Por Julieta Párraga, Giuliana Pates y Marisol Martínez*
La cumbre de Davos 2016 fue una oportunidad en la que Mauricio Macri buscó futuros inversores para su empresa, la República Argentina. En ese contexto, y a través de una gacetilla de prensa y de una breve publicación en su página de Facebook, el presidente anunció que luego de su reunión con la directora operativa de Facebook, Sheryl Sandberg, nuestro país aplicaría el uso del sistema llamado Facebook At Work (FAW), una plataforma para la organización laboral de empresas. La plataforma de Mark Zuckerberg –quien hace unos días le dijo a un periodista que le “gusta” Argentina– la describe como un espacio destinado a “compañías que hacen que las cosas se realicen” y puedan, por medio de ella, mantenerse conectadas, compartir información y trabajar colaborativamente de forma más simple tanto en computadoras como en dispositivos móviles. No está pensada, entonces, para la comunicación pública. ¿Será que Macri quiere “administrar” el Estado como una empresa más?
Según lo trascendido por el Estado nacional, se llevaría a cabo un plan “piloto” en algunas Secretarías del Ministerio de Modernización de la Nación. Para Daniel Abadie, subsecretario de Gobierno Digital de esa cartera, FAW es una de las herramientas más utilizadas en el mundo corporativo. No obstante, en Estados nacionales no es una plataforma que se utilice. Por ejemplo, trató de implementarse en India, pero se la desestimó por considerarla un “atentado contra la neutralidad de la red”.
Esta iniciativa, en principio, pondría en peligro la seguridad y la privacidad de los ciudadanos, en tanto sabemos que estas empresas brindan información de sus usuarios sin reparar en instancias judiciales previas. Nos basta con conocer la trayectoria de Edward Snowden –ex agente de la CIA– para afirmarlo, en tanto reveló las relaciones de estas empresas de redes sociales con las agencias de inteligencia. Sumado a esto, la información que circularía por esta plataforma es estatal y, por lo tanto, pública y abierta para todos los argentinos, pero estaría controlada por una empresa privada, de origen extranjero, que se rige por una legislación que no es la nuestra, sino la de Estados Unidos. Es decir que la información del Estado argentino quedaría en manos del arbitrio de una empresa y una legislación extranjeras.
A su vez, al optar por estas plataformas privativas y de código cerrado, se estaría retrocediendo en la iniciativa que el Estado nacional había emprendido los últimos años en el uso de software libre, de código abierto y generado por trabajadores argentinos, cómo fue Huayra GNU/Linux, el sistema operativo libre desarrollado para las netbooks del Programa Conectar Igualdad. A pesar de que el Gobierno ya está dando marcha atrás con estas políticas públicas, nuestro país cuenta con científicos capacitados para desarrollar estas herramientas si se continuara con un proyecto que ubica la ciencia y la tecnología como una política a fomentar, tal como se hizo con el Programa Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada, que construyó la infraestructura necesaria para la conectividad de todos los ciudadanos, y el desarrollo de ARSAT, la empresa estatal que brinda servicios de telecomunicaciones a través de una combinación de infraestructuras terrestres, aéreas y espaciales.
Hay que mencionar, también, que este “servicio” sería gratuito el primer año y luego se le cobraría al Estado su costo. Tal como viene siendo la metodología del gobierno de Macri, las decisiones están siendo tomadas por el Poder Ejecutivo de manera unilateral, sin debate en los espacios legislativos en donde tienen voz diferentes sectores sociales, por lo cual también se estaría vulnerando el Estado de derecho.
En este sentido, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC) advierte que, con esta iniciativa, “El Estado nacional cede parte de su soberanía, generando dependencia tecnológica con una corporación multinacional, entrega datos sensibles del Estado nacional (y de las personas) a una empresa seriamente sospechada de formar parte de una red de espionaje y no genera desarrollo local”.
Por su parte, la Coalición por una Comunicación Democrática presentó los nuevos 21 puntos por el Derecho a la Comunicación en el Congreso de la Nación, elaborados a partir de foros que se realizaron en diversos puntos del país. En esta ocasión, se plantean nuevas discusiones y desafíos para la comunicación plural incorporando una especial atención a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el uso democrático de Internet.
Tal es así que desde la Coalición argumentan que debe garantizarse el acceso gratuito y universal a Internet, entendido como un derecho humano “en tanto se trata de una herramienta para la realización efectiva del derecho a buscar, recibir y difundir información en su doble dimensión, individual y colectiva”. A su vez, plantea que el Estado debe regular este sector para evitar la conformación de monopolios en torno a las frecuencias radioeléctricas, la fibra óptica y cualquier insumo fundamental para la circulación de contenidos por Internet, al mismo tiempo que debe “garantizar que el tratamiento de los datos y el tráfico de contenidos personales y privados en Internet no sea objeto de ningún tipo de discriminación”. Con esto se busca que las personas puedan enviar, recibir y hacer circular cualquier información sin ser condicionadas, y expresa la importancia de que se asegure y se respete el derecho a la privacidad.
Entonces, la “innovación” y “modernización” que se estaría buscando en los ministerios nacionales a partir del uso de FAW se pone al servicio de las empresas extranjeras, lo que significaría un primer paso hacia la privatización del Estado. En este sentido, se cierran las posibilidades para que las industrias nacionales puedan seguir creciendo y las Universidades públicas e institutos tecnológicos, con sus científicos y programadores, participen en el desarrollo de proyectos que construían la soberanía y la inclusión digital en todo el país. Asimismo, vulnera los derechos del pueblo al no tener reparo en la privacidad de los ciudadanos ni en el acceso democrático a Internet.
* Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios, FPyCS, UNLP.
