, Género y Diversidad Sexual bonaerense.
No obstante, la concreción de un diálogo con las diferentes planas del Estado no fue posible sin un largo recorrido de organización propia del barrio. Entre la mirada inmediata de los medios de comunicación, el dolor por la tragedia y las urgencias históricas de uno de los barrios más excluidos de Florencio Varela, lograron unificar las demandas e insistir en el reclamo de respuestas.
Es que las problemáticas vinculadas a la violencia social no se agotan en fenómenos como el narcotráfico y la delincuencia. Según relató Mereles, quien también es periodista, fueron los propios vecinos quienes plantearon el «abordaje interdisciplinario en relación al problema de los consumos problemáticos en el barrio (dos de los vecinos que fueron asesinados eran consumidores de paco) y la implementación de políticas que resuelvan el problema del delito (ser soldadito, narcomenudeo, como salida laboral) ante la falta de oportunidades y la adicción».
«Estamos de acuerdo con la presencia policial en este momento, por el miedo de los vecinos y referentes a represalias por parte de las bandas ligadas al narcotráfico. También es importante que el rol del Estado no sea de carácter represivo para resolución de conflictos, sino que se brinden herramientas de trabajo, programas de asistencia, fomento de actividades culturales y deportivas para poder pensar una salida a una situación de constante violencia».
Mientras tanto, desde las instituciones barriales luchan para mantener fortalecidos los lazos dentro de la comunidad, no solo con el diálogo que puedan trazar con el Gobierno, sino también con las propias actividades que puedan fomentar por sus medios.
«En el caso de la cooperativa Siglo XXI, cuyo objeto social comprende la construcción, el saneamiento ambiental y el mantenimiento de espacios verdes de la cual formo parte, la componemos 20 vecinos desempleados que nos pusimos a disposición del Estado para comenzar a trabajar en alguna de las líneas de trabajo del Potenciar Trabajo (Empleo Verde)», agregó Mereles.
