En lo que fue la primera sesión presencial, tras el fallido de hace dos semanas, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la Ley de Etiquetado Frontal, que tiene por objetivo que los alimentos procesados contengan en sus etiquetas advertencias claras de los excesos de grasas, sodio y azúcar. Fueron 200 votos afirmativos, 22 negativos y 16 abstenciones.
Esta iniciativa llega respaldada por organizaciones de consumidores, así como por entidades médicas, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Unicef. Entidades que lanzaron un pronunciamiento en conjunto para pedir a las y los diputados que apoyasen la iniciativa para que Argentina «dé un paso sustantivo y ejemplar en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en la mejora de la alimentación y en la salud pública, previniendo enfermedades, discapacidad y muertes».
Durante la sesión, la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, como miembro informante de dicha comisión, aseguró que «con esta ley se busca la prevención de la salud y la garantía de los derechos de todos los argentinos». La diputada del Frente de Todos se refirió a «las enfermedades crónicas no transmisibles» y aseguró que con esta normativa «estamos diciendo que el Estado argentino no va a mirar para otro lado y va a dar la pelea».
En la misma línea, Liliana Schwindt manifestó que esta normativa significa «poner en lo más alto los derechos de los consumidores que vienen reclamando información clara, precisa y veraz». La legisladora bonaerense explicó el exitoso caso de Chile, que tiene una ley similar, y al mismo tiempo resaltó que viene a prevenir «enfermedades como obesidad, hipertensión, cardiovasculares, la diabetes, la falta de información al consumir estos productos altos en sodio, azúcares, hacen que estas enfermedades se propaguen y sean una pandemia silenciosa que fueron un riesgo para el covid-19. Estamos tomando una medida de salud pública muy beneficiosa».
Desde el radicialismo habló a favor la cordobesa Brenda Austin, quien consideró que se trata de una «iniciativa que busca dar paso a una transformación en los hábitos alimentarios para hacerlos más saludables. De más está decir que la etiqueta actual es absolutamente insuficiente. Apenas un tercio de las personas las leen y la mitad de los que las leen las entienden. No es posible ampararse en tener un alimento en base a ignorar, a esconder lo que estos productos tienen».
En contra, por Juntos por el Cambio, una de las primeras voces fue la de Carmen Polledo, quien, si bien resaltó aspectos positivos del proyecto, presentó un dictamen de minoría en comisiones «proponiendo una alternativa que cumpla con el propósito de modificar los hábitos alimenticios». En ese sentido, mostró su rechazó a los octógonos negros que propone el proyecto. «Estamos todos de acuerdo que hay que informar al consumidor y hay que hacerlo en el mismo envase del producto, el problema es cómo se informa», manifestó.
El presidente del interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, argumentó a favor del proyecto porque «la Constitución Nacional nos obliga a proteger la salud, más allá de la presión de las doce empresas productoras de alimentos y las seis supermercadistas que no quieren tener un octógono para informar y empoderar a los consumidores».
La diputada macrista Ingrid Jetter manifestó que se trata de una ley «inútil, imperfecta, mala, y que puede generar peores efectos», y se refirió a las empresas alimenticias. «Esta ley nace de vuelta en la lógica amigo/enemigo y le pone toda la responsabilidad de la obesidad a la industria alimenticia al igual que ahora le carga toda la responsabilidad de la inflación a la industria», dijo.
Uno de los que tomó la posta y salió a responder las críticas de la oposición fue el diputado bonaerense Leonardo Grosso. «Escucho a muchos diputados del PRO hablar del hambre y se fueron con este Congreso declarando la emergencia alimentaria. Con más de 20.000 comedores en la Argentina», remarcó. «Sería bueno que, si están preocupados por el hambre, hablen con [Horacio Rodríguez] Larreta, que promociona el desabastecimiento en contra del control de precios», señaló.
Grosso también aseguró que las industrias alimentarias «construyen hábitos, y esto es lo que nosotros estamos discutiendo en esta ley». En ese sentido, destacó que «la diferencia entre la información y la publicidad es lo que queremos regular».
A la hora de votar, fueron 200 votos afirmativos, 22 negativos y 16 abstenciones. La mayoría de estas últimas corresponden a Juntos por el Cambio.
