El Senado de la provincia de Buenos Aires transformó en ley la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas de la provincia de Buenos Aires, proyecto impulsado por el Ejecutivo de Axel Kicillof.
Esta ley otorga facilidades financieras y tarifarias, suspende la ejecución de sentencias de desalojo y prohíbe los cortes de servicios públicos de distribución de energía eléctrica, agua potable y desagües cloacales por el plazo de dos años.
También señala que los prestatarios tienen que otorgar un plan de facilidades de pago para cancelar las deudas que tengan esas empresas.
«La crítica situación actual pone en serio riesgo a estas empresas como fuentes productivas y de acceso a derechos para sus integrantes y para la comunidad en general. Esta realidad impacta en casos de empresas recuperadas consolidadas en el tiempo, pero también en casos que se han sumado como esfuerzo de trabajadores por sostener los puestos de trabajo en este grave escenario», argumentan los considerandos de la flamante ley.
Esta ley regirá en principio por dos años, con posibilidad de prórroga. La normativa declara de interés provincial estas empresas.
Con gran respaldo, la iniciativa había obtenido media sanción el pasado 16 marzo en Diputados.
«Esta ley es importante porque no solo frena los desalojos en las fábricas recuperadas y suspende cortes por falta de pago de los servicios públicos. También pone en valor a las fábricas recuperadas en la provincia de Buenos Aires en un contexto difícil», había destacado la diputada del Frente de Todos y referente del Frente Patria Grande Lucía Klug, que ofició de miembro informante del oficialismo en la Cámara Baja.
