Los alcances y manejos de la asistencia social se convirtieron en los ejes más delicados de discusión en la esfera política en los últimos tiempos, en medio de una fuerte división de miradas en el seno del oficialismo. En ese marco, desde el kirchnerismo ahora ubican el foco en superar la polarización «trabajo formal/planes sociales», y para ello apelan a un ordenamiento mancomunado de intendentes y organizaciones sociales en busca de reubicar el empleo como vector principal, con fuerte presencia del Estado.
Con la mentada «comunidad organizada» como horizonte, desde la dirigencia kirchnerista en el Frente de Todos apuestan a reconstruir una armonía entre los diferentes actores que articulan las políticas de empleo y asistencia social con los sectores donde la crisis más se hace sentir. En ese punto, los intendentes –en especial, los nucleados en el AMBA– pasan a tomar un rol protagónico como referentes territoriales y de llegada directa en el complejo mapa bonaerense.
«Con Pablo Zurro, Intendente de Pehuajó, que me acercó una propuesta para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo. Me contó que también se la envió al Ministro de Desarrollo Social de la Nación», señaló este miércoles la propia Cristina Fernández de Kirchner, quien esta semana captó todas las miradas al poner en el centro de los debates la administración de los planes sociales en los diferentes distritos.
El mensaje está dirigido también a la esfera de Casa Rosada, donde Juan Zabaleta está al frente de la cartera de Desarrollo Social, organismo de diálogo principal con las organizaciones sociales para articular los programas de trabajo. En ese sentido, la reunión fue a la vez un gesto para los sectores de Nación que se mantienen reticentes a abrir el debate con todos los actores.
En territorio bonaerense, el apoyo llegó desde referencias fuertes de los municipios, como es el caso del ex mandatario de Lomas de Zamora y actual jefe de Gabinete provincial, Martín Insaurralde. «Los programas sociales deben tener una contraprestación controlada por el Estado y el primer mostrador del Estado son los Municipios. Esa es la esencia del planteo de Cristina. Llegó la hora de debatir el salario universal como herramienta para combatir la desigualdad estructural», expresó el funcionario bonaerense.
«Nuestra concepción es la de la comunidad organizada, donde el Estado trabaja con las organizaciones sin que una parte niegue a la otra», consideran desde la esfera dirigencial cristinista, en medio de un escenario donde la oposición política y los medios de comunicación afines comienzan a presionar por la grieta «asistencia social vs. trabajo» para aumentar la conflictividad y desgastar.
Sobre este punto se pronunció en reiteradas oportunidades el ministro de Desarrollo Comunitario bonaerense, Andrés Larroque, quien la semana pasada compartió una jornada con el dirigente Juan Grabois, justamente para debatir sobre la propuesta del salario universal. Allí Larroque sostuvo que los esfuerzos deben concentrarse «no solo en aumentar la inversión social, sino además ordenarla», en referencia a la necesidad de afianzar los criterios entre los alcances de la asistencia social, el ingreso en los sectores populares y la generación de empleo.
