El 2018, centenario de la Reforma Universitaria, estuvo signado por el intenso conflicto entre el gobierno nacional y las universidades públicas, cuyos sindicatos llevaron a cabo extensos paros y masivas movilizaciones contra los recortes salariales y presupuestarios. La tendencia que adoptó el macrismo se profundizó este año: subejecuciones, recortes y desfinanciamiento son nuevamente los ejes que describen el panorama para el sector de la educación superior pública.
En los primeros cuatro meses del año, las transferencias del Estado nacional a las universidades nacionales perdieron 20,9 puntos porcentuales con respecto a la inflación. El desembolso total fue de 41,4 mil millones de pesos, un 32% más de lo transferido el año pasado en el mismo lapso, frente a una inflación interanual de 52,9%. Mientras que en abril el desfinanciamiento fue peor: las transferencias a las casas de estudio perdieron 32,6 puntos porcentuales con respecto a la inflación registrada en ese mes.
En los primeros cuatro meses del año, las transferencias del Estado nacional a las Universidades Nacionales perdieron 20,9 puntos porcentuales con respecto a la INFLACIÓN.
Así lo señaló un informe del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) que depende de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), elaborado en base a datos del Ministerio de Hacienda, donde se analiza la situación presupuestaria de las universidades nacionales durante el primer cuatrimestre. «Estos números muestran claramente el retroceso del presupuesto universitario en términos globales», dijo a Contexto Yamile Socolosky, directora del IEC.
Socolosky explicó que son tres las áreas más afectadas por el ajuste: infraestructura y equipamiento, las becas estudiantiles y los programas que articulan a las universidades con el territorio (extensión, investigación) y aquellos que ayudan a los estudiantes de bajos recursos a poder acceder a la educación superior a través de comedores, alojamiento y transporte. «Es todo aquello que tiene que ver con garantizar el derecho a estudiar», afirmó la gremialista.
El caso del área de infraestructura es alarmante: la inversión fue de cero pesos. Las mayores transferencias del presupuesto 2019 están destinadas a salarios (86,9%) y gastos de funcionamiento (7,1%). En tanto, en el primer cuatrimestre el gobierno redujo en un 0,4% el presupuesto para becas, con respecto al otorgado inicialmente por la Ley de Presupuesto. «El recorte y subejecución afectó tanto al Progresar (14,4%) como a los programas Bec-Ar, de Becas en el Exterior en Ciencia y Tecnología (0,2% de ejecución) y a las Becas de Postgrado y Perfeccionamiento (8,8%)», sostiene el informe.
De acuerdo con la Ley de Presupuesto 2019, las universidades nacionales contaban con un presupuesto total de 144.766 mil millones de pesos. Durante el año «ese crédito fue reducido en $15,4 millones», apunta el informe. «De esta manera, aunque en un monto pequeño, se redujo el presupuesto universitario con respecto al presupuesto inicial cuando la inflación anual ya llega a 15,6% en sólo cuatro meses, y la inflación interanual llega a 55,8% (cuando la prevista en la ley de presupuesto era de 23%)», añade.
«El plan de ajuste se intensificó desde el acuerdo con el FMI, pero es cierto que el gobierno tuvo desde el inicio una actitud absolutamente agresiva hacia las Universidades públicas»
Asimismo, el nivel de ejecución de las transferencias en los primeros cuatro meses fue del 28,6%, el segundo más bajo en ese periodo en los últimos cuatro años. «Una ejecución ‘normal’ del crédito incluido en la Ley de Presupuesto hubiera implicado ejecutar 850 millones adicionales», afirmaron desde la Conadu.
El telón de fondo de los recortes y subejecuciones del sistema universitario es el ajuste fiscal que aplica el gobierno nacional para cumplir con el acuerdo con el FMI. «El plan de ajuste se intensificó desde que el gobierno cerró el acuerdo con el FMI, pero también es cierto que el gobierno tuvo desde el inicio una actitud absolutamente agresiva hacia las universidades públicas», concluyó Socolosky.
