Por Tomás Viviani
Un intercambio sucedido en la última sesión de Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata entre la decana de la Facultad de Periodismo y la decana de la Facultad de Medicina da pie a pensar diferencias en políticas académicas en nuestro país y en la región, además del rol de los medios de comunicación masiva.
La discusión en el Superior se dio en base a dos de los temas tratados en esa sesión que evidenciaron las diferentes formas de concebir la Universidad Pública, y a la vez la política como dimensión constitutiva de la sociedad. Por un lado, la entrega del doctorado honoris causa al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Por otro, el reconocimiento como profesores extraordinarios a tres docentes de la Facultad de Medicina.
El primer punto se aprobó por unanimidad, mientras que en el segundo los consejeros de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social se abstuvieron y su decana, Florencia Saintout, argumentó al respecto que si siempre se manifiestan en contra de la política académica de Medicina no hubiera sido coherente votar el reconocimiento a sus docentes, no por cuestiones personales, sino porque se desprende que representan esa política académica cuestionada (no sólo por Periodismo, sino por la comunidad universitaria en general, y principalmente por los alumnos de dicha Facultad). Ante tal planteo, la decana de Medicina, Ana Lía Errecalde, argumentó que le resultaba llamativa la abstención, ya que la política académica de Medicina es la misma que la del gobierno de Ecuador, y que Periodismo votó a favor del honoris causa a Correa (a quien, además, le entregó el Premio Rodolfo Walsh en 2012), lo cual representaría alguna forma de contradicción.
Esta controversia permite poner sobre la mesa algunas cuestiones:
En primer lugar, ¿cuáles son las diferencias académicas más relevantes entre las Facultades de Periodismo y Medicina? Mientras Periodismo ha visto crecer su matrícula de manera sostenida en los últimos años mediante políticas de inclusión y retención, en Medicina aparecen cada año nuevos problemas con sus alumnos, ya sea para ingresar, permanecer o egresar de la Facultad. Periodismo creó nuevas carreras –entre las que se incluyen tecnicaturas, con un perfil de estudiante diferente al de las licenciaturas o profesorados ya existentes–, cambió el plan de estudios, generó espacios de acompañamiento para los ingresantes, tiene un curso de ingreso nivelatorio y no eliminatorio, y una reconocida política de extensiones aúlicas. Por su parte, Medicina es noticia cada año por la enorme cantidad de alumnos que quieren ingresar y son expulsados mediante la aplicación de un examen de ingreso que sólo sortean los estudiantes que pueden pagarse cursos privados de preparación. Pero, además, también restringe el egreso limitando la posibilidad de hacer la Práctica Final Obligatoria (PFO). Estas dos políticas académicas representan no sólo maneras diferentes de entender la educación pública, sino también la comunicación y la medicina respectivamente, que en un caso se piensa como derecho y en otro como bien de mercado que pueden adquirir quienes pueden costearlos. Esta discusión viene dándose en diferentes sesiones del Consejo Superior, por ejemplo, en aquella donde se discutió un pronunciamiento sobre la despenalización del aborto, que Periodismo promovió y al que Medicina se opuso.
Mientras periodismo ha visto crecer su matrícula de manera sostenida en los últimos años mediante políticas de inclusión y retención, en medicina aparecen cada año nuevos problemas con sus alumnos, ya sea para ingresar, permanecer o egresar de la facultad.
Ahora bien, la chicana de la decana Errecalde también permite pensar otra dimensión de la discusión entre perspectivas académicas: las diferencias deben ser contextualizadas. Errecalde argumentó que la política académica de la Facultad que conduce es la misma que la de Ecuador, por lo que vale la pena estudiar ese caso. En Ecuador, los estudiantes que desean entrar a la Universidad deben rendir un examen y el puntaje que obtienen determina la carrera que pueden elegir. Antes de iniciar la carrera existe un periodo de nivelación que, al igual que todo el proceso, es gratis. Pero, además, en 2010 se sancionó una nueva Ley Orgánica de Educación Superior mediante la cual el Estado recuperó el control de la educación universitaria, que estaba en manos del mercado y que había generado la proliferación al ridículo de academias expendedoras de títulos, teniendo para un país de 15 millones de habitantes más de 3.300 carreras universitarias. En Argentina, la historia de la Educación Superior pública y de calidad se remonta a la reforma de 1918, hace casi cien años. Luego, en 1949, hace ya 66 años, Perón suprimió los aranceles.
Este breve repaso por la historia de la Educación Superior en Argentina y Ecuador evidencia que los contextos en los cuales se suceden las políticas académicas son absolutamente diferentes. En nuestro país, puntualmente en la Universidad Nacional de La Plata (la segunda más grande, luego de la UBA), sólo una Facultad de las diecisiete tiene examen de ingreso eliminatorio: Medicina. En Ecuador, por su parte, hay una política que tiene exámenes como estrategia de ordenamiento del sistema, no para excluir ciudadanos, sino para administrar los recursos. El examen de Medicina responde a una decisión unilateral y arbitraria que ha sido criticada hasta el cansancio por el resto de la comunidad universitaria. Pero, además, las tradiciones en cada uno de los países son incomparables: mientras que Argentina tiene una historia de casi cien años de democratización (aún en proceso) de la Educación Superior, en Ecuador esa historia empezó hace menos de cinco años.
Salta a la vista la distorsión de la información (o su desconocimiento) en el planteo de la decana Errecalde, que quiso disfrazar de progresismo la política restrictiva de la Facultad de Medicina. Todo esto sin mencionar que el doctorado honoris causa que se votó a favor del presidente Correa no se sostiene (solamente) por la política de Educación Superior que promueve su gobierno, sino por su carácter de líder regional, por ser el conductor de un proceso de emancipación del pueblo ecuatoriano que tiene implicancias en todo el continente. Incluso, el planteo de Errecalde corre el serio riesgo de ridiculizar la política, presuponiendo que el reconocimiento de un proyecto anula la posibilidad de pensarlo críticamente, e incluso de tener diferencias, contradicciones secundarias.
Un párrafo aparte amerita el tratamiento que dio al tema el diario El Día, que se esforzó por ignorar la precandidatura de Saintout a la intendencia de la ciudad durante ocho meses, pero rápidamente salió a defender a Errecalde con una nota publicada ayer miércoles que, lejos de plantear un debate (que sin chicanas ni falacias sería productivo), intentó cerrar la discusión simplificándola.
El derecho a la educación pública, gratuita, masiva y de calidad es un logro de todo el pueblo argentino que ha costado tiempo y esfuerzo. La tarea de las autoridades universitarias es sostenerlo y profundizarlo, y dar el debate responsablemente, sin patear la pelota a 5.000 kilómetros de distancia.
