En el marco de investigaciones sobre las presuntas actividades de espionaje ilegal llevadas adelante por el macrismo, familiares de submarinistas del ARA San Juan apelaron la decisión de trasladar la causa a Comodoro Py. Como parte de los sectores que fueron víctimas de las actividades de inteligencia, los allegados de los tripulantes piden que la causa no sea llevada al tribunal señalado por su connivencia con el poder político macrista.
Mediante un escrito, la representación legal de los familiares de submarinistas solicitó que la causa continúe su proceso «en forma independiente y única en el fuero federal de Caleta Olivia».
Fue el juez federal de Dolores, Martín Bava, quien decidió remitir al tribunal porteño la causa que investiga actividades de espionaje sobre los familiares de los tripulantes durante la etapa de gestión gubernamental de Mauricio Macri. La abogada Valeria Carreras, representante del conjunto de familiares y allegados, solicitó que se «ordene la remisión por los motivos expuestos a la justicia federal de Caleta Olivia o al juzgado federal más alejado de los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, con asiento en Comodoro Py 2002».
El juez Bava remitió los expedientes a los tribunales de Comodoro Py por tratarse de causas conexas al caso D’Alessio, que ya había pasado a jurisdicción porteña a partir de un fallo emitido a fines del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal.
«Es una batalla más ganada por Macri y su defensa, lograron vencer al juez Bava, que aguantó y sobrevivió a la guerra de Malvinas, pero no pudo aguantar las dos denuncias ante el Consejo de la Magistratura, los carpetazos mediáticos, todo tipo de insultos periodísticos y las tres recusaciones que se le hicieron», dijo la abogada en declaraciones al portal Tiempo Judicial.
«Para las querellantes caer en las garras de Comodoro Py es saber de antemano que perderán toda chance de verdad», es uno de los puntos más contundentes del escrito presentado por Carreras. «Las querellantes fueron víctimas del Estado cuando se las sometió a inteligencia ilegal, fotografiadas, seguidas, infiltradas, escuchadas, parte de lo cual surge de esta causa», expresó. Cabe recordar que el propio expresidente Macri está procesado por esta causa.
La investigación en curso se inició cuando, en septiembre de 2020, la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó ante la Fiscalía Federal Nº 2 de Mar del Plata una extensa denuncia basada en material registrado en discos de la propia AFI, cuando se buscaba documentación para otra causa de espionaje conocida como «Proyecto AMBA». El material dio cuenta de una serie de actividades de inteligencia y seguimiento realizadas en junio de 2018 contra familiares de los tripulantes del ARA San Juan.
