Por Maximiliano Ceci
“Lo que pretende hacer el Poder Legislativo es investigar la presencia de funcionarios, directivos, empresarios en colaboración de las fuerzas militares para producir y sostener la estructura del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Esa investigación es perfectamente legítima de acuerdo a sus facultades”, dijo a Contexto Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, luego del rechazo de la Unión Industrial Argentina (UIA) al proyecto que busca crear una comisión bicameral en el Congreso Nacional –la iniciativa ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación– para investigar la complicidad de los empresarios con la última dictadura cívico-militar.
“Su competencia se limita a investigar y entregar la investigación al Poder Judicial de la Nación, y señalarle a la opinión pública qué es lo que ocurrió en aquella desgraciada etapa en la que empresarios y cuadros militares se encargaron de afectar la vida, la integridad de las personas y su libertad. De modo que nada más ilegítimo que esa actividad y no podrían confundirlo con potestades jurisdiccionales del Poder Legislativo”, agregó Barcesat.
El proyecto aprobado la semana pasada en Diputados recibió el apoyo mayoritario de la Cámara, con 170 votos a favor (disidencias parciales de la UCR, el Frente Renovador, el Frente de Izquierda y el interbloque FAP), y sólo 14 abstenciones del PRO y sus aliados de Salta y Mendoza. Tras el paso del proyecto al Senado, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Asociación Empresaria de la Argentina (AEA) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) denunciaron la iniciativa por tener «contenido inconstitucional».
«Demuestra dónde está parada: del lado de la impunidad y de la complicidad al no permitir que se investiguen las responsabilidades que tuvieron los empresarios en la última dictadura cívico-militar», precisó Horacio Pietragalla, diputado del FpV y nieto recuperado, sobre el rechazo empresarial del proyecto. La propuesta de formar una comisión legislativa para investigar los vínculos entre la sociedad civil y la última dictadura cívico-militar sigue inquietando a los grandes grupos empresarios, que la semana pasada apelaron directamente a los senadores que debatirán la iniciativa tras la aprobación en Diputados.
“Los grupos económicos cómplices de la dictadura que, una vez desactivado el partido militar, siguen influyendo en la política actual, financiando partidos de la oposición y poniendo candidatos», concluyó Pietragalla.
Las empresas en la dictadura
En Azul, el Tribunal Federal se encuentra juzgando la responsabilidad de los directivos de Loma Negra por la presunta “inducción” del crimen de Carlos Alberto Moreno, abogado laboralista que era asesor de la Asociación de Obreros Mineros de la Argentina (AOMA) e impulsaba las demandas millonarias que los trabajadores de Loma Negra llevaban adelante contra la empresa por casos de silicosis (enfermedad respiratoria causada por el polvillo del cemento).
A la causa que investiga la muerte de Moreno, desaparecido la noche del 29 de abril de 1977 en Olavarría y asesinado poco después en Tandil, se le sumó el trabajo de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero de la Procuración (OFINEC), que analizó la documentación de la empresa Loma Negra de esos años y detectó que su rentabilidad y el costo laboral durante el golpe cívico-militar se habían incrementado.
“Triplicó su patrimonio a partir de brindar el cemento necesario para la modernización del espacio público en la Ciudad de Buenos Aires, para la construcción de los estadios de fútbol del Mundial, para la edificación de viviendas a través del Plan Fonavi. Y a partir del secuestro de mi padre redujo gastos relacionados con indemnizaciones y enfermedades“, contó a Contexto Matías Moreno, hijo del abogado laborista.
La Justicia salteña también avanza con la investigación de empresarios que fueron cómplices del terrorismo de Estado impuesto en la última dictadura militar. Marcos Levín, el ex dueño de la empresa de transporte de larga distancia La Veloz del Norte, es juzgado junto con tres policías este lunes por instigar el secuestro y tortura del trabajador y delegado sindical Víctor Cobos.
En 1977, Levín presentó una denuncia contra 24 empleados por una supuesta estafa contra su empresa en la que los acusaba de robar boletos y talonarios. Tras ser detenidos, 15 empleados fueron torturados en la Comisaría 4° y luego inducidos a firmar una confesión por el juez Jorge Alberto Trincavelli mientras Bocos los amenazaba de muerte. Cobos era chofer, delegado gremial en la empresa e integrante de la comisión directiva de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), y reconoció a Levín cuando era torturado.
Blindaje judicial
Además, este año se denunció en innumerables ocasiones la corporación judicial que intenta darle un blindaje a Carlos Blaquier, dueño de Ledesma, Vicente Massot, dueño de La Nueva Provincia, y los empresarios Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, del Grupo Clarín, y Bartolomé Mitre, de La Nación, por el traspaso de acciones de Papel Prensa durante la última dictadura.
Por un lado, Blaquier se encuentra procesado por el conocido caso del apagón de Ledesma, la operación represiva en Calilegua, Libertador General San Martín y El Talar, que secuestró a más de 400 personas, de las cuales 33 siguen desaparecidas. Asalto represivo que militares, gendarmes y policías desataron entre el 20 y el 27 de julio de 1976, una cacería de militantes sociales, políticos y trabajadores del ingenio, secuestrados y en muchos casos trasladados a centros clandestinos de detención en camionetas de Ledesma.
Por otro lado, Massot tiene que responder por el secuestro de obreros gráficos. El diario bahiense donde escribía los editoriales Eduardo Massera fue funcional a las Fuerzas Armadas, ocultando información sobre secuestros y asesinatos. En los alegatos que juzga el rol represivo de la Armada, la fiscalía pidió que se publique la sentencia del juicio que lleva adelante el Tribunal Federal de Bahía Blanca en el medio de Massot para resarcir a las víctimas.
A su vez, en la causa Papel Prensa, el juez Julián Ercolini había rechazado el planteo del fiscal Leonel Gómez Barbella para indagar a los entonces titulares de Papel Prensa por la supuesta comisión de los delitos de extorsión y de lesa humanidad durante la adquisición de las acciones. Ercolini rechazó la citación indagatoria al considerar necesario aguardar pericias contables respecto del valor de la empresa.
Las automotrices en la dictadura
Ford Motor Argentina y Mercedes-Benz son dos empresas automotrices vinculadas con la última dictadura. En ambas, las víctimas fueron trabajadores delegados de sección o integrantes de la comisión interna. En el caso de la fábrica Ford de General Pacheco, el Ejército instaló un centro clandestino de detención. El directorio de la fábrica entregó a los genocidas listados de los delegados de las distintas secciones, y los trabajadores fueron detenidos en plena jornada laboral y delante de sus compañeros. En 2013, la jueza Alicia Vence, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Martín, dictó el procesamiento de tres ex directivos de la compañía Ford Argentina, en el marco de la causa que investiga su responsabilidad en la desaparición de 24 trabajadores de la planta.
Por su parte, Mercedes-Benz, perteneciente a la multinacional Daimler, fue acusada de complicidad con el terrorismo de Estado por secuestros y torturas a 17 trabajadores –14 continúan desaparecidos–, incluyendo la comisión interna de la planta ubicada en González Catán. También se la acusa por la apropiación de tres niños y la sustitución de identidad de Paula Logares, nieta recuperada. La investigación judicial está en el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín y no registra avances. Además, Mercedes-Benz afronta también un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la Argentina que se realiza en los Estados Unidos.
