A los 68 años, y como consecuencia de un accidente de tránsito en la ciudad de Olavarría, perdió la vida ayer ex fiscal Hugo Cañón, un incansable luchador por los derechos humanos y por la continuidad y profundización de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina. El choque ocurrió en el kilómetro 496 de la ruta provincial 51.
Tras su paso por el ámbito judicial, integró las filas del partido Nuevo Encuentro, encabezado por Martín Sabbatella. En ese papel se lo vio públicamente el 24 de diciembre, en horas previas a la Navidad, en la puerta de la AFCSA, para repudiar la intervención del organismo decidida por el gobierno de Mauricio Macri.
A lo largo de su trayectoria en la lucha contra la impunidad, su compromiso lo llevó a tener un incuestionable prestigio a nivel provincial, nacional e internacional. Prueba de ello son las numerosas distinciones que ha recibido, destacándose el premio “Justicia Universal”, otorgado en 2000 por la Asociación Argentina Pro-derechos humanos de Madrid; el premio “Reconocimiento a la trayectoria y el compromiso con la Defensa de los Derechos Humanos” (2006) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, y el nombramiento en 2007 como “Personalidad Destacada de los Derechos Humanos” de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En noviembre de 2015, el Consejo Directivo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata propuso a la Universidad la entrega del título Doctor Honoris Causa a Cañón. En los fundamentos, la decana Florencia Saintout detallaba: “Cabe destacar su labor como Fiscal General de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, donde fue fundamental para lograr la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar”.
En noviembre de 2015, el Consejo Directivo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata propuso a la Universidad la entrega del título Doctor Honoris Causa.
“Cañón se destacó como el único miembro del Ministerio Público Fiscal en rechazar la Ley 23.521 de Obediencia Debida, que establecía que los oficiales de mediano y bajo rango de las Fuerzas Armadas y de Seguridad habían seguido órdenes y que, por lo tanto, no debían ser juzgados. Así, su posicionamiento significó un claro antecedente con la posterior derogación de las leyes de la impunidad que impedían el proceso con efectos penales”, continuaban los argumentos para pedir la distinción.
El documento elevado por Periodismo también recordaba que, “a pesar de las presiones, descalificaciones y pedidos de cesantía, Cañón no se detuvo y continuó las investigaciones que luego serían imprescindibles para la apertura de los procesos contra los genocidas que formaron parte del plan criminal de desaparición, tortura y exterminio en Bahía Blanca y la zona. El impulso que propició a los Juicios por la Verdad y su tenaz trabajo fue indispensable, por ejemplo, para la acusación de los represores que actuaron en jurisdicción del V° Cuerpo de Ejército y en la Base Naval Puerto Belgrano”.
También se destacaba que, como presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), “creó mecanismos para el monitoreo sistemático y el control de las condiciones de detención y el régimen de vida de las personas privadas de su libertad en todas las unidades carcelarias bonaerenses, como lo es el Comité contra la Tortura”.
Por último, se destacaba el “enorme compromiso asumido por Cañón para garantizar el acceso irrestricto de toda la ciudadanía a informes y estadísticas sobre distintas formas de violencia institucional asociadas a las políticas de seguridad y justicia. Estos documentos se han convertido en insumos necesarios para la elaboración de políticas públicas por parte de legisladores y decisores políticos y en material de consulta para la comunidad científica y académica”.
