Por Gabriela Calotti
«Mi hermana era una campanita, era una persona recontra alegre. Tenía 19 años cuando se la llevaron. Era muy chiquita y linda persona y con su marido se querían un montón». Con esas palabras Lidia Araceli Gutiérrez describió el martes a su hermana Amelia Isabel, a la que llamaban «Pichuca», secuestrada el 16 de septiembre de 1977 en Olavarría junto a su marido, Juan Carlos Ledesma, alias «Chile», de 21 años. Ambos permanecen desaparecidos.
Durante su declaración ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, Lidia, que en la actualidad tiene 68 años, contó su militancia en la Juventud Peronista, a la que unió con Pichuca, y relató la persecución contra su familia en la ciudad de las diagonales y también en Olavarría.
Su familia estaba formada entonces por sus padres y sus cuatro hermanos menores, Marta, Isabel, Claudia y Diego. Para 1975, ella e Isabel vivían en el barrio platense de La Cumbre. «Ya teníamos problemas con el Comando de Organización [fracción dirigida por Alberto Brito Lima que rechazaba el diálogo con el marxismo] y algo con la CNU [Concentración Nacional Universitaria, brazo universitario de la Triple A]», explicó Lidia.
«Ya habían empezado a matar compañeros y a reprimir. Ya había compañeros secuestrados», aseguró ante el tribunal en el marco de la audiencia número 77 del juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en las Brigadas de la Policía bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús.
Ante ese panorama, decidió irse a Olavarría. Isabel y «Chile», que pertenecían a la organización Montoneros, se quedaron en La Plata. Pero no duró mucho tiempo. En noviembre de 1976, policías y militares perpetraron un ataque armado contra la vivienda que era de su cuñado, ubicada en el barrio San Carlos, en 139 y 526. Su hermana y su cuñado se salvaron porque los vecinos les advirtieron sobre lo que estaba ocurriendo.
Por esos días, en esa casa estaban parando unos compañeros que habían venido de Bahía Blanca con sus tres hijos. También estaba el matrimonio Santucho, «que son asesinados». «Y las fuerzas conjuntas secuestran a su hija Mónica, de 14 años. Es llevada a la Comisaría 5ª y al Pozo de Arana, donde fue torturada por [el entonces jefe de la Dirección de Investigaciones de la Bonaerense, Miguel Osvaldo] Etchecolatz», imputado en este juicio y fallecido el 2 de julio pasado. Tras el ataque a la vivienda, su hermana y su cuñado se fueron a Mar del Plata y meses después recalaron en Olavarría, donde siguieron militando.
El 13 de septiembre, en Tandil, es secuestrado su padre, Francisco, pese a que era subcomisario de la Policía. Le preguntan insistentemente por su hija Isabel. Tres días después, secuestran a su hermana y a su marido en Olavarría. Los llevan a la Brigada de Cuatrerismo de Las Flores. El nene de tres meses queda al cuidado de unos vecinos. A la bebita la dejan en el hospital de Cacharí.
Lidia y su marido son secuestrados. «En Las Flores dividen dos grupos: los de Olavarría van a Monte Peloni, en las afueras, y mi hermana, mi cuñado, mi padre Francisco Gutiérrez, Argentino Villeres y su esposa, Graciela Polini, son trasladados a la Brigada de Investigaciones de La Plata». También recordó a otro muchacho secuestrado, Oscar Fernández, al que le decían «Bombita».
Lidia estuvo secuestrada en el centro clandestino conocido como Monte Peloni, sobre la ruta 76, hasta el 2 de diciembre. De allí fue a la cárcel de Azul y luego a la de Villa Devoto.
Por el testimonio de una sobreviviente del genocidio, Liliana Zambano, Lidia Gutiérrez supo que su hermana estuvo en la Brigada de Arana y en la Brigada de Investigaciones de Banfield. «Ella la vio en el Pozo de Banfield», afirmó el martes.
Su padre permaneció ocho meses secuestrado. Supo que a Isabel la sacaron el 26 de diciembre de la Brigada de Investigaciones.
Lidia aseguró que durante el juicio Monte Peloni el capitán Walter Groser, condenado a perpetua, declaró que fue a retirar el cuerpo de Oscar Fernández al Pozo de Banfield. La querella de Justicia Ya pidió al tribunal que se incorpore al presente juicio la declaración de ese condenado.
Sus padres lograron recuperar a la nena, Natalia, en adopción. Entre tanto, su padre siguió haciendo gestiones para dar con el paradero de Isabel. Y entre esas gestiones destaca una reunión que mantuvo con el general Ramón Camps. Según Lidia, fue este quien le dijo a su padre que «no buscara más […] que se conformara con que le había quedado una hija».
Con la esperanza de encontrar los restos de Isabel y Juan Carlos, dieron muestras de sangre al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), pero sin novedades hasta ahora.
Lidia recuperó la libertad en 1979.
El martes reclamó «justicia por los compañeros». «Hemos dejado mucho en esto. Yo tengo 68 años y seguimos esperando que se los juzgue», dijo en alusión a los represores, que, a diferencia de su hermana, «llegaron a ser viejitos con sus familias e hijos. Ellos vivieron la vida. ¡Qué vayan presos!», reclamó.
Natalia, la bebita que los represores dejaron en un hospital de Cacharí
Natalia tenía ocho días de vida cuando fue secuestrada junto con su mamá Isabel y su papá Juan Carlos. «Mi familia… se llevaron a casi toda mi familia. Quedamos todos los nietos con mi abuela materna. Se llevaron a mi abuelo, a mi tía, a mi tío, a mi mamá, a mi papá y a mí incluida», afirmó ante el tribunal.
«Yo nací el 8 de septiembre del 77 en Olavarría. Tenía ocho días cuando se llevaron a mi mamá y a mi papá. Los únicos que no recuperaron su vida fueron mi papá y mi mamá», agregó con tristeza.
Recién en 2012 «pude recuperar mi identidad, que es la que mis papás querían que tuviera, como Natalia Anastasia Ledesma», porque estuvo ocho meses en el hospital de Cacharí con otra identidad.
Finalmente declaró en el juicio Mery Quisdert, de origen boliviano, por entonces secretaria de la empresa de servicios de emergencias domiciliarias que Alfredo D’Alessio había abierto con dos socios. D’Alessio declaró en la audiencia anterior y reclamó sobre todo por su hermano, al que apodaban «El Bebe» D’Alessio, que permanece desaparecido.
Mery fue secuestrada una tarde de febrero de 1977. Según su relato, cree que el primer lugar de su cautiverio fue el centro clandestino Olimpo. «Ahí estuve dos noches y después nos trasladaron a otro lugar, que no sé dónde era. Me dejaron sentada en un espacio que sentía como bombas de agua. ‘Yo no soy nada, no sé nada’, gritaba yo».
Y de allí fue trasladada a lo que sería el Pozo de Quilmes. «Había muchísima gente en cada celda. Había mucho olor a pis. Y gritaban a la noche», aseguró. Fue allí donde «escuché la voz del hermano del dueño, de D’Alessio. Y es la única vez que lo escuché y después nunca más».
Al cabo de una semana la subieron a un auto junto con el primo de D’Alessio y los dejaron en un descampado.
Mery Quisdert afirmó el martes que declaró en el juicio «porque me lo pidió Alfredo D’Alessio, porque su hermano no regresó nunca».
Ella volvió a trabajar, pero todos estos años evitó hablar del asunto. «Lo único que hacía era llorar. Trato de olvidar», dijo angustiada.
El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la Policía bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús, conocida como El Infierno, con asiento en Avellaneda, es resultado de tres causas unificadas en la causa 737/2013, con solo quince imputados y apenas uno de ellos en la cárcel, Jorge Di Pasquale. Inicialmente eran dieciocho los imputados, pero desde el inicio del juicio, el 27 de octubre de 2020, fallecieron tres: Miguel Ángel Ferreyro, Emilio Alberto Herrero Anzorena y Miguel Osvaldo Etchecolatz, símbolo de la brutal represión en La Plata y en la provincia de Buenos Aires.
Este debate oral y público por los delitos cometidos en las tres Brigadas, que se desarrolló básicamente de forma virtual debido a la pandemia, ha incorporado en los últimos meses algunas audiencias semipresenciales.
Por esos tres CCD pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio. El tribunal está integrado por los jueces Ricardo Basílico, que ejerce la presidencia, Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.
Las audiencias pueden seguirse por las plataformas de La Retaguardia TV o el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria. Más información sobre este juicio puede consultarse en el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP.
La próxima audiencia, que será virtual, está prevista para el martes 30 de agosto a las 8:30.
