Este 19 de julio se cumple el 43° aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Tras derrotar la dictadura somocista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) debió reconstruir el país y enfrentar la constante arremetida del imperialismo norteamericano, que continua hasta la actualidad.
Desde aquel el 19 de julio de 1979, el Gobierno de Estados Unidos nunca dejó de arremeter contra el proceso nicaragüense. Con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca, el ataque contra el Gobierno sandinista comenzó a tomar más fuerza. En 1983, el Congreso norteamericano creó la Fundación Nacional para la Democracia, conocida por sus siglas en inglés como NED (National Endowment for Democracy). Desde esta entidad, comenzó a canalizar dinero hacia sectores de la oposición, medios de comunicación de derecha y todos los que intentaban desestabilizar al Gobierno nicaragüense.
Los primeros ataques no pudieron evitar que el sandinismo ganara las elecciones de 1984, por lo que Estados Unidos decidió profundizar la estrategia de desestabilización. A través de la NED y sus entidades satélites –el Instituto Demócrata Nacional (NDI), el Instituto Republicano Internacional (IRI), el Centro de Empresas Privadas Internacional (CIPE) y el Instituto de Sindicatos Libres–, la CIA canalizó dinero para la oposición nicaragüense.
Washington comenzó a presionar a la oposición para que se uniera contra el Gobierno sandinista y lo enfrentara con una sola fórmula en las siguientes elecciones. Los dólares de la CIA llegaron para alimentar a los medios opositores, como el periódico La Prensa. Con la presión y el dinero consiguió concretar la estrategia de unificación y se creó la Coordinadora Democrática Nicaragüense (CDN).
A través de la CDN –que agrupaba a partidos políticos, movimientos sociales, sectores empresariales y sindicatos de la oposición– consiguió que catorce partidos políticos se unificaran en la Unión Nacional Opositora (UNO), que llevaría como candidata a la presidencia de Nicaragua a Violeta Chamorro, dueña de La Prensa.
Millones de dólares de inversión y una guerra de desgaste constante contra el pueblo y el Gobierno de Nicaragua lograron el objetivo de Washington: en 1990, Chamorro se consagró presidenta, el sandinismo debió abandonar el poder y Nicaragua se sumergió en una etapa neoliberal de la cual solo pudo salir diecisiete años después.
Ya en su momento, recordaba en declaraciones periodísticas Norma Moreno Silva, ex diplomática nicaragüense, «esos gobiernos cometieron un crimen atroz en cuanto a la involución de los derechos que se habían conquistado después del triunfo de la revolución popular sandinista. No invirtieron en la escuela pública, ni en la salud, ni en la lucha contra la pobreza. Los niños y las niñas de la escuela pública no tenían ni siquiera pupitre. Se privatizó la educación, se privatizó la salud».
Tras la larga noche neoliberal el sandinismo volvió al poder de la mano de Daniel Ortega. En respuesta, la estrategia injerencista y desestabilizadora de Estados Unidos volvió a desatarse con toda sus fuerza.
«En el 2007 recuperamos el Gobierno. En esta ocasión a través del voto popular. Volvimos a encontrarnos con un 20 % de analfabetismo, las escuelas desbaratadas, los centros de salud sin medicinas, cobrándole a la población. Fue arrancar de cero otra vez», señalaba Moreno Silva, y remarcaba que «todo cambio que implique la restitución de derechos humanos es revolucionario. Eliminar la desnutrición infantil es revolución, bajar el analfabetismo del 20 % al 3 % es revolución. Revolución no es sinónimo de guerra y de fusil, sino de cambios estructurales en materia de dignificación y restitución de derechos».
En 2018 se produjo un levantamiento violento contra el Gobierno sandinista. En aquel marco, desde Contexto dialogamos con el entonces embajador de Nicaragua en Argentina, José Luis Villavicencio Ordóñez, quien señaló que «aquello que comenzó como una protesta cívica legítima rápidamente se transformó en otra cosa, ya que paralelamente comenzaron a salir en diferentes partes del país grupos organizados que actuaban de manera sumamente violenta, que comenzaron con saqueos, intentaron incendiar instituciones públicas y agredieron a la gente de base del Frente Sandinistas de Liberación Nacional (FSLN) que está en los territorios».
«Estos grupos violentos ya no tenían nada que ver con la protesta inicial. Ya no hablaban de la reforma del seguro social, sino que exigían el fin del Gobierno, un Gobierno que, recordemos, que ganó por el 70 % de los votos y que estos grupos violentos tildaban de ‘dictadura’. Estos grupos realizaron saqueos y diversos actos de violencia. Cuando intervino la Policía, esos grupos respondieron con distintas armas, entre ellas, con morteros caseros y bombas molotov», señaló.
Villavicencio Ordóñez señaló que grupos opositores se habían «vinculado fuertemente a los senadores norteamericanos Marco Rubio, Bob Menéndez e Ileana Ros-Lehtinen. Casualmente, estos tres senadores son los patrocinadores de un proyecto de ley que se llama ‘Nica Act’. Es un proyecto elaborado por exsandinistas que ahora conforman uno de los principales grupos de extrema derecha del país que también recibe el apoyo de Freedom House. Y ya sabemos qué significa eso».
El diplomático remarcó que «el pueblo derrotó el golpe impulsado por Estados Unidos. Un golpe impulsado principalmente por el Departamento de Estado y los republicanos Ileana Ros-Lehtinen y Marco Rubio, que fracasaron porque la población fue la que se levantó contra los violentos que estaban en los tranques».
A pesar de todos los ataques, que no cesaron ni cesarán, la Revolución Sandinista se consolida cada día más y la alianza entre el pueblo y la conducción de FSLN es cada vez más sólida.