Por Miguel Croceri
La idea de Mauricio Macri y de toda la derecha es impecable desde su punto de vista y desde su concepción ideológica y sus intereses: destruir el fuero laboral del Poder Judicial, también llamado “Justicia del Trabajo”. Y si la destrucción total fuera impracticable, igual habrán ganado si logran debilitarla, esterilizarla, quitarle su potencia y su fuerza como parte de las estructuras jurídicas que expresan formas de distribuir el poder.
La razón de la ofensiva es clasista, crudamente a favor de las clases sociales dominantes. Porque es el único ámbito del aristocrático Poder Judicial donde, por las doctrinas predominantes, las avanzadas legislaciones que se crearon desde mediados del siglo pasado, la jurisprudencia históricamente generada desde entonces y el perfil ideológico de quienes están a cargo de los juzgados y de las fiscalías, tiende a ser favorecida la clase trabajadora.
Es un lugar excepcional (en el sentido literal, como una excepción) dentro del sistema judicial, porque la balanza frecuentemente se inclina a favor del trabajo y no del capital. De cierta manera, la existencia misma de los tribunales de trabajo en una sociedad capitalista representa un contrapeso de quienes viven de su salario, ante la superioridad fáctica de los propietarios dentro del sistema de producción.
El fuero laboral fue creado en el país por el peronismo en su etapa embrionaria, podría decirse, ya que Juan Perón propuso los primeros tribunales de ese tipo cuando todavía no era presidente de la nación y ni siquiera había ocurrido la fervorosa gesta popular del 17 de octubre de 1945. Los pasos fundacionales de la Justicia laboral son de 1944, cuando el general que luego sería líder del pueblo y figura histórica era secretario de Trabajo y Previsión Social.
La “Noche de las Corbatas”
En días recientes se hicieron recordaciones a abogados laboralistas que fueron víctimas de la dictadura genocida, y de cuyo secuestro y posterior desaparición se cumplieron cuarenta años. La mayoría fueron secuestrados en Mar del Plata entre el 6 y el 8 de julio de 1977, y uno en Neuquén, veinticinco días antes y junto con su esposa, quien logró sobrevivir. De las víctimas marplatenses, hay dos que también son sobrevivientes.
Por esas simplificaciones a las que necesariamente apelamos los seres humanos para narrar hechos, individuales o colectivos, se denominó “Noche de las Corbatas” al secuestro y desaparición de ese grupo de abogados dedicados al derecho laboral, entre los cuales estaba una personalidad relevante para la historia jurídica y social del país como Norberto Centeno, uno de los principales redactores de la Ley de Contratos de Trabajo durante el peronismo de los años setenta. Varios de ellos y ellas, además, eran militantes populares, algunos de organizaciones revolucionarias.
(Con el “nombre” ocurre algo similar a como se denominaron, por causas que esta nota no se propone indagar, los crímenes dictatoriales de 1976 contra adolescentes militantes políticos en La Plata recordados en la memoria histórica como la «Noche de los Lápices”).
Uno de los homenajes por la “Noche de las Corbatas” tuvo lugar este jueves, 6 de julio, en Mar del Plata (así fue reflejado en una crónica del diario La capital de esa ciudad: http://www.lacapitalmdp.com/recalde-palazzo-y-cuartango-en-el-homenaje-a-la-noche-de-las-corbatas/).
Otra recordación se hizo el viernes en Córdoba. En ella participó el actual diputado provincial Martín Fresneda, quien tiene desaparecidos a su madre y su padre, y que fuera secretario de Derechos Humanos de la Nación en el Gobierno de Cristina Kirchner. Su madre, María de las Mercedes Argañaraz, era abogada laboralista igual que su esposo Tomás Fresneda, y a ambos los desaparecieron en la “Noche de las Corbatas”. Ella estaba embarazada. Martín Fresneda aún busca a su hermano o hermana que nunca llegó a conocer (sobre la recordación cordobesa, puede verse una crónica de Cba24n, portal de noticias de SRT, Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba: http://www.cba24n.com.ar/content/cordoba-homenaje-las-victimas-de-la-noche-de-las-corbatas).
Los hechos de hace cuatro décadas dieron lugar en 2016 al libro La Noche de las Corbatas, escrito por Felipe Celesia y Pablo Waisberg (hace un año, uno de los autores publicó una semblanza en el portal El Destape, donde llama la atención sobre las complicidades judiciales con aquellos crímenes: http://www.eldestapeweb.com/cuando-la-dictadura-silencio-los-abogados-los-trabajadores-n18764).
Abogados de Atocha
En diferentes países probablemente haya muchos abogados dedicados al derecho laboral que han sido perseguidos por regímenes opresores y violentos. En España es muy recordada la matanza de cinco de ellos, asesinados en las oficinas donde trabajaban juntos, en Madrid. Fue en enero de 1977. El mismo año en que otras y otros colegas suyos eran desaparecidos en Argentina.
Además de abogados, los españoles eran militantes de CC.OO., sigla de Comisiones Obreras, que es el nombre de la central sindical ligada al Partido Comunista de su país. Central sindical y partido que lucharon heroicamente durante los casi cuarenta años de la dictadura de Francisco Franco (desde la guerra civil que comenzó en 1936 hasta la muerte del dictador en 1975).
La masacre fue perpetrada por bandas terroristas de ultraderecha ligadas al franquismo, aunque su jefe había fallecido algo más de un año antes. En el país se había restablecido la monarquía, y un gobierno de transición conducía el proceso político hacia un sistema de elecciones libres y amplias libertades, aunque siempre sometidos al rey. En España y en gran parte de Europa a esos regímenes les llaman “democracia”.
Durante la transición, el aparato criminal franquista perduró por largo tiempo más allá de la muerte del jefe. Los abogados fueron asesinados en su estudio jurídico de la calle Atocha, cercano a la estación de trenes del mismo nombre.
(Digresión ajena al tema de esta nota: dicha estación se haría tristemente famosa en 2004, cuando el extremismo islamista perpetró allí uno de los ataques terroristas más mortales de la historia mundial).
Las víctimas de la masacre de 1977 en Madrid son recordadas en la memoria colectiva española como los “Abogados de Atocha”. Incluso hay un monumento cerca de las oficinas donde los asesinaron. También se creó una fundación con ese nombre (en la página web de la “Fundación Abogados de Atocha” puede accederse a valiosa información jurídica, histórica y política, por ejemplo, los datos de la matanza y su contexto de época: http://www.fundacionabogadosdeatocha.es/webabogadosdeatocha/Conocenos:Historia_de_los_Abogados_de_Atocha:288903–Los_abogados_laboralistas_del_despacho_de_la_calle_Atocha,_historia_viva).
Palabras de Macri y Vidal
Mauricio Macri, que no dice ni una palabra si previamente su conveniencia no está asegurada por estudios de opinión pública, sabe que hablar de “mafias” tiene alto impacto. “Pega” bien, logra una recepción tendencialmente favorable. No cuesta nada y se gana bastante en términos de cómo sus “denuncias” serán bien recibidas por ciertas audiencias y ciertos públicos -los que, para hacerlo de ese modo, tienen una predisposición ideológica, generalmente inconsciente-, quienes tienden a creer que el que está “denunciando” a las mafias está del lado de valores nobles.
Por eso, en su ataque propagandístico para erosionar y desgastar la credibilidad social en la justicia del trabajo, como uno de los pasos para debilitarla y esterilizarla, ha sacado pecho para “enfrentar a las mafias de los juicios laborales”. Además, en un discurso del pasado 12 de junio, dijo que “hay un grupo de abogados laborales encabezados por Recalde, que le han hecho mucho daño a la Argentina”.
Esa vez, de paso, hizo carambola: atacó a Héctor Recalde, abogado laboralista de toda la vida y militante político, y actualmente un valioso diputado que, como jefe del bloque del Frente para la Victoria, mucho contribuyó a mantener el decoro político para resistir al macrismo, mientras algunas ratas que habían integrado su misma bancada abandonaron el barco (y fueron cómplices de la devastación del país).
Pero, además, justamente el “mafioso” Héctor Recalde, y su hijo Mariano que trabajaba con él (también militante kirchnerista y que fue presidente de Aerolíneas Argentinas), rechazaron en 2007 un ofrecimiento de sobornos que llegaba hasta 20 millones de dólares para frenar un proyecto de ley -finalmente sancionado- que eliminó el fabuloso negociado de los “tickets canasta” como parte del salario de un trabajador.
El hecho fue denunciado judicialmente por Recalde, y en 2015 hubo una sentencia que condenó por ello al empresario Miguel Gutiérrez Guido Spano (el sitio web Fiscales, portal de noticias oficial del Ministerio Público Fiscal, publicó la información en julio de hace dos años: https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/tickets-canasta-condenaron-a-tres-anos-de-prision-en-suspenso-al-empresario-miguel-gutierrez-guido-spano/).
En ese uso marketinero de denunciar “mafias”, también María Eugenia Vidal comprendió la eficacia que tiene para sus intereses de poder y su proyecto político. Ella lo ha hecho para aludir a crímenes y otros delitos de policías y penitenciarios.
Justamente lo hace una dirigente de esa derecha que no solo jamás combatió la criminalidad policial ni de otros agentes armados por el poder público, ni en la dictadura ni nunca, sino que tanto el terrorismo de Estado durante el régimen genocida de los años 76/83 como la violencia estatal en la posterior etapa democrática siempre son parte de estrategias que sirven a las corporaciones y a los poderosos, cuyos intereses precisamente son representados por esa derecha.
Para la gobernadora, ante todo, el perfil antimafioso que se autoadjudica y que los aparatos mediáticos refuerzan (recuérdense, por ejemplo, sus amables almuerzos con Mirtha Legrand, que son puestas en escena para propagandizar los discursos y prácticas más reaccionarias), revisten a Vidal de un halo de fortaleza ante los “malos” y de mujer “valiente”. Todo eso constituye un capital político importante.
La alianza política que manda en el país y en la provincia de Buenos Aires integra un mismo bloque de poder con las corporaciones, entre ellas las económicas, las mediáticas y las judiciales. Controlan el Gobierno, la fracción dominante de la judicatura y los grandes aparatos comunicacionales.
En cambio, los sectores populares de todo tiempo y lugar tienen su propio capital político, particularmente la conciencia, la organización, la protesta en el espacio público -la calle, real y metafóricamente- y la posibilidad de expresarse en elecciones.
Asimismo, dentro de su patrimonio está la fuerza acumulada en un acervo histórico de luchas que incluyeron momentos heroicos, donde miles y miles de valientes en cualquier lugar del mundo enfrentaron la violencia de regímenes opresores.
Como los abogados laboralistas desaparecidos hace cuarenta años en nuestro país, en la misma época en que colegas suyos eran asesinados en España. Quién sabe si alguno/a habrá tenido conocimiento del otro/a, en aquel contexto de regímenes de terror y en aquel estadio tan lejano de las tecnologías de la comunicación, donde todas las distancias eran mucho más largas.
La memoria históricamente construida acerca de las luchas populares tiene, entre sus infinitos honrosos antecedentes, el ejemplo de abogados “mafiosos” a quienes les arrancaron la vida por defender a la clase trabajadora y a la Patria.
