El paquete de medidas de ajuste del Gobierno de Javier Milei no recae sobre la llamada «casta» política, como dijo durante la campaña. Por el contrario, quienes más sufren el impacto de las políticas de megadevaluación y desregulación de precios con nula recomposición de ingresos son los trabajadores, los jubilados y las pymes. Esos sectores representan un 67 % del ajuste, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
«De los 5,4 puntos de PBI, una suma de 2,35 puntos o lo que equivale al 43,5 % del total, serían costeados por los trabajadores activos, por distintas vías», señaló el estudio. Las medidas que afectarían a este sector son la reversión de la eliminación del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, el recorte a las transferencias a las provincias que afectaría partidas del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la suba de tarifas y de transporte, el congelamiento de los planes Potenciar Trabajo, la destrucción de puestos de trabajo de la obra pública y la afectación a trabajadores estatales por recortes en gastos de funcionamiento.
Vale remarcar que algunas de esas medidas requieren la aprobación del Congreso: reversión de la Ley de Ganancias, derechos de exportación para productos no agropecuarios de 15 %, blanqueo, moratoria y reducción de bienes personales y nueva ley de movilidad previsional. La modificación de esas leyes representa al menos 1,4 puntos de los 5 previstos del ajuste fiscal.
Las medidas sí concretadas fueron la devaluación del 118 % con su consecuente impacto inflacionario (sobre todo en los productos de la canasta básica alimentaria), y eso se combina con una profunda desregulación de los mercados: fin del programa Precios Justos, eliminación de las herramientas compensadoras de fideicomiso del trigo y aceite y fin de las políticas de cupos de exportación.
Este cuadro de desregulaciones implicó un aumento de la carne vacuna de 65 % en solo tres días de comercialización en la semana del 11 de diciembre, de acuerdo con el Mercado de Liniers, mientras que los combustibles aumentaron entre 35 % y 40 % solo el 13 de diciembre.
Otra medida aplicada fue la reducción del Estado para combatir a la «casta», según Milei. Aunque esta medida representa un escaso ahorro para el Gobierno. Según el CEPA, representa apenas el 0,0014 % del PBI, equivalente a un ahorro anual de 3.200 millones de pesos correspondiente a la reducción de 8 ministerios, 50 secretarías y 42 subsecretarías.
Por el lado de los jubilados, asumirían el peso de 9,3 % del ajuste a partir de la suspensión de la fórmula jubilatoria, si eventualmente se aprobara en el Congreso; y a través del recorte o congelamiento de los bonos que licuarían este rubro del gasto previsional, que es el 60 % del gasto. Sobre los jubilados flota la duda si continuará la política de medicamentos gratuitos del PAMI, el refuerzo alimentario que brinda a sus afiliados, al igual que la política de bonos a quienes cobran el haber mínimo. Se anunció, además, la intención de suspender la movilidad jubilatoria para aumentar las jubilaciones por decreto.
En tercer lugar, las pymes, sector fundamental del entramado productivo por las fuentes de trabajo que contiene, se verían afectadas por la suba del Impuesto PAIS a la importación de bienes (de 7,5 % a 17,5 %). Esto les incrementa el costo de la importación de insumos a un dólar de 940 pesos.
En suma, el 67 % del ajuste lo pagarían los trabajadores y trabajadoras activos, pasivos y pymes. A la par, no han habido anuncios ni indicios sobre políticas para la recomposición de ingresos.
Los beneficiados
Como contrapartida, la megadevaluación beneficia sustancialmente a aquellos sectores dolarizados previamente y que reciben flujo en dólares por su actividad económica. El blanqueo de capitales, según el proyecto de ley, se aplicará con tasas diferenciales, del 0 % para fondos en Argentina y el 5 % para fondos en el exterior. La gestión anterior había enviado un proyecto de exteriorización que contemplaba alícuotas crecientes del 5 al 20 % a medida que se demorara la declaración de bienes. La incertidumbre radica en si será una exteriorización similar a la realizada por el Gobierno de Cambiemos, sin el requisito de ingresos de las divisas o si se exigirá que ingresen.
En relación con bienes personales, el informe señala que se propone reducir la alícuota por año desde 1,5 % hasta llegar al quinto año a 0,8 %. Se puede pagar cinco años anticipados con la alícuota más baja y después no se presenta declaración jurada. Cuanto mayor sea la cantidad de años anticipados, menor será la alícuota. Esta propuesta es similar a la realizada por el Gobierno de Cambiemos, conjuntamente con el blanqueo aprobado en 2016, a los efectos de incentivar la declaración. Aunque el Congreso frenó su reducción total, se fijó una alícuota mínima de 0,25 %.
Se contempla un potencial levantamiento del cepo y dolarización de personas físicas y jurídicas con mayor poder adquisitivo. Durante el periodo 2016-2019, la formación de activos externos ascendió a 84.000 millones de dólares.
Respecto a la liberalización del comercio exterior, se plantea la pregunta de si se eliminarán las licencias no automáticas, lo que podría significar una apertura importadora que podría afectar la producción local y favorecer a importadores e intermediarios.
En cuanto al seguro de cambio para deuda importadora, se propone que el BCRA ofrezca un bono en dólares para importadores de bienes y servicios que podrán suscribir en pesos, voluntariamente, hasta el valor del stock de su deuda comercial externa. Estos bonos serán pagaderos en dólares al vencimiento que se conocerá al momento de su oferta, pero podrán extenderse hasta 2027 y rendirían un 5 % anual, con opción de rescate anticipado en pesos al tipo de cambio oficial. A diferencia de otros instrumentos de cobertura, este instrumento es pagadero en dólares.
