Por Gabriela Calotti
Familiares, amigos y compañeros de estudio, docentes universitarios y autoridades académicas, integrantes de diversas organizaciones sociales y de derechos humanos se reunieron el domingo a la tarde en la casa de la familia Uscamayta Curí en Melchor Romero para recordar a Emilia, la joven estudiante de periodismo que hace un año moría en una fiesta ilegal realizada en una quinta cercana de ese barrio de La Plata, organizada por empresarios y «bolicheros», algunos con antecedentes judiciales. Una fiesta que el Gobierno municipal del macrista Julio Garro no clausuró pese a las reiteradas denuncias efectuadas aquel día ante los funcionarios locales correspondientes.
“Estoy muy agradecido por el apoyo que nos dieron todo el año”, aseguró Juan Uscamayta, padre de Emilia, que recibió con calidez y cordialidad a quienes iban llegando al encuentro en el que no faltaron las empanadas, el chicharrón con maíz blanco y las bebidas frescas. “Espero en el futuro seguir dándole marcha para que esto se esclarezca”, sostuvo, con su sombrero infaltable de paja, como cada vez que durante 2016 la familia se daba cita en las puertas de la Fiscalía para pedir justicia por su hija.
Por la mañana, una veintena de familiares y amigos de Emilia se trasladaron al cementerio platense, donde cambiaron la cruz blanca católica por la chacana, o cruz andina de los pueblos originarios, “respetando las tradiciones ancestrales” del pueblo quechua al que pertenece la familia Uscamayta Curí y que, con ahínco, defendía y reivindicaba esta muchacha de veintiséis de años que estaba a punto de recibirse. También colocaron una wiphala, la bandera de siete colores de los pueblos oriundos de los Andes, y una bandera del pueblo mapuche.
“Al cumplirse un año de la muerte de Emilia, la familia decidió que fuera así, con un resignificado de agradecimiento en la casa de los Uscamayta”, dijo a los presentes Zulema Enríquez, docente quechua del Área Pueblos Originarios de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP e integrante de la Asamblea Justicia por Emilia.
Tras la ceremonia en el cementerio, los familiares se trasladaron hasta la quinta San Cayetano, sobre la avenida 520, entre 159 y 160, donde encendieron velas en memoria de Emilia y reclamaron una vez más que la Justicia tome medidas contra los responsables de aquella fiesta, organizada entre otros por el dueño de ese predio, el empresario Carlos Bellone, que está prófugo.
Quizá por un descuido, en un día de dolor y angustia, o sencillamente por el vacío de la hija que no está y la impotencia de la impunidad, Eugenia, su mamá, se quemó el brazo derecho cuando una vela encendida provocó la explosión de un aerosol. “Emi siempre me decía ‘¿No podés quedarte quieta un rato?’”, explicó más tarde a Contexto esta mujer de piel aceitunada, trabajadora incansable, que mantiene la entereza al hablar de su hija.
“Menos mal que no les pasó ni a los sobrinos ni a los primos de Emi”, dijo Eugenia antes de volver sobre las convicciones de su hija. “Para ella todos éramos iguales. Hombres y mujeres. Y decía ‘Los hombres también tienen manos para hacer las cosas’”.
Decidida, firme en sus ideas, que también defendía en el aula y en la militancia, Emilia se había tomado un tiempo para recorrer América Latina. En 2016 tenía previsto terminar su carrera. Pero la fiesta ilegal truncó su objetivo.
Según la autopsia, Emilia murió por “inmersión en el agua” en una fiesta organizada para recaudar dinero a cualquier precio. El predio contaba con una pileta pero no había siquiera salvavidas. Las autoridades municipales no impidieron ni controlaron el desarrollo de la fiesta. Según la defensa, a partir de las 22hs del 31 de diciembre de 2015 desaparecieron de la vista patrulleros policiales o vehículos de Control Urbano. Se sospecha que corrieron cuatro millones de pesos en coimas.
Eugenia, Juan, los hermanos y hermanas de Emilia, los primos y los sobrinos atendieron con afecto a la concurrencia, entre quienes estaban Rosa Bru, la mamá de Miguel, otro estudiante de periodismo asesinado por la Policía local bajo la tortura y desaparecido hace veintitrés años, la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y concejala platense, Florencia Saintout, y el abogado defensor de la familia Uscamayta, Adrián Rodríguez.
“Hoy es un día que nos convoca desde el dolor, pero también es un día en el que celebramos estar juntos […] Este año hemos aprendido de esta familia que al dolor se lo enfrenta con lucha, unidos. Emilia está acá presente”, sostuvo la responsable de la Facultad donde estudiaba Emilia.
Minutos antes, el padre Carlos había oficiado una misa frente a un colorido y florido altar que armaron poco antes las y los jóvenes de la familia Uscamayta. Más tarde, amigos de la familia, su padrino, sus hermanos, compañeros de estudios y docentes, recordaron cómo era Emilia.
La justicia a paso de tortuga
A un año de la muerte de Emilia Uscamayta Curí, la Justicia, en la persona del fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFI Nº 11 de La Plata, no dispuso la detención de ninguno de los cinco imputados, entre estos el comisario Daniel Piqué, quien hasta el pasado jueves era nada más y nada menos que secretario de Seguridad de gabinete de Garro.
Los otro cuatro imputados por “homicidio culposo”, figura que equivale a un accidente, son: el dueño de la casaquinta, Carlos Bellone; el empresario y militante del PRO, Raúl “El Peque” García –que compartió actos con Garro, María Eugenia Vidal y Mauricio Macri–; el propietario de un reconocido boliche platense, Santiago Piedrabuena; y el relacionista público Gastón Haramboure, único detenido tras violar la prisión domiciliaria en el marco de una condena por el asesinato de un joven en 2009 a la salida de un boliche en Berisso. García, al igual que Bellone, está prófugo.
Piqué, que se enteró de la imputación por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” cuando estaba de vacaciones en septiembre pasado en Miami, a donde viaja bastante seguido, decidió dar un paso al costado y alejarse de la gestión macrista platense. Sin embargo, al declarar ante el fiscal meses atrás, deslindó responsabilidades en Roberto Di Grazia, empresario y hasta ahora subsecretario de Convivencia y Control Ciudadano, área conocida como Control Urbano, y en el subcomisario jefe de la Policía municipal, Sebastián Martínez Pass.
Piqué presentó la renuncia “de común acuerdo” con las autoridades municipales a raíz del “desgaste” que le ocasionó la imputación por la muerte de Emilia. Martínez Pass, quien se presentó dos veces en la Fiscalía sin abogado y se negó a declarar, podría seguir ese mismo camino.
En cambio, el empresario Di Grazia resultó beneficiado con esta movida en el Gabinete de Garro porque no sólo fue confirmado en su cargo, sino que el área que maneja será elevada al rango de Secretaría y ya no dependerá de la Secretaría de Seguridad.
En todo caso, resulta por lo menos curioso que días después de mantener una reunión privada en la Fiscalía con el fiscal Garganta, de la cual no pudo participar el abogado de la familia Uscamayta porque no lo dejaron entrar, el diario local El Día empezara a publicar sucesivas notas sobre “el espionaje cibernético” de la Municipalidad y en particular de la repartición de Di Grazia para detectar y prohibir fiestas “ilegales” con multas de hasta 950.000 pesos para quienes no acaten la orden municipal.
Como todo en la actual gestión, todos y todas caen en la misma bolsa, o, dicho de otro modo, aprovechan la boleada para impedir celebraciones en espacios culturales alternativos.
Reclamo de trabajadores de la cultura
«Emilia Uscamayta Curí murió hace un año en una fiesta ilegal organizada por empresarios de la cuidad. No murió en una fiesta clandestina, murió en una altamente publicitada. No murió por infortunio, sino por la profunda ambición de los organizadores sumada a una política de un Estado ausente que prioriza recaudar antes que cuidar”, afirmó un comunicado difundido en estos días por los Espacios Culturales Alternativos Platenses.
“El Estado municipal tiene gran responsabilidad en la muerte de Emilia y ante esto impide en vez de hacerse cargo de generar políticas públicas activas para garantizar las condiciones de seguridad en las que nuestros jóvenes festejan”, reclamaron los trabajadores de la cultura.
“La muerte no tiene la última palabra, la última palabra la tiene la vida. Tenemos que tener memoria por Emilia, verdad para que haya justicia y justicia para que haya paz”, sostuvo el domingo en la tarde el padre Carlos durante la misa celebrada en la casa de los Uscamayta, en Romero.
