Por Fernando M. López
El intenso trabajo de los abogados que representan a la familia de Emilia Uscamayta Curí y las movilizaciones de los últimos seis meses en reclamo de justicia impidieron que el fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la causa y vinculado filialmente al intendente Julio Garro, acotara la investigación a las responsabilidades de los organizadores de la fiesta sin habilitación municipal en la que murió la estudiante de periodismo de veintiocho años.
Emilia se ahogó durante la madrugada del 1º de enero al caer a la pileta de la quinta San Cayetano de Melchor Romero, ubicada en 520 entre 159 y 160, donde tuvo lugar el evento ilegal “La Frontera”.
Tras el hecho, el fiscal imputó por “homicidio culposo” al dueño del predio, Carlos Bellone; al empresario y militante del PRO, Raúl “El Peque” García –que compartía actos no sólo con Garro, sino con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal–; al propietario de un reconocido boliche platense, Santiago Piedrabuena; y al relacionista público Gastón Haramboure, único detenido hasta el momento por violar la prisión domiciliaria en el marco de la condena de diez años y ocho meses que recibió por el asesinato de un joven en 2009.
Si bien Garganta aún se niega a cambiar la carátula a “homicidio simple con dolo eventual”, ahora la causa cuenta con nuevos elementos de prueba que permiten abrir la investigación para establecer las responsabilidades estatales, algo con lo que viene insistiendo la familia de la víctima desde un primer momento.
Contexto tuvo acceso en exclusiva a los testimonios de tres nuevos testigos, que apuntan a funcionarios municipales y jefes policiales, tanto de la fuerza local como de la bonaerense.
Uno de ellos es un abogado de City Bell, Daniel Amerise, quien, tras realizar una denuncia por una fiesta de año nuevo que se organizaba cerca de su domicilio, tuvo una comunicación con el secretario de Seguridad de La Plata, Daniel Piqué.
“Ocasionalmente me llegó un mensaje en el teléfono de la realización de otra fiesta de las mismas características en la calle 520 entre 159 y 160, una imagen donde publicitaban que ya habían pagado 20.000 pesos a Control Urbano para tener permiso y hacer la fiesta igual. No sólo se lo transmití al secretario de Seguridad, sino también lo adjunté a la denuncia que había realizado”, recordó en su testimonio.
El contacto fue el 31 de diciembre por la tarde, a través de Whatsapp. Según el vecino, Piqué le respondió que ya estaba al tanto de la fiesta de Melchor Romero y que iba a “ubicar móviles porque esa pinta para descontrol”. Así se lo dijo, textualmente.
Las otras declaraciones testimoniales pertenecen a dos efectivos de la Policía Local que relevaron una guardia frente a la quinta San Cayetano alrededor de las 22hs, en vísperas de año nuevo. Su supervisora, Vanesa Detesano, les indicó que debían “controlar que no haya ningún tipo de evento, ya que no estaba autorizado por la Municipalidad”, y que se mantuvieran en contacto “ante cualquier anomalía”.
Antes de irse, los oficiales relevados les dijeron que “se había constituido el comisario de la Comisaría de Melchor Romero” para manifestarles “que no iba a haber ningún evento”.
“Estacionando el patrullero paralelo a la puerta de ingreso sobre 520 y 160, procedimos a dar aviso de la novedad a Vanesa Detesano, dando la directiva que nos quedemos ahí y que cualquier eventualidad nos iba a avisar. A los diez minutos nos llama Detesano, avisando que levantemos la guardia y que por orden del jefe nos dirijamos al domicilio de calle 138, entre 519 y 520 […] No recuerdo con exactitud, pero serían las 22:30”, indicó uno de los policías.
Además de la supervisora, el mismo uniformado identificó como “jefes” esa noche al “subcomisario Ramírez”, del cual no recordó el nombre de pila, y al “chofer Matías Venzi”.
Consultado por Contexto, el abogado Adrián Rodríguez consideró que “estos testimonios son relevantes porque, de alguna manera, confirman la teoría que tenemos nosotros desde un principio, de que la fiesta se hizo en el marco de una zona liberada del control estatal”.
“Lo que en un primer momento parecía una desidia, aparece como algo orquestado para que el evento se pudiera desarrollar”, agregó el representante legal de los familiares de Emilia.
La querella ya pidió la imputación de Piqué y del jefe de Control Urbano, Roberto Di Grazia. “Si tenemos personal municipal que hace abandono del lugar por una instrucción superior, ellos evidentemente son responsables”, fundamentó Rodríguez. El próximo paso le corresponde a Garganta.
El rol de Garmendia
Piqué y Di Grazia no son los únicos funcionarios de Garro involucrados con la muerte de la joven. En la causa también se menciona a Juan Manuel Martínez Garmendia, subsecretario de Gobierno municipal, vinculado a Piedrabuena.
El juez de Garantías platense César Melazo, que había participado de la fiesta junto a unos amigos, lo señaló como quien “autorizó truchamente” que siguiera “la joda”.
Tras acusar a Garmendia el mismo 1º de enero a través de su cuenta de Twitter, el magistrado añadió: “La muerte de esa joven debe provocar el escarmiento a los coimeros imbéciles que nada hicieron: policía municipal y control urbano”.
El delegado municipal de Melchor Romero, Adrián Zamudio, fue otro de los testigos que salpicó al subsecretario de Gobierno.
“A las dos de la mañana arrancó la fiesta. Ingresaba mucha gente y como vi que no caía al lugar ni Control Urbano, ni la Policía, decido escribir a Calil Ampo, compañero de trabajo que me facilitó el teléfono de un tal Walter de Control Urbano. Lo llamé a las 2:42 am. Cuando me atiende le comento la situación y me dijo que no podían hacer nada porque estaban atados de pies y de manos porque la fiesta estaba arreglada por Garmendia”, declaró ante Garganta.
Zamudio habló, además, de un presunto soborno de “20.000 pesos”, cifra de la que se enteró por comentarios del “personal de Control Urbano que pasaba por la 520 y la 160”, a metros de la quinta San Cayetano.
La Bonaerense
“Si esto fuera una pulseada, podríamos decir que estábamos a punto de perderla, pero ahora hay una leve remontada”, graficó Rodríguez al evaluar la importancia de los nuevos testimonios, aunque al mismo tiempo advirtió que aún quedan muchos puntos por esclarecer, como la responsabilidad de la Policía bonaerense.
Luego de la tragedia, los efectivos de la seccional de Melchor Romero tardaron dos horas y media en llegar al lugar, cuando no debían haber demorado más de cuatro minutos. Esto permitió que se fueran potenciales testigos, entre las 6.000 personas que concurrieron a la fiesta, y que se perdieran “numerosísimos elementos de prueba”.
“Hay un protocolo de intervención cuando ocurre un crimen. La Policía debe poner inmediatamente en conocimiento al fiscal y este dar las instrucciones del caso. Si no se pueden comunicar con el fiscal, lo que tiene que hacer la Policía es proteger la escena. Acá no se protegió nada. Ni siquiera se sabe quiénes integraban el personal de seguridad, quiénes eran los proveedores, quiénes se llevaron los equipos de sonido… Todos elementos de prueba que eran fundamentales para la causa. Garganta debería dar explicaciones al respecto”, sostuvo el letrado.
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La Municipalidad prohibió un festival por Emilia
Al cumplirse seis meses del homicidio de Emilia, sus familiares convocaron a una actividad en reclamo para que la Justicia actúe y condene a todos los responsables. Sin embargo, autoridades de la Municipalidad no habilitaron el festival libre y gratuito que estaba planificado realizarse hoy en el Playón del Reloj de Sol, ubicado en 14 y 521, al lado del distribuidor de La Plata.
La familia de Emilia informó que la negativa municipal a entregar autorización fue por teléfono y sin ninguna argumentación ni explicación legal.
La actividad estaba planeada para realizarse este sábado 2 de julio, de 12 a 18hs, con la participación del Grupo Sombras, Tototomás, Cachitas Now, Música Comunitaria, Los Caporales de Nueva Pasión, Bolivia Unida y Tinkus Potolos Punchay.
“Organizamos este festival para que la muerte de Emilia no quede impune, exigiendo justicia, demandando políticas del Estado que nos protejan y visibilizando las redes solidarias de nuestra comunidad”, señalaron desde la Asamblea “Justicia Por Emilia”, integrada por la familia, compañeros de militancia y la Facultad de Periodismo de la UNLP, donde estudiaba la joven.
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