A un año del feminicidio de Úrsula en la localidad bonaerense de Rojas, su familia volvió a reclamar justicia e insistió con el pedido de destitución de los dos jueces que desestimaron las denuncias que la joven de dieciocho años había realizado contra Matías Martínez, su expareja.
«A mi hija la mató un sistema que comprende al juez Marcelo Romero, que si no hubiese pensado en sus vacaciones y hubiese tomado una medida inmediata de detención, hoy Úrsula estaría viva», aseguró a Télam Patricia Nasutti, madre de Úrsula, quien también apuntó al juez de Paz de Rojas, Luciano Callegari: «Si hubiese escuchado las denuncias que le hice al exnovio de mi hija, que rompía las perimetrales, hoy sería otro tema».
En diálogo con la agencia oficial, la madre de Úrsula destacó que, si bien Martínez ya fue condenado, ahora espera que se actúe sobre los jueces que no dieron lugar a las denuncias previas sobre el feminicida.»El mail con la orden de dar un botón antipánico del juez de Paz llegó un día después del crimen de mi hija», recordó Patricia, quien en su reclamo también incluye que se investigue por asociación ilícita a la Policía de Rojas y el Municipio, a quienes calificó de «cómplices».
La subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género de la provincia, Flavia Delmas, también puso el foco en la Justicia. «Tenemos que seguir bregando por la democratización del Poder Judicial. Necesitamos un Poder Judicial con perspectiva de género, que atienda las necesidades de quienes son víctimas y lleve adelante evaluaciones de riesgo para fundar sus actuaciones y garantizar el efectivo acceso a la justicia», aseguró.
En Rojas, el martes desde las 19 hs se llevó adelante una movilización en Plaza San Martín, donde el reclamo de la destitución de los jueces se hizo escuchar fuerte. Entre otros puntos, se exigió medidas de «protección oportunas, efectivas e idóneas acorde con la situación de riesgo que afrontan la víctima y sus familiares», y «para la notificación de oficio a la persona denunciada», con un «adecuado seguimiento judicial de su implementación y ejecución».
También, «implementar el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia de género de forma inmediata y urgente en toda la provincia con los recursos y equipos necesarios para asegurar el acceso a justicia», así como «implementar fiscalías especializadas en violencia de género en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires» y «oficinas de violencia de género dentro del ámbito de las Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires».
