El fiscal de Rosario Miguel Moreno imputó este martes a los catorce integrantes del directorio de la agroexportadora Vicentin por estafa, defraudación y balance falso que le sirvió a la empresa para acceder a créditos con entidades financieras nacionales e internacionales por más de 500 millones de dólares.
Según el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, los integrantes del directorio conocían la situación financiera que atravesaba la empresa y se valieron de la falsificación de balances para mostrar la aparente solidez económica de la firma.
En la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el funcionario judicial adelantó que durante la próxima pedirá la prisión preventiva de algunos de los integrantes del directorio. Esa decisión deberá tomarla el juez Román Lanzón o aceptar la oferta que realizó Vicentin, según trascendió, de un seguro de caución de 5 millones de dólares para asegurar la sujeción al proceso penal.
Las imputaciones alcanzan a Daniel Néstor Buyatti (presidente de Vicentin), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Roberto Alejandro Gazze (director financiero), Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi, Raúl González Arcelus, Omar Adolfo Scarel (síndico) y Miguel Vallazza.
En el caso del presidente de la compañía, recibió otra imputación por el delito de apropiación de tributos. El grupo además fue acusado por el delito de estafa contra el Banco Macro, una de las empresas nacionales damnificadas.
«A través de falsedades en los balances, fue ocultada una venida a pique de la empresa desde el año 2017», dijo el fiscal en la audiencia sobre la maniobra que pretendía ocultar a los futuros acreedores de la empresa las deudas que mantenía con los productores de granos.
«Vicentin tomaba el grano y lo registraba en sus balances como activo corriente sin registrar la contrapartida, que es lo que tenía que pagarle al productor. También emitieron certificados de cumplimiento falsos con adulteración de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Llegó a exhibir otra realidad financiera», explicó.
Por otro lado, detalló que «si bien la pena contemplada por estafa es de seis años, por la acumulación de delitos imputados estamos en condiciones de pedir la pena máxima, que son hasta cincuenta años».
Esta causa fue iniciada por los bancos internacionales acreedores de la empresa que hoy negocia tanto con los bancos como con los productores una refinanciación de las deudas para evitar la quiebra.
