Luego del espaldarazo que recibió el Gobierno argentino por parte de las economías más importantes del mundo en el documento final del G20, que pidió al FMI revisar su política de sobretasas y la aplicación de un Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad para países de ingresos medios y bajos, el presidente Alberto Fernández se reunió con el empresario australiano Andrew Forrest, con quien acordó la mayor inversión internacional en Argentina de los últimos veinte años.
La empresa Fortescue anunció una inversión de 8.400 millones de dólares para producir hidrógeno verde en la localidad rionegrina de Sierra Grande, y en el Gobierno calculan que la instalación de la firma podría producir unos 50.000 empleos, entre directos e indirectos.
En una primera etapa, el denominado combustible del futuro, que a diferencia de las energías renovables que se producen actualmente puede ser envasado y transportado, será íntegramente exportable, una importante noticia para el país en su búsqueda por potenciar el ingreso de divisas para paliar las consecuencias del Gobierno de Mauricio Macri y el endeudamiento récord, a lo que se sumó la pandemia.
Sobre el hidrógeno verde, el sociólogo y director del Centro de Estudios para el Desarrollo del Ministerio de Desarrollo Productivo, Daniel Schteingart, explicó que «si bien es un elemento muy abundante, en la naturaleza no lo encontramos en su forma pura. Si queremos obtenerlo en forma pura necesitamos aplicar un proceso, la electrólisis, que supone usar agua para separar hidrógeno de oxígeno». «Según el tipo de energía que se use para fabricar el hidrógeno, se dice que tiene un ‘color’. El hidrógeno ‘verde’ es aquel que utiliza la energía renovable (por ejemplo, eólica o solar) para producirse», añadió.
En la actualidad, uno de los inconvenientes que tiene la producción de hidrógeno en el mundo es la gran demanda de combustibles fósiles para su producción. En el caso de la inversión en el país, la empresa australiana busca aprovechar los niveles de los vientos y de la radiación solar en la Patagonia para poder desarrollar la producción de manera sostenible.
El Gobierno argentino venía de recibir un fuerte respaldo del G20 el domingo en su propuesta de renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. En uno de los ejes más importantes de esa negociación, el grupo de las veinte economías más poderosas del mundo concluyó en su documento final que «nuestros ministros de Finanzas esperan con interés que se siga debatiendo la política de sobrecargos en el Directorio del FMI en el contexto de la revisión intermedia de los saldos precautorios».
Las sobretasas son establecidas por el Fondo para los países que tengan que cancelar préstamos que superen la cuota que les corresponde como países miembros. En el caso de Argentina, implicaría unos 1.000 millones de dólares más por año.
Al mismo tiempo, manifestaron la necesidad de crear un Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad que proporcione un financiamiento asequible y en plazos largos a países de ingresos medios y bajos, algo que la Argentina reclama para poder afrontar los abultados vencimientos previstos en el acuerdo stand by que firmó Mauricio Macri en 2018, por 57.000 millones de dólares.
