Por Gabriela Calotti
Oscar Luis Viegas tenía 38 años, y su esposa en aquel momento, Beatriz Bermudez, de nacionalidad uruguaya, tenía 39 años, cuando fueron secuestrados el 21 de abril de 1978 en su casa de Lanús. Estaban con su hijo de un año, Sebastián, y con su suegra.
«¡Abran! ¡Policía!», recordó que gritaron aquella madrugada de jueves. Entraron por la puerta de adelante y por la puerta de atrás. «Todos de civil», aseguró el martes Viegas al declarar ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata en la audiencia número 71 del juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en las Brigadas de la Policía bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús.
Recordó también que «uno que decía estar a cargo se hacía llamar Saracho». A él y a Beatriz los sacaron encapuchados y los subieron a una camioneta tipo F100. Al cabo de 40 minutos, atravesaron una vía. «Entramos a un garaje con la capucha puesta» y las manos atadas. Tiempo después supo que su lugar de cautiverio era la Brigada de Quilmes, conocida como el Pozo de Quilmes.
Fue sometido a un simulacro de fusilamiento, aseguró. A su mujer la interrogaron varias veces y hasta sospechan que le dieron algo en el agua porque «cuando volvió al calabozo no paraba de hablar».
Viegas trabajaba en una fábrica. Eso respondió ante las incesantes preguntas sobre qué hacía y qué conexión tenían, él y su esposa, con otros uruguayos.
Durante su secuestro, contó que Beatriz Bermúdez pudo hablar bastante con una amiga que estaba también en ese centro clandestino. Se trata de Aida Sanz, otra uruguaya que dio a luz a su beba en el Pozo de Banfield. «Aida estaba muy golpeada, muy picaneada, muy maltratada», afirmó Viegas. Aida Sanz está desaparecida.
El sobreviviente aseguró que conocía bien la forma de hablar uruguaya y su tonada porque había trabajado en ese país. Por ese motivo fue tajante al afirmar que «a veces sentía que preguntaba algún uruguayo». «Por algunas de las preguntas que hacían, era gente que conocía bien la zona de Montevideo», agregó más tarde.
Aseveraciones en ese sentido formularon en anteriores audiencias otros sobrevivientes o familiares que declararon también en juicios por el denominado Plan Cóndor de Coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur.
Al cabo de cuatro días, les dijeron que para liberarlos tenían que darles plata. El domingo los llevaron hasta la casa. «Entramos a casa […] junté lo que había de plata», contó Viegas al tribunal. Su suegra había cobrado una indemnización en Uruguay y pensaba comprarse un departamento. «Saqué la mitad, que eran como 10.000 o 15.000 dólares. Les entregué el dinero y desaparecieron», afirmó. Sin embargo, en los meses siguientes, cuando él no estaba, iban a la casa y amenazaban a la mujer para que les diera otros objetos de valor.
La pesadilla llegó a su fin cuando se fueron a California, donde estuvieron un año y medio.
«Me salvó la militancia»
Oscar Manuel Duarte tenía 19 años. Militaba en la Juventud Peronista y luego en Montoneros. Corrían los primeros días de marzo de 1978 cuando, saliendo de su casa junto con un compañero apodado «Andy», les empezaron a disparar. Su compañero logró escapar, él no.
Estaban en Villa Fiorito, populosa localidad del partido de Lomas de Zamora. Su casa estaba a unas cuadras de la Comisaría 5ª de Fiorito. Ahí lo llevaron en un primer momento. Esa madrugada allanaron su casa. «Yo vivía con mi mamá, mi padrastro y mis hermanos. Los sacan afuera, los dejan tirados en el patio», contó.
De la comisaría lo llevaron a lo que mucho tiempo después sabría que era el Pozo de Quilmes. «Nos mandan a desnudarnos y me colocan en una cama, me ponen un anillo en el dedo gordo del pie. Me atan los brazos y las piernas y ahí empezó la tortura. Me preguntaban por mis compañeros, quiénes eran, dónde estaban, cómo se llamaban, y yo gritaba, decía que no los conocía, no sabía quiénes eran. Así estuvo un rato hasta que me desmayo. Después me encuentro en la celda. Pero era cosa de todos los días», explicó con voz pausada.
Gestiones de su hermano mayor que trabajaba en la Policía en Banfield hicieron posible que lo dejaran con vida. Al cabo de veinte o veinticinco días lo liberaron en un campo junto con una chica, a la que acompañó hasta su casa en Ingeniero Budge.
«Mi vida fue una pesadilla. Yo viví encerrado durante un año. No salía. Consumía calmantes para dormir», contó durante la audiencia que se realizó íntegramente de forma virtual. Más tarde las anfetaminas, la marihuana, «más pastillas, hasta que llegué a la cocaína», relató. «Termino paranoico al cabo de cinco años», aseguró, antes de precisar que gracias a un compañero que le hizo conocer a un grupo que estaba armando una comparsa logró salir adelante.
«Ahí armé la primera institución de lucha contra la droga llamada Alud», explicó. Duarte fue un incansable también en la visibilización de la Masacre de Budge, que fue considerada el primer caso de «gatillo fácil» y que se refiere al asesinato perpetrado el 8 de mayo de 1987 por parte de policías de la Bonaerense de tres jóvenes, Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañaraz, que estaban tomando cerveza en la esquina de Guaminí y Figueredo, en esa localidad.
La tragedia lo volvió a golpear hace cuatro años, cuando una camioneta atropelló a su hijo de diecinueve años, que perdió la vida. «Eso me destrozó», dijo el martes al tribunal.
«Lo que me salvó fue la militancia», sostuvo, antes de reclamar justicia, porque lo ocurrido «no puede quedar impune».
Expulsados a Italia poco antes del Mundial
Doménico y Felipe Favazza, nacidos en un pueblito de Sicilia pero criados en Argentina, fueron «secuestrados el 14 de septiembre de 1977 a las 0:45 de la madrugada por una patota que decía que era de Coordinación Federal», precisó el martes el primero de los hermanos, a quien por entonces llamaban por su nombre en castellano, Domingo.
Doménico, que tenía unos 30 años, trabajaba en la fábrica Peugeot, en la línea de montaje del 404. Esa madrugada estaba en su casa, en Temperley. Adelante vivían sus padres con su hermano.
Delante de su hijo Mauricio, de un año de edad, y de su esposa Ana María González, embarazada de ocho meses, los tiraron al suelo, los encañonaron y los obligaron a ir a buscar a un amigo, Luis Fernández, alias Lucho.
«Nos meten a mi hermano y a mí en el piso de un Ford Falcon y nos conducen a la casa de Lucho. Llegamos y lo agarran también a él. A él lo ponen en otro coche», explicó Favazza, que durante su testimonio repitió que nunca perteneció a ningún partido u organización política. Los llevaron al Pozo de Quilmes.
En diciembre los trasladaron menos de veinticuatro horas al Pozo de Banfield y luego a la comisaría de Valentín Alsina. De allí a la Comisaría 9ª de La Plata.
«Ahí nos dicen que estábamos expulsados…. No sé si era un cabo que nos dice ‘va a empezar el Mundial y se rajan para Italia?'», contó Doménico, que no olvidará nunca que su hermano «empezó a llorar a moco tendido».
Allí comenzó su «calvario», aseguró. «Quedamos mi hermano y yo marcados de por vida por esta injusticia», aseguró, antes de reclamar justicia al tribunal y recordar, sin poder ocultar su angustia, que él y su hermano encontraron «la libertad en un avión de Alitalia el día 5 de febrero de 1978».
Doménico Favazza fue muy cuidadoso a la hora de mencionar a «todos los compañeros que convivieron en el Pozo de Quilmes». En su lista nombró a «Santos Boria, Alcides Chiesa, el Colorado, un muchacho de unos 25 años, Favazza Felipe, Fernando Robles de unos 35 años, Fernández Luis, Vicente Fiore, ‘Enzo’, Jorge Guidi, ingeniero, Juan, Larrosa Guillermo, alias Kung Fu, Mali Felipe Alberto, que en paz descanse; Pucho, un pibe estudiante, petiso, de unos 18 o 20 años; y cuando estábamos en la Comisaria de Valentín Alsina, escuchamos a un tal Cacho, un pibe estudiante, joven, de La Plata, y a un matrimonio paraguayo», precisó.
Interrogado por uno de los abogados querellantes, Favazza dijo que «supe de otras personas que estuvieron secuestradas» y que trabajaban en la Peugeot, pero no pudo brindar ninguna precisión.
Hijo de uruguayos que siguen desaparecidos
Alejandro Corchs Lerena nació el 27 de marzo de 1976 en Buenos Aires. Sus padres, uruguayos, militantes en su país y fundadores de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), un movimiento de izquierda, se habían venido a vivir a la Argentina en junio de 1973.
Vivían en un departamento en Olivos. Alberto Corchs era profesor de matemáticas, física y química, pero había conseguido trabajo en un laboratorio. Tenían vínculo con otros exiliados uruguayos.
El 21 de diciembre de 1977 todo cambió para ellos de forma irreversible. Alejandro pudo reconstruir gracias a unos vecinos y a sus familiares lo que ocurrió a partir de ese día.
Dos personas de civil llegaron al domicilio y se llevaron a su mamá, Elena Paulina Lerena Costa. Una de esas personas dejó a la criatura al cuidado de un vecino. A las cuatro de la tarde, cuando su papá volvió del trabajo, lo secuestraron y lo subieron en un auto.
Por sobrevivientes, supo que sus padres estuvieron unos cinco meses secuestrados en los Pozos de Banfield y de Quilmes y en Automotores Orletti.
Según la información que pudo recopilar y que, dijo, supo «en un retiro espiritual», su madre murió el 2 de mayo de 1978 y su padre «es uno de los dieciséis sobrevivientes que es subido a un vuelo de la muerte el 16 de mayo de 1978», aseguró. Ambos permanecen desaparecidos.
«En mi familia fue una herida total y desgarradora. Como niño no se me ocurre nada peor que me arrancaran de los brazos de las únicas dos personas que conocía», aseguró al tribunal. El día del secuestro, los vecinos lo dejaron en manos del Juzgado de Menores de San Isidro y avisaron a sus abuelos en Uruguay, que hacia el 28 de diciembre lo vinieron a buscar y lo criaron en su tierra.
Durante su declaración, aseguró que muchos años más tarde, ya adulto, el Gobierno uruguayo le mostró «las declaraciones de mi papá durante su secuestro, hechas bajo la tortura. Las tenía la Armada uruguaya». Y precisó que esos mismos funcionarios le dijeron que «los presos uruguayos eran torturados por oficiales uruguayos en Argentina». «Nunca me dieron esa documentación», aseguró.
La querella de Justicia Ya solicitó al tribunal que requiera esa documentación a las autoridades uruguayas.
El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la Policía bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús, conocida como El Infierno, con asiento en Avellaneda, es resultado de tres causas unificadas en la causa 737/2013, con solo dieciséis imputados y apenas dos en la cárcel, Miguel Osvaldo Etchecolatz y Jorge Di Pasquale. Inicialmente eran dieciocho los imputados, pero dos fallecieron, Miguel Angel Ferreyro y Emilio Alberto Herrero Anzorena.
Este debate oral y público por los delitos cometidos en las tres Brigadas comenzó el 27 de octubre de 2020 de forma virtual debido a la pandemia. Por esos tres CCD pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas de ellas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio. El tribunal está integrado por los jueces Ricardo Basílico, que ejerce la presidencia, Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.
Las audiencias pueden seguirse por las plataformas de La Retaguardia TV o el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria. Más información sobre este juicio puede consultarse en el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP.
La próxima audiencia tendrá lugar el martes 28 de junio a las 8:30 y será en formato virtual.
