A partir de este sábado, el Gobierno iniciará la nueva concesión bajo control estatal del río Paraná. La Administración General de Puertos (AGP) será la encargada, de forma transitoria por doce meses, de la gestión de la vía navegable troncal. Paralelamente, el ente de control creado el pasado 25 de agosto organizará la licitación larga y adjudicará el futuro contrato por el dragado, balizamiento y cobro del peaje del corredor fluvial por el que se traslada el 80 % del volumen del comercio exterior argentino.
El Decreto 427/2021 que firmó el presidente Alberto Fernández el último 1º de julio facultó a la AGP a asumir por doce meses la concesión de las obras y la administración y cobrar los peajes a las navieras por el uso de la red fluvial troncal del río Paraná.
En ese lapso, mientras el interventor de la AGP, José Beni, tenga bajo su órbita el mantenimiento de la vía navegable, el Gobierno trabajará con las provincias y los distintos actores que intervienen en el canal fluvial para elaborar el pliego de una nueva licitación internacional.
El fin de la concesión con Hidrovía S.A.
El proceso de finalización de la actual concesión se originó hace un año como resultado directo de la conformación del Consejo Federal Hidrovía, con representación del Poder Ejecutivo Nacional y de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos.
De este modo, la actual concesión puso fin a la prolongación de un modelo que rigió en los últimos veinticinco años, y que trajo aparejadas prácticas ilegales, como la subdeclaración de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones o el contrabando, así como el tráfico ilícito.
Hasta 1992, la AGP se encargaba en forma centralizada de todo lo relativo a la administración de los puertos marítimos y fluviales del país, así como la Dirección Nacional de Vías Navegables se ocupaba del mantenimiento, dragado y balizamiento de los canales, la red troncal y todos sus accesos.
Sin embargo, con la sanción de la Ley Nacional de Puertos Nº 24.093 en el marco de las privatizaciones menemistas y la imposición del Consenso de Washington en la Argentina, se produjo la atomización del sistema nacional centralizado en múltiples organizaciones provinciales, como paso previo para la concesión en 1995 de la tarea de mantenimiento de la red troncal a Hidrovía S.A, consorcio integrado por el grupo belga Jan de Nul y la local Emepa.
La relevancia estratégica de este corredor fluvial radica en que por allí se transportan grandes volúmenes de carga los 365 días del año, ubicando a la Argentina como uno de los principales proveedores mundiales de materias primas y derivados.
