Por Stella Bassi y María Cristina de los Reyes*
En el juicio contra crímenes de lesa humanidad cometidos por la Concentración Nacional Universitaria (CNU) que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Mar del Plata, están imputados diez civiles y un militar, quienes están siendo juzgados por asociación ilícita, y en el caso de quienes actualmente están en prisión, Mario Ernesto Durquet, Juan Pedro “Piero” Asaro, Raúl Viglizzo, Raúl Rogelio Moleón, el militar retirado Fernando Alberto Otero y el ex fiscal Gustavo Demarchi, se les imputan los delitos de homicidio agravado y privación ilegítima de la libertad agravada cometidos entre los años 1974, 1975 y meses anteriores y posteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Los restantes imputados, Marcelo Arenaza, Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel, José Luis Granel y Roberto Alejandro Justel permanecen en libertad asistiendo al juicio, mientras que algunos están prófugos. En el caso de estos últimos, no ha podido efectivizarse un pedido de extradición.
De todos ellos, Mario Ernesto Durquet está defendido por el abogado José Galán, un defensor de oficio. El acusado se “indigna” en la audiencia del día 25 de agosto del corriente año y, sin solicitar autorización, se levanta, se dirige al tribunal (compuesto por los jueces Luis Imas, Víctor Bianco, Elio Osores Soler y Alfredo Ruiz Paz) manifestando que “están violando sus derechos humanos” y solicitando que se obligue a los integrantes del público asistente a quitarse los pañuelos que llevan en la espalda con la inscripción de los nombres de las víctimas asesinadas. Como es sabido, sin fundamentación alguna, el tribunal accedió a su reclamo e instó a los presentes a quitárselos. Dijimos en ese momento (y repetimos) que, más allá de dónde queden ubicados los “significativos” pañuelos, la verdad estallará y será justicia.
Analizando la información oficial existente en relación con los delitos que le son imputados a Mario Ernesto Durquet –que se corresponden con su activa participación en dicha asociación ilícita–, encontramos la que fuera analizada en los Juicios por la Verdad realizados en esta ciudad entre los años 2001 y 2008, consistente en la Resolución emanada por el Tribunal Subrogante integrado por los jueces Mario Portela, Néstor Parra y Roberto Falcone, remitida el 8 de abril de 2009 al Juez Federal Norberto Oyarbide a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 5 de Capital Federal.
Dicha resolución se inicia con una declaración testimonial del 16 de julio de 1977 del cuidador del Hotel Centenario, sito en Paseo Jesús de Galindez y Falucho, donde hasta dos años antes habían funcionado la imprenta y otras dependencias de la Universidad Provincial, en la que declara haber encontrado en el lugar armas de guerra, municiones, uniformes militares, trozos de tela negra como “capuchas”, pelucas, etcétera (Expediente N° 817).
Se agrega a este informe: “Cabe señalar la existencia de aportes probatorios que determinan que en la fecha en que operaba la Imprenta (citada) en el Hotel Centenario especialmente durante todo 1975 y meses previos al 24/03/76 habría operado un grupo perteneciente a la CNU integrado por agentes vinculados con la Universidad Provincial en coordinación con la agrupación a nivel nacional conocida como Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), hechos que oportunamente fueron puestos en conocimiento del Juez Oyarbide». También da cuenta el citado informe de la renuncia “bajo amenazas” del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Rodolfo Martín Vaello el 15 de octubre de 1975. Dice Vaello: “Un grupo con armas largas, barbas y pelucas postizas, grandes anteojos negros irrumpe en mi despacho […] obligándome a renunciar”. Efectuó la denuncia del hecho en el Juzgado Federal N° 1 de Mar de Plata.
Delincuente común
Ramón María González, quien prestó servicios en la Universidad desde el 4 de marzo de 1975 hasta el 19 de enero de 1977, titular de “frondoso prontuario delictivo” (que no obstaculizó su designación) vivía coincidentemente en el Hotel Centenario y acompañaba en sus andanzas a Durquet a bordo de un Fiat 128 con armas que este proveía. Por la causa N° 763 en la que se le asignaron delitos cometidos el 12 de enero de 1977, González fue condenado a tres años de prisión (sentencia 133/134). La carátula de dicha causa incluye a Durquet, y figura como “prófugo” sin que en ningún momento fuera decretada su captura. Sin embargo, González reconoce que Durquet fue quien les entregó las armas y da el dato del vehículo utilizado.
Mario Durquet también tenía en ese momento un pedido de captura por el homicidio de Pablo Rojas, diputado nacional por la provincia de Mendoza. Nunca fue efectivizada.
La indignación del acusado
El profesor de Filosofía y Letras de la Escuela de Cadetes con domicilio en 229 y 54 de Echeverry, imputado hoy por delitos de lesa humanidad, se “indigna”, y quizás bajo el imperativo de que “no hay mejor defensa que un buen ataque” sale al ruedo muy enojado diciendo que “se están violando sus derechos”, y arremete contra un público que esperó a la Justicia por cuarenta años sin ningún agravio ni venganza.
Su pasado lo condena. Tiene el derecho de que sus perversas acciones estén siendo analizadas en un proceso judicial, lo que no es poco. Se presenta como víctima y no como lo que es realmente: un victimario. Intenta mantener la construcción de una verdad impuesta a sangre y fuego por el aparato represivo que se desató en los años setenta y pretende imponer a todos una conducta silenciosa y contemplativa de sus infamias.
Los que fueron eliminados por su mano o por su orden, los encarcelados legal o ilegalmente, los que debieron partir a un exilio forzoso, los testigos que vienen a brindar sus valientes relatos en procura de dar por terminada una impunidad mantenida a través de años, y nosotros que los acompañamos, decimos: los juzga un tribunal, los condenamos todos.
* Desde Mar del Plata
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