Por Roberto Álvarez Mur
Tras conocerse la semana pasada el otorgamiento de libertad condicional luego de casi seis años de encierro, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense revocó ayer la condena a Reina Maraz Bejarano a prisión perpetua. Si bien la decisión puede aún ser apelada, marca un fuerte precedente en el curso del caso de la joven boliviana enjuiciada por el homicidio de su marido en 2010, quien cumplió tres años de prisión preventiva sin siquiera poder comunicarse por hablar la lengua quechua.
“Para nosotras esto es algo que nos moviliza muchísimo y nos llena de fuerzas, ya que entendemos que persiste una injusticia, y nos da la constancia y certeza de que lo que hubo fue racismo, un fallo patriarcal, un fallo clasista”, dijo a Contexto Eugenia Lara, referente de la Campaña Nacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres (CNMVM), colectivo que nuclea a un centenar de organizaciones políticas y sociales en la lucha feminista.
Cabe recordar que, desde el pasado 21 de diciembre, Reina pudo firmar su libertad condicional hasta tanto el caso encuentre una resolución final. “Sea lo que sea que pase, Reina espera definiciones en libertad. Mientras tanto, esto le da a ella la posibilidad de tener, al menos, algo de justicia sobre la injusticia que viene viviendo”, explicó.
En tanto, la absolución de ayer realizada en Casación no fue por unanimidad sino por mayoría. En ese caso existe la posibilidad de que el fiscal del Tribunal de Quilmes pueda apelar y llevar la definición a la Corte Suprema. «Incluso, puede llevarse a instancias internacionales”, agregó Lara respecto de la causa que condensa muchas de las vulneraciones a los sectores más desprotegidos a nivel social.
“Esta causa simboliza la esperanza de una lucha organizada desde el feminismo que pueda revertir fallos que perjudican a las mujeres desde los lugares más tradicionales de condena, como pueden llegar a ser el racismo, las condenas con mujeres que han estado en situaciones de violencias, con hijos muertos en manos de parejas”, dijo Lara.
“Esta causa simboliza la esperanza de una lucha organizada desde el feminismo que pueda revertir fallos que perjudican a las mujeres desde los lugares más tradicionales.»
“En el caso de Reina específicamente, que es una mujer migrante, con todo el endurecimiento de las políticas migratorias, sentimos que los derechos son para todas como mujeres. Y que los tratados sobre la transculturalidad y las lenguas originarias tienen que tener la vigencia por la que fueron firmados”, completó.
Nacida en Avichuca, un pueblo árido de Bolivia, Reina sólo habla su lengua materna, el quechua. En octubre de 2014 fue condenada a perpetua por el homicidio en concurso con terceros en 2010 de su marido, Limber Santos, con quien había venido desde su país natal.
Según se supo a través de las diversas declaraciones en juicios –donde la joven boliviana debió contar con un intérprete–, Reina era entregada por Santos a Tito Vilcar, un vecino, para que se cobrara sexualmente las deudas de juego que había contraído su esposo. Hacia noviembre de 2010, Santos y el vecino pelearon fuera del horno de ladrillos. Luego, regresó Vilcar y le dijo a Reina que “su marido se había ido al pueblo”.
Hacia mediados de octubre, se solicitó a la Justicia una revisión de la condena, donde “el fiscal reconoció que Reina era víctima de violencia emocional, física y psíquica”, según habían señalado desde la Comisión Provincial por la Memoria (CNVM).
Por su parte, para la CNVM, el caso de Reina puso en evidencia “la situación de extrema vulnerabilidad en tanto víctima de las múltiples violencias que promueve y sostiene el sistema judicial”.
