Por Roberto Álvarez Mur
Los trabajadores del gremio aeronáutico mantuvieron ayer una fuerte protesta frente a la audiencia por el pedido de apertura de ruta aérea por parte de cinco compañías extranjeras que se realizó ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nucleados en gremios como la Asociación de Personal Aeronáutico (APA) o la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), manifestaron ayer su preocupación frente a esta iniciativa del Gobierno de darle vía libre a las llamadas empresas “low cost”, consideradas como “servicios de bajo gasto a costa del trabajador y del usuario”.
Las empresas que pretenden introducirse al mercado aerocomercial argentino son Andes Líneas Aéreas, American Jet, Alas del Sur, Avianca y FB Líneas Aéreas, también conocida como FlyBondi. La firma Fly Bondi, por ejemplo, pidió para los próximos cinco años 99 destinos; 56 de ellos nacionales y 43 en América Latina. Es la compañía que más rutas solicitó y operaría desde el aeropuerto de El Palomar.
Por su parte, Sergio Mercau, vocero de la Asociación de Personal Aeronáutico, ya había advertido en comunicación radial que “el negocio es más para lavar guita que otra cosa”. En diálogo con Contexto, señaló: “Utilizan máquinas más viejas que las que se usan en el mercado local, en general son turbo hélice y de pequeño porte.
“Hemos solicitado a las autoridades pertinentes el aplazo de dicho acto, a los efectos de establecer mesas de diálogo donde podamos discutir y consensuar la política aerocomercial nacional, atendiendo los intereses del país, de las provincias, del turismo, de los trabajadores y fundamentalmente de los usuarios”, expresó un comunicado presentado en los últimos días y firmado por los bloques gremiales APA, APTA, UALA y UPSA.
El texto prosigue: “Concurriremos a fijar posición en salvaguarda de todas las empresas nacionales y, por ende, de los puestos de trabajo en calidad y cantidad, exigiendo a los organismos de incumbencia los controles eficientes para evitar tener que sufrir en la Argentina lo que recientemente vimos en tierras colombianas”, en referencia al accidente aéreo sufrido por el equipo de fútbol Chapecoense. “Tal como pasó con la compañía del vuelo de Colombia. Tenía capitales venezolanos, radicada en Paraguay y los técnicos eran peruanos. Donde menos les cobran impuestos, ahí van a generar ganancia, tercerizando personal. Es una manera de lavar dinero”, explicó Mercau, y agregó: “Antes, los CEO que estaban de un lado del mostrador, ahora están en ambos lados. Controlan el Estado y se asocian con las empresas. Eso es lo más peligroso, porque van a permitir el ingreso de cualquier tipo de delincuente que venga a lavar dinero con la excusa de poner empresas de bajo costo”.
Según la posición de los gremios, no existe tal cosa como “empresa de bajo costo”, si no es a costa de la precarización tanto laboral como en materia de infraestructura y seguridad. “No podés competir con tipos que pretenden hacer un vuelo Buenos Aires-Córdoba a 30 dólares, no se justifica económicamente. No te dan los números”, dijo Mercau.
En tanto, la Unión Personal Superior y Profesional de Aerolíneas Comerciales (UPSA) que lidera Rubén Fernández presentó anteayer una medida cautelar en la Justicia Federal en reclamo de “la postergación o aplazamiento” de la audiencia pública convocada por el Gobierno.
