El Frente de Todos de La Plata presentó una denuncia en el Juzgado Federal N° 1 de la ciudad, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, para pedir que se investigue si inspectores de la Municipalidad cometieron delitos electorales y los ilícitos penales relativos al abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los hechos denunciados ocurrieron en la madrugada del 22 de octubre. Según consta en la denuncia y en videos que tomaron testigos, la secretaria de Control Ciudadano Fernanda Bravo, junto con integrantes de la Guardia Urbana de Prevención Municipal (GUP) que se trasladaban en autos oficiales, interceptaron a militantes del Frente de Todos y le decomisaron diez carteles de campaña que estaban por colgar en la rambla ubicada en el cruce de las avenida 32 y 7.
«Estas personas procedieron a decomisar exclusivamente los pasacalles del Frente de Todos, pese a que en el lugar había abundante cartelería del partido político Juntos y de su candidato a Diputado Nacional, Diego Santilli», indica la denuncia. «La cartelería del partido político que gobierna la ciudad de La Plata quedó intacta y la del Frente de Todos fue decomisada sin que medien razones que justifiquen ese proceder. Este tipo de situaciones, vale aclarar, se han reiterado a lo largo de la campaña electoral», agrega.
La denuncia presentada por los apoderados del Frente de Todos local, Santiago Eguren y Facundo Albini, advierte que «resulta una obligación de todos los actores democráticos, pero particularmente de quienes detentan cargos públicos, garantizar el cumplimiento de lo normado por el artículo 64 bis del Código Nacional Electoral», que establece que las actividades de la campaña electoral «se deberán desarrollar en un clima de tolerancia democrática».
El texto añade que la situación «se agrava» cuando «los ataques provienen de quienes son los encargados de velar por el normal desarrollo de este proceso electoral» y, a su vez, cuando «para estas agresiones se utilización de medios y recursos oficiales».
En este sentido, solicitan a la Justicia que se establezca si la conducta de los inspectores municipales «representa una infracción electoral y si, además, satisface los requisitos del delito previsto y reprimido en el 248 del Código Penal», que establece penas de prisión de un mes a dos años por «abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos».
Aomo material adjunto, los denunciantes presentaron como prueba el video donde se puede ver a los funcionarios de Julio Garro decomisando los carteles de su principal oposición.
Por último, el Frente de Todos exhortó a las autoridades municipales a «cesar el hostigamiento desplegado contra las fuerzas políticas opositoras y a garantizar el normal desarrollo de la campaña electoral».
