Una decisión de la Justicia abrió la posibilidad de otorgar el beneficio de prisión domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Así lo determinaron resoluciones de la Sala II de la Cámara Federal de Casación, por parte de los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, que otorgan el beneficio tanto a Etchecolatz como a otros dos represores condenados.
La resolución que beneficia a Etchecolatz en particular es en torno a la causa en la que se encuentra procesado por el asesinato de Horacio Alejandro Benavides, un militante de veintidós años ejecutado en septiembre de 1976, a metros de la Plaza Moreno de La Plata, por un grupo de represores de la Dirección General de Investigaciones.
Si bien la prisión domiciliaria no se hará efectiva para el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, ya que pesan sobre él varias condenas más, el hecho volvió a alarmar a organizaciones de derechos humanos y referentes del ámbito judicial y político, que salieron este jueves a manifestar su preocupación.
Desde la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lanzaron un comunicado este jueves donde manifestaron su preocupación por «el aumento de las prisiones domiciliarias y libertades condicionales dispuestas por la Justicia Federal en casos de personas procesadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado».
«En los últimos años, según datos del Ministerio Público Fiscal, se profundizó el otorgamiento de estos beneficios y apenas un tercio de las más de 2200 personas investigadas o condenadas por crímenes de lesa humanidad se encuentra detenida. En su gran mayoría, la forma de detención es la prisión domiciliaria (565) y tan sólo 185 cumplen la pena o la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario», indicaron desde la Secretaría.
Cabe destacar que las resoluciones de prisión domiciliaria para Etchecolatz se apoyan en el deterioro del estado de salud del genocida de 93 años que permanece internado en un hospital en Merlo, cuyas necesidades no habrían sido asistidas por el Sistema Penitenciario.
En ese sentido, desde la cartera a cargo de Horacio Pietragalla Corti aclararon que el organismo realiza «gestiones de manera periódica para garantizar que el Servicio Penitenciario Federal brinde condiciones adecuadas de detención y los servicios médicos y oportunos que estos condenados puedan necesitar».
Los mensajes de repudio no se hicieron esperar, tanto de referentes políticos, del derecho, agrupaciones sindicales y estudiantiles. «El SUTEBA repudia la decisión tomada por los jueces de la Sala de Casación II, Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, quienes le otorgaron el beneficio de prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz», señalaron desde el sindicato de docentes bonaerenses.
En esa misma línea se pronunció la Agrupación Rodolfo Walsh, que conduce el centro estudiantil de la Facultad de Periodismo de la UNLP. «Repudiamos la prisión domiciliaria otorgada al genocida Miguel Etchecolatz. Nos preocupa la entrega de este nefasto beneficio que expone, nuevamente, el mal funcionamiento del Poder Judicial», expresaron.
Por su parte, el ex juez federal Carlos Rozanski también manifestó su repudio frente al hecho: «Tres jueces argentinos acaban de firmar una Resolución que manda a su casa a Miguel Etchecolatz. El domicilio de los genocidas debería ser siempre la cárcel. No es una cuestión de edad, es una cuestión moral», dijo.
No es la primera vez que los magistrados Yacobucci y Mahiques quedan ligados a este tipo de decisiones. Fueron ellos mismos quienes, en abril de 2020 –pleno período de cuarentena por pandemia– otorgaron el beneficio de prisión domiciliaria a Lucio Nast, quien fue miembro del Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario durante la dictadura, hoy condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad.
En esa ocasión, el propio Carlos Rosanzki mantuvo diálogo con Contexto y remarcó su rotundo posicionamiento en contra del beneficio de prisión domiciliaria al tratarse de condenados por crímenes de lesa humanidad.
«Desde hace muchos años, se sabe, estoy completamente en contra de la prisión domiciliaria en casos de crímenes de lesa humanidad, en cualquiera de sus casos. Los delitos de lesa humanidad son distintos, no prescriben. Es decir, la magnitud del daño es tal que el paso del tiempo no lo prescribe», sostuvo entonces el juez que supo jugar un rol clave en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia.
Cabe señalar que el juez Carlos Mahiques cuenta además con el antecedente de haber sido designado «a dedo» para pasar de Casación Nacional en lo Criminal y Correccional a Casación Federal Penal, sin concurso mediante. Esto fue posible gracias a un decreto del entonces presidente Mauricio Macri. A esto se suma el detalle de ser el padre de Juan Bautista Mahiques, ex representante de Macri en el Consejo de la Magistratura y actual fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta.
