Por Florencia Abelleira
Sin saber a dónde ir con sus familias y con la impotencia de saberse corridos de la posibilidad de instalar una vivienda. Esa era la situación hoy en Abasto. Es que, en plena madrugada, la policía recibió la orden y avanzó sobre las quinientas familias que tomaron días atrás un predio de cincuenta hectáreas en la localidad de Abasto que estaba abandonado. A las 5 de la mañana comenzaron las balas de goma y los gases lacrimógenos que dejaron el resultado de diez personas heridas y seis detenidos. “Nos agarraron durmiendo, llegaron setecientos efectivos, entraron a las casas, les pegaron a mamás embarazadas, y ahora queremos saber cuántos compañeros heridos y detenidos tenemos”, denunció un vecino. El lugar está acordonado por efectivos policiales y topadoras, y la orden judicial prohíbe el ingreso a cualquier persona al predio que va de 520 a 530 y de 213 a 217.
“Una topadora de la municipalidad barrió con todo. Llegó temprano, casi de madrugada, rodeada por un gran cordón policial. Las mujeres con sus hijos corrían desesperadas mientras los policías avanzaban. En la comisaría permanecieron incomunicadas trece personas detenidas, que después fueron llevadas a la fiscalía”, relató la concejal del Frente para la Victoria (FpV) Nacional y Popular de La Plata, Florencia Saintout.
“Es alarmante el silencio de la Municipalidad de La Plata frente a uno de los peores atropellos a los derechos humanos en la ciudad de los últimos años. Mientras el gobierno local no dice nada, en la sede de la fiscalía todavía están las trece personas detenidas e incomunicadas. Ni siquiera los abogados pueden contactarse con ellos”, completó.
La edil identificó a los detenidos como Javier Moreno, Choque Gregorio, Claudio Aparicio, Fabián Moreno, Carlos Raúl Cevallos, Leonardo Girón, Víctor Méndez, Bladimir (…), Eusebia Vilte y Pereyra Fortunato. Durante toda la mañana, la dirigente junto con los concejales de su bloque, Guillermo “Nano” Cara y Ludmila Kostiuk, los legisladores provinciales Emilio “Taka” López Muntaner y Gustavo Di Marzio, el referente Facundo Pérsico y otros, acompañaron a las familias violentadas por la orden judicial que decidió no esperar la resolución de la Suprema Corte.
El conflicto en Abasto se desató cuando las familias ocuparon unos terrenos que son reclamados por la inmobiliaria Mattioli. El dueño, Alberto Mattioli, denunció penalmente bajo la figura de usurpación a once personas, y ayer se venció el plazo que puso el juez Pablo Raele para que las familias que están ocupando las tierras las abandonen.
“Nosotros pretendíamos frenar el desalojo porque no se atendieron las situaciones individuales de cada sujeto. No se respetó el derecho a la vivienda y el gobierno podría haber tomado medidas de contención”, expresó Marcelo Ponce Núñez, uno de los abogados que defiende a los vecinos. “En este caso debe haber algún interés inmobiliario por detrás que logró prevalecer por sobre el interés de las personas. Acá no está claro en cuanto al derecho de propiedad que son motivo de desalojo”.
Ayer, a últimas horas del día, todo indicaba que el desalojo no se iba a concretar. El juez en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, Luis Arias, había presentado una medida precautelar para suspender la decisión de la justicia penal de desalojar a las familias que luchan por tener un hogar.
También se habían acercado el vicegobernador Gabriel Mariotto, el senador provincial del Frente para la Victoria Emilio “Taka” López Muntaner y los concejales Guillermo Cara, Florencia Saintout y Ludmila Kostiuk del FpV Nacional y Popular, que resolvieron presentar un proyecto de ley en la Legislatura provincial para expropiar los terrenos y hacer un complejo de viviendas sociales. Pero, a pesar de los pedidos para llegar a una mediación pacífica para resolver el conflicto previendo que los implicados son personas sin hogar y muchos de ellos con hijos pequeños, y la postura de la Defensoría Oficial Nº 10 que apeló la medida en primera instancia al considerar que no se cometió el delito de usurpación, la Policía recibió la orden de reprimir y desalojar a las 1.500 personas que se encontraban allí en casillas y carpas.
Mientras tanto, no hay aún una alternativa para las familias que quedaron en la calle. Los vecinos desalojados organizaron de manera espontánea un corte en la ruta 2 en el empalme con 520 y una movilización en 7 y 50 acompañada por diferentes organizaciones en busca de una solución pacífica al conflicto.
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