Finalmente este miércoles el nuevo Código de Convivencia Ciudadana llegará al recinto del Concejo Deliberante para ser tratado. Con mayoría de bancas, la iniciativa del Ejecutivo local podrá ser aprobada sin mayores problemas por Juntos por el Cambio, aunque afuera se espera una importante resistencia de la mano de organizaciones y trabajadorxs de diversos sectores.
Uno de los sectores que se movilizan desde las 10 hs de Plaza San Martín al Palacio Municipal es el de lxs trabajadorxs de la economía popular que desarrollan su labor en la vía pública (manterxs, trapitxs, vendedorxs ambulantes, trabajadorxs sexuales, recicladorxs urbanxs, artistas callejerxs, entre otros), que se ven directamente afectadxs en su trabajo, con limitaciones, prohibiciones y elevadas multas que aplicará la Comuna.
Estos sectores, a través de un comunicado, denunciaron que «lejos de ser una normativa que fomente la convivencia, a lo que apunta es a crear una ciudad para pocxs».
En ese sentido, consideraron que esta iniciativa tiene un contenido «sumamente reaccionario, clasista, xenófobo, que busca privatizar el espacio público y el acceso a la cultura, persiguiendo y criminalizando a los sectores más precarizadxs y empobrecidxs de nuestra ciudad».
«En un contexto de escalada de la pobreza, el hambre y la desocupación es inadmisible que el ejecutivo municipal quiera avanzar con este proyecto, el cual consideramos que es inconstitucional y que cercena los derechos de las mayorías», agregaron.
A estos sectores se les suman espacios sindicales, sociales, estudiantiles y políticos. Una de las organizaciones que participará de la movilización es la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, desde donde consideraron que de aprobarse el código «se estaría produciendo un virtual ‘apartheid’ en la capital bonaerense».
Emiliano Hueravilo, secretario de Derechos Humanos de la CTAA bBonaerense expuso que «así como la pandemia profundizó la crisis en los territorios, Garro profundizó su ausencia para resolver problemas urgentes en las barriadas populares. En el caso de los compañeros de la economía popular que salen a vender empanadas, chipás, ropa usada o cualquier cosa que les permita llevar un plato de comida a su casa, la solución es generar trabajo y no reprimirlos y cobrarles multas impagables».
El dirigente planteó que la política alimentaria y sanitaria por parte del municipio durante la pandemia fue «raquítica», y que la intención de su Código de Convivencia «demuestra una gran insensibilidad contra las familias de desocupados, artistas, colectivos de la diversidad que necesitan no solo comer, sino también vestirse, comprar remedios, vivir dignamente». En ese sentido, calificó como «un apartheid», y justificó su afirmación comentando que «se prohíbe el trabajo en la calle de les vendedores ambulantes, cartoneros, recicladores, limpiavidrios, trabajadoras de la prostitución, artistas callejeros».
