Por Lucía García Itzigsohn
Adrián Rodríguez Antinao es el abogado de la familia Uscamayta Curi, que inició una causa penal por la muerte de la joven Emilia en una fiesta, el pasado 1° de enero, en una quinta en Melchor Romero. En la causa actúan el fiscal Álvaro Garganta y el juez Fernando Mateos. La carátula es “Homicidio culposo” y son cuatro los imputados: Carlos Bellone, Santiago Piedrabuena, Gastón Haramboure y Raúl “Peque” García. Ninguno está detenido.
– ¿Cuál es la expectativa en relación con la causa por la muerte de Emilia Uscamayta, teniendo en cuenta que la próxima semana comienza la actividad judicial?
– Estamos trabajando en equipo y vamos a solicitar pruebas informáticas. Desde el punto de vista técnico, tiene que ver con el reproche jurídico que tienen los cuatro imputados: no es acorde a los roles que cumplían en la fecha. Hoy tienen una causa por homicidio culposo, pero creemos que les correspondería una causa por homicidio con dolo eventual. Implicaría un aumento de la pena, porque consideramos que no se trató de un accidente o de una negligencia, sino más bien de un escenario mortal creado por los organizadores que de alguna manera se mostraron desinteresados en cualquier resultado adverso que pudiera ocurrir en la fiesta. Ellos tienen una imputación por dos desobediencias a autoridades administrativas. Con esas dos imputaciones no es posible darles homicidio culposo, porque ellos saben que no se puede hacer lo que están haciendo; por lo tanto, son garantes sociales de algo que podía ser peligroso. Podría haber alguien muerto electrificado, muchas otras cosas podrían haber pasado. Habiendo sido advertidos, no se les puede imputar homicidio culposo.
Hay una captura de pantalla correspondiente al evento donde se manifiesta que la fiesta se hacía sí o sí porque se habían pagado 20 mil pesos. Si el municipio dice que actuó bien cuando dice que fue cuatro veces, no podemos estar de acuerdo, porque si hubiese asumido el rol que le corresponde esa fiesta no se debería haber realizado.
– Y, en este marco, ¿cuál es entonces el rol del municipio?
– Hay una captura de pantalla correspondiente al evento, donde se manifiesta que la fiesta se hacía sí o sí porque se habían pagado 20 mil pesos. Si el municipio dice que actuó bien cuando dice que fue cuatro veces, no podemos estar de acuerdo, porque si hubiese asumido el rol que le corresponde esa fiesta no se debería haber realizado. Hay lugares que pueden estar habilitados y otros que no. Este era un lugar imposible de habilitar porque no se puede hacer fiestas con pileta, exceso de gente, exceso de alcohol, no había guardavidas. Homicidio culposo era posible si hubieran hecho mal las cosas. En este caso ni siquiera hicieron lo que tenían que hacer, habiendo dos órdenes que decían que no se podía organizar la fiesta.
– ¿Le correspondería responder por algún delito a los responsables del municipio?
– El municipio no tiene ninguna imputación. Nosotros pedimos que se investigue el presunto pago de sobornos. Son fiestas millonarias, recaudan entre dos y tres millones de pesos, el control del municipio puede haber estado vinculado a la fiesta. Buscamos la imputación por el pago de sobornos, por el que paga y por el que recibe. Esto es muy complejo, porque no hay recibo, no se sabe dónde se corta la cadena de mando, si se trata de un empleado infiel o si hay una verdadera organización que permite la organización de fiestas clandestinas con el pago de dinero.
– ¿La familia está conforme con la actuación del fiscal y del juez?
– En principio puedo decir que no están conformes porque ellos son conscientes de que hay un ser querido muerto y no hay ningún detenido. El único detenido es Gastón Haramboure, que está cumpliendo una pena de nueve años de prisión porque tenía una condena a prisión domiciliaria que incumplió para estar en la fiesta. Está pedida la detención de los cuatro imputados, pero quienes tenemos cierta experiencia en estos temas sabemos que con homicidio culposo entran y salen por la puerta de atrás. Esto no es homicidio culposo, porque no hicieron nada cuando supieron que Emilia había muerto. Hubo abandono, cosificación, no hicieron nada, hubo un desprecio por la vida y por lo que ocurrió, debería ser un homicidio con dolo eventual. La jurisprudencia indica que cuando la imputación es por un delito grave generalmente esperan en prisión la realización del juicio oral.
– ¿Cómo articulan la investigación para sostener la querella?
– Hay mucha gente involucrada, de la Facultad de Periodismo y de organizaciones sociales. Se va conformando un trabajo con personas que tienen diferentes capacidades o conocimientos. La causa es muy compleja, similar a Cromañón, porque hay desidia, hay corrupción, hay desinterés por el resguardo de las personas físicas que van a un evento a divertirse y no saben que van a una trampa, sin protocolo de asistencia médica o de emergencia. Se organizan grupos de empresarios y, bajando costos, pagando sobornos, hacen un negocio millonario en una noche. Es lo que pasó en Cromañón: recaudaron fortunas, pero estaban cerradas las puertas de emergencia. O el techo se debe hacer con determinado material, pero lo hacen con el más barato.
El Estado debe cumplir con sus responsabilidades de controlar y terminar con esas organizaciones con el único interés de lucrar recortando en seguridad. Si dejamos que el Estado se retire o que cobre para hacer la vista gorda, estamos ante una situación que no podemos tolerar como sociedad. Necesitamos un Estado presente.
– ¿Qué sería hacer justicia en este caso?
– Prisión para los responsables y evitar que en el futuro sigan pasando estas cosas, porque nosotros o nuestros hijos vamos a un lugar y creemos que estamos seguros y no es así. El Estado debe cumplir con sus responsabilidades de controlar y terminar con esas organizaciones con el único interés de lucrar recortando en seguridad. Si dejamos que el Estado se retire o que cobre para hacer la vista gorda, estamos ante una situación que no podemos tolerar como sociedad. Necesitamos un Estado presente.
