«Aquellos que perdieron la identidad no tengan miedo en conocer la verdadera historia», afirmó Ana María Caracoche el martes al declarar desde Brasil en el juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en las Brigadas de Investigaciones de Banfield, Quilmes y El Infierno de Lanús que lleva adelante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata. A sus 75 años, Ana María recordó con esfuerzo pero con claridad aquellos días de tristeza y los años de búsqueda de sus dos hijos mayores.
«La historia de mi vida con la dictadura militar comienza cuando fui detenida, secuestrada, desaparecida, torturada y ex detenida desaparecida», comenzó diciendo Ana María, que por aquellos años vivía con su marido, Juan Oscar Gatica, en Mercedes, provincia de Buenos Aires, de donde eran oriundos. «Allá yo militaba en educación y en cultura de la Juventud Peronista, y mi esposo en la parte sindical de Montoneros», explicó al Tribunal.
La tragedia comenzó lejos de Mercedes. Su pequeña María Eugenia, de un año y cuatro meses, fue secuestrada en marzo de 1977 estando con una familia amiga en Los Hornos. Un mes después, exactamente el 19 de abril de 1977, Ana María era secuestrada en Berisso, donde se encontraba con su bebé de cuatro meses, Felipe. Durante el allanamiento y secuestro le quebraron el brazo. Del operativo recuerda que la patota se presentó como del Ejército argentino pero estaban encapuchados.
Fue trasladada al centro clandestino de detención conocido como La Cacha, en las afueras de La Plata. Los represores le entregaron al niño a una vecina, pero con el tiempo Ana María se iba a enterar de que esta no había podido quedarse con el pequeño.
Hacia el 21 de abril, a ella y a Cristina Marrocco, que permanece desaparecida, las llevaron en una ambulancia, tabicadas, a lo que luego sabría que era el Pozo de Banfield, donde pudo conversar con otras jóvenes que estaban embarazadas o que habían dado a luz.
«Entre las personas con las que yo conversé estaban Adriana Calvo de Laborde, estaba con Teresita; después supimos que había salido con la nena. Silvia Mabel Valenci, María Eloisa Castellini, Manuela Santucho, Cristina Navajas, Alicia D’Ambra, Silvia Muñoz y Mary Garín», precisó al Tribunal.
Según sus recuerdos, Eloísa Castellini «tuvo una nena en el piso de la celda, ayudada por otras compañeras», pero los represores se la quitaron.
En Banfield fue Adriana Calvo quién le dio alguna información que le hizo pensar que se trataba de sus hijos cuando le contó que estando secuestrada en la Comisaría 5ª de La Plata escuchó «que entraban dos chicos». Ana María intuyó que podía tratarse de María Eugenia y de Sabino Falabella Abdalá, el hijo de unos compañeros de militancia que con los años también fue restituido a su familia biológica.
Les daban de comer «un guiso»; «a la mañana y a la tarde nos daban un pan con mate cocido o agua, no me acuerdo», dijo respondiendo a otra de las preguntas de la abogada querellante Colleen Torres.
Al cabo de unos días la volvieron a trasladar a La Cacha junto con Cristina Marrocco. El 19 de mayo la liberaron cerca de Los Hornos. Al día siguiente logró ubicar a unos tíos. «Emocionalmente estaba destrozada, porque tenía a mis dos hijos desaparecidos», sostuvo.
«Del 77 al 80 nosotros vivimos en la clandestinidad. No podíamos denunciar nada. Iban mi suegra y mi cuñada, pasaron por todos los hospitales, por todas las casas cuna buscando a los chicos», contó antes de afirmar sin dudas que «los chicos eran el botín de guerra de la dictadura. Eso quedó muy claro desde el comienzo».
Desde Brasil y con el apoyo del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y una ONG brasileña, logró entablar contacto con Abuelas de Plaza de Mayo: «En una visita que hicimos a San Pablo […] conocimos a Chicha Mariani y a Estela Carlotto. Volvimos a hacer las denuncias».
El 21 de septiembre de 1984 logró recuperar a Felipe, que para entonces tenía ocho años. «Felipe perdió la identidad. No sabemos lo que significa eso, porque siempre vivimos en nuestra familia. Quien perdió la identidad, cuando vuelven a su familia, es un movimiento que no se puede explicar. Es un reconocimiento tan profundo que causa sorpresa», contó antes de ilustrar aquel reencuentro quizá con palabras que se confunden un poco con el portugués pero comprensibles a la emoción.
«Felipe venía y me abrazaba, me apretaba y pasaba la cabeza por mi pecho. Siempre lo cuento porque eso era encontrar la identidad», sostuvo Ana María, que ya tenía también a María Paz y Juan Manuel. Felipe Gatica Caracoche fue uno de los primeros nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo.
Pero todavía faltaba la primogénita.
Tiempo después apareció una denuncia sobre una nena que tenía la edad de María Eugenia. «Imaginen qué difícil es pensar a una nena de un año y cuatro meses en una nena de ocho años. Los rasgos familiares son vistos por […] la marca genética».
Felipe había sido inscripto como hijo propio y también María Eugenia «adoptada falsamente por un integrante de la Policía». Fue la Justicia la que determinó que la nena tenía que volver con su familia legítima, hechas las pruebas de ADN correspondientes. «Nos llamaron el 12 de septiembre de 1985. En la casa del juez se hizo la restitución de María Eugenia», que ya tenía nueve años.
Más de 45 años después de aquel horror, Ana María tiene a sus cuatro hijos y siete nietos y está afincada en Brasil. Oscar falleció a principios de este año.
Para concluir su testimonio, Ana María Caracoche aseguró que todo lo que contó «es una historia rescatada de la memoria, y eso es muy difícil de hacer» tantos años después. Agradeció las preguntas que guiaron su declaración y sostuvo que «la memoria permitió que la Justicia condenase a 1.070 genocidas».
Con visible emoción, dijo para cerrar: «La verdad no es venganza, es justicia, por los 30.000 desaparecidos que están presentes, por Oscar Gatica que está presente».
Sus padres la buscaron durante treinta años
Alicia Raquel D’Ambra fue secuestrada en julio de 1976 en la zona de la calle Warnes, en la ciudad de Buenos Aires, según los datos que sus padres, ya fallecidos, y sus hermanos pudieron recopilar, explicó uno de sus hermanos, Eduardo Luis D’Ambra, al declarar ante el TOF Nº 1.
«Hay que ser auspicioso que se estén realizando [los juicios], pero no dejo de remarcar los tantos años de tardanza […] de los hechos que hacen que en primer lugar mis padres, que fueron quienes hicieron las averiguaciones, los reclamos en los distintos ámbitos […] y que formaron parte de los grupos de derechos humanos, ya no estén», afirmó.
Su padre, Santiago Eduardo D’Ambra fue testigo en el Juicio a las Juntas en 1985. Su madre, Emilia Ofelia Villares, era muy conocida en Córdoba por su activismo en la Asociación de Familiares de Detenidos-desaparecidos como «Emi D’Ambra».
La familia es originaria de Alta Gracia, provincia de Córdoba. Alicia también nació y creció allí. Una vez terminada la escuela secundaria, se fue a Córdoba capital a estudiar en la Escuela de Lenguas. Allí vivía con su pareja y con su hermano Carlos D’Ambra, que permanece desaparecido.
Los dos hermanos pertenecían al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT, brazo político del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP).
Una primera vez fue detenida en Córdoba y trasladada a la Jefatura de Policía, de donde fue llevada a la cárcel del Buen Pastor, tutelada por monjas. Al cabo de un año y medio logró escaparse y vivir en la clandestinidad.
Para entonces se había ido a Buenos Aires. «Unos tíos de Merlo nos avisaron de que había sido secuestrada por fuerzas militares en julio del 76», explicó.
Sus padres iniciaron una intensa búsqueda de su hija, presentando habeas corpus y reclamando en organismos nacionales y en foros internacionales por Alicia.
Por Adriana Calvo de Laborde supieron que Alicia había estado secuestrada en el Pozo de Banfield.
Su hermano Carlos fue secuestrado también en 1976 pero en Córdoba. Estuvo secuestrado en dos campos de concentración de esa provincia: La Ribera y La Perla, «donde fue asesinado a fines del 76», sostuvo el testigo. Tras él, declararon sus hermanos Ricardo Miguel D’Ambra y Gerardo Luis D’Ambra.
El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la Policía bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús es resultado de tres causas unificadas en la 737/2013, con solo diecisiete imputados y apenas dos en la cárcel, Miguel Osvaldo Etchecolatz y Jorge Di Pasquale. El resto está cómodamente en sus casas ignorando las audiencias. En octubre pasado falleció el policía retirado Miguel Ángel Ferreyro, imputado en esta causa, denunciado por Nilda Eloy como el represor que la violó «reiteradamente» en la Brigada de Lanús. Ferreyro murió impune.
El presente juicio oral y público comenzó el 27 de octubre de 2020 de forma virtual debido a la pandemia. Por esos tres CCD pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio. El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, que lleva adelante este juicio, está integrado por Ricardo Ángel Basílico, Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.
En esta etapa de juicios, que se hacen mediante plataformas virtuales en razón de la pandemia, invitamos a todes a acompañar los testimonios a través del canal de La Retaguardia TV o el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria. Hay más información en el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP. Tras el receso judicial de verano, las audiencias se reanudarán en febrero de 2022.
