El proyecto de Código de Convivencia Ciudadana impulsado por el Ejecutivo municipal ingresó en la orden del día de la sesión prevista para el 3 de noviembre. Previo a las elecciones, el oficialismo local buscará darle un triunfo al intendente Julio Garro en el recinto con la aprobación de esta iniciativa. Mientras, organismos de derechos humanos advierten sobre los aspectos «inconstitucionales» que contiene el proyecto, y trabajadoras y trabajadores afectados anuncian una fuerte resistencia en las calles.
Tras su paso por las comisiones de Seguridad y Derechos Humanos, y de Legislación, el proyecto será tratado finalmente el 3 de noviembre, donde el oficialismo podrá aprobarlo sin sobresaltos: en el recinto, Juntos por el Cambio ocupa trece bancas, más las de su socio Gastón Crespo, mientras que el Frente de Todos solo ocupa diez. En este marco, a pesar del rechazo del bloque opositor, al garrismo le cierran los números para lograr la aprobación.
El proyecto, en tanto, sigue generando controversias. Ahora, desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) alertaron sobre los graves problemas legales. Con un informe técnico presentado a la presidenta del Concejo Deliberante, Ileana Cid, destacaron que contiene «previsiones inconstitucionales y contrarias a la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional. Insistir con la sanción del mismo podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino».
En ese sentido, el organismo de derechos humanos no solo destaca la criminalización a los sectores populares con las penalidades a trabajadoras y trabajadores de la vía pública, sino también que estas mismas «no garantizan el control judicial». En este marco, advierte que «de aprobarse en los términos actuales este código normativo posibilitará que, frente a determinadas situaciones, un funcionario administrativo como el juez de faltas e, incluso, un agente municipal tengan más facultades que un fiscal de la provincia».
«El problema fundamental del Código de Convivencia es que le otorga al Ejecutivo amplios márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad para determinar las regulaciones y penalidades a determinadas actividades. Una reforma que, en definitiva, pretende legalizar la persecución a determinados sectores que ya viene ocurriendo desde hace algunos años en la ciudad», resumieron desde el área de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM.
Tal como viene advirtiendo Contexto, manterxs, vendedorxs ambulantxs, limpiavidrxs, artistas callejerxs, trabajadorxs sexualxs, cartonerxs, son lxs más afectados por este proyecto, con la prohibición de su actividad y severas multas. Algunos de estos sectores vienen pidiendo alternativas, como es el caso de quienes venden ropa usada en la vía pública, que presentaron un proyecto para la organización de una feria al Municipio, pero no hubo respuesta.
El organismo provincial puso foco en la facultad del Municipio de «decomisar y secuestrar mercadería» con la posibilidad de que un juez de faltas disponga allanamientos. «Estas previsiones son inconstitucionales en tanto no existe control judicial previo ni posterior, ya que la única instancia de control y revisión es la justicia de faltas que, tal como lo define la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no representa un órgano judicial en los términos establecidos por la Constitución Nacional», destacaron.
Respecto de los límites a la protesta social, la CPM destaca que la normativa le da «al Ejecutivo municipal amplios márgenes de discrecionalidad para determinar las regulaciones y penalidades sobre las manifestaciones».
Para el 3 de noviembre, trabajadoras y trabajadores afectados, acompañados por organizaciones sociales, se movilizarán desde Plaza San Martín al Palacio Municipal para decirle no «al código criminalizador, discriminador, xenófobo y clasista».
«Denunciamos que lejos de ser una normativa que fomente la convivencia, a lo que apunta es a crear una ciudad para pocxs, obturando la protesta social, el trabajo sexual y ambulante, y todas las expresiones de la economía popular», manifestaron a través de un comunicado.
Estos espacios advierten que Garro «busca privatizar el espacio público y el acceso a la cultura, persiguiendo y criminalizando a los sectores más precarizadxs y empobrecidxs de nuestra ciudad».
«En un contexto de escalada de la pobreza, el hambre y la desocupación es inadmisible que el ejecutivo municipal quiera avanzar con este proyecto, el cual consideramos que es inconstitucional y que cercena los derechos de las mayoría», destacaron.
