Del realismo mágico de García Márquez al realismo trágico que dejaron en Colombia las décadas de gobiernos de derecha. Desde el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, en 1948, Colombia se sumergió en una larga y oscura noche. El nuevo Gobierno, conducido por Gustavo Petro y Francia Márquez, enfrenta innumerables desafíos. Dos de los principales son la consolidación de la paz definitiva y la construcción de una nación con justicia social.
Seis décadas de conflicto armado han dejado como consecuencia miles de muertes, desapariciones y millones de personas que sufrieron desplazamientos forzados. A ello se suma que las políticas de derecha, según los datos del Banco Mundial, han transformado Colombia en uno de los países más desiguales del mundo.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia emitió un informe donde se asegura que el conflicto armado hizo que al menos 450.666 personas perdieran la vida; 121.768 fueron víctimas de desaparición forzada; 50.770 fueron secuestradas; 16.238 niñas, niños y adolescentes fueron reclutados; 32.446 personas fueron víctimas de actos en contra de la libertad y la integridad sexual; entre otras violaciones a los derechos humanos. Entre 1985 y 2016 se registraron 6.402 ejecuciones extrajudiciales conocidas como «falsos positivos». El conflicto también provocó que más de un millón de colombianas y colombianos debieran irse al exilio para proteger sus vidas, y más de 7,7 millones de personas debieron abandonar sus hogares, víctimas de desplazamientos interno forzado.
Luego de más cinco años de diálogos en La Habana (Cuba) y un primer acuerdo descartado tras un plebiscito, nuevas negociaciones llevaron en 2016 a la firma de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Estado colombiano, representado por el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Al día siguiente de asumir, el presidente Gustavo Petro reafirmó su voluntad de retomar los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que habían sido interrumpidos con la llegada al Gobierno de Iván Duque, representante del uribismo, quien también le puso un freno a la implementación de los acuerdos con las FARC.
Petro aseguró tener «el deseo de continuar los procesos iniciados en el Gobierno de Santos y enriquecerlos, primero cumpliendo con los que se firmaron, los procesos con las FARC. Segundo, continuando con los interrumpidos, uno con el ELN y uno muy incipiente, que no llegó a asentarse, con el Clan del Golfo, porque el fiscal de la época tampoco lo permitió».
El presidente colombiano remarcó la importancia de los países que fueron sede y garantes de las negociaciones para estos acuerdos: Cuba, Noruega, Venezuela y Ecuador.
Según informó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante el gobierno de Iván Duque fueron asesinados 957 líderes y defensores de derechos humanos, se produjeron 555 secuestros, 261 firmantes de la paz fueron asesinados, hubo 545 eventos de desplazamiento forzado y se cometieron 313 masacres con 1.192 víctimas.
Indepaz también señaló que en lo que va de 2022 se cometieron 61 masacres, que dejaron un total de 215 personas asesinadas.
La herencia neoliberal
La construcción de la justicias social será otro de los grandes desafíos del Gobierno del Pacto Histórico. Según señala un informe del Banco Mundial: «Colombia es uno de los países con mayor inequidad de ingresos e informalidad en el mercado laboral de Latinoamérica». El 10 % de los más ricos de Colombia tienen once veces más riqueza que la población más pobre.
Es desempleo se encuentra en el 12,1 %, lo que representa a 3 millones de personas.
Diversos estudios también señalan que la pobreza afecta a cuatro de cada diez colombianos (el 42 %), lo que en cifras concretas representa a 20 millones de personas, y, de ellas, 6 millones viven en la pobreza extrema. A eso se agrega que la mitad de los mayores de 65 años no tiene pensión.
En la misma línea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que en Colombia el «60 % de los trabajadores están en una situación de informalidad laboral, la cual los excluye del acceso a la seguridad social y reduce la productividad y los ingresos tributarios».
Distintos informes también señalan que la deuda pública colombiana en 2021 se estimaba en el 63,8 % del PIB.
El camino que debe recorrer el pueblo colombiano y su Gobierno no es fácil, pero ya se dio el primer paso, un paso fundamental que ilusiona a toda América Latina.
