Por Gabriela Calotti
El martes 4 de abril de 2017, el Boletín Oficial publicó el Decreto 225, firmado por el presidente Mauricio Macri, autorizando a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en los términos del artículo 20 del anexo al Decreto 2.670 del 1º de diciembre de 2015 a disponer y enajenar los inmuebles del Estado nacional que se detallan en su anexo correspondiente. La lista contempla 39 inmuebles en zonas urbanas o rurales que pertenecen al Estado argentino, es decir, a todos nosotros.
Sin embargo, argumentando recortes en el Ministerio de Defensa, que se contraponen con la multimillonaria compra de armas a Estados Unidos que un puñado de periodistas destapó en las últimas semanas, entre esa lista figuran 7.200 hectáreas del Campo Los Andes, en el departamento de Tunuyán, provincia de Mendoza, dirigida por el gobernador radical Alfredo Cornejo, cercano aliado de Macri.
El decreto explica que en algunos de los casos se trata de predios que están en estado de “subexplotación o de un inapropiado aprovechamiento”. En lenguaje de Cambiemos, esto significa que no están sirviendo para hacer negocios.
El Campo Los Andes tiene en total 10.000 hectáreas. Está a cincuenta kilómetros de la frontera con Chile. Las más de 7.000 hectáreas que se venderán pertenecen a la llamada La Remonta, inmenso predio en manos del Ejército que tiene allí haras de caballos y donde también viven medianos productores, entre estos quienes producen los famosos porotos pallares. Desde hace muchas décadas viven también familias, como una anciana que supera los ochenta y todavía no tiene luz. Las tierras de La Remonta son fértiles y tienen un alto potencial de producción, según pudo saber Contexto en estos días.
La Ley nacional 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, en particular por parte de extranjeros, sancionada en diciembre de 2011, ponía justamente un cupo, un límite a la venta y posesión por parte de extranjeros. Pero a poco de llegar a la Casa Rosada, Macri, quizá pensando en la ‘angustia’ de los patriotas que tuvieron que desprenderse de la Corona española y/o de otras coronas, introdujo varios cambios en la ley mediante el Decreto 820/2016. En la línea de destrabar las restricciones impuestas por la ley kirchnerista, la alianza Cambiemos puso reparos al hecho de que los extranjeros no pudieran comprar más de mil hectáreas cada uno.
“El cupo está más que cubierto porque hay muchas tierras en manos extranjeras” que, además de comprar las tierras, “hicieron inversiones en bodegas de alta gama”, explicó a Contexto un conocedor de lo que está ocurriendo en la zona en contacto con los Asambleístas del Valle de Uco.
Ahora, el flamante decreto de Macri “los habilita” a escriturar, es decir, a dejar sin efecto el cupo impuesto por el Gobierno nacional anterior, agregó la misma fuente.
Los negocios que se vienen
El anuncio de que era inminente la publicación del decreto en el Boletín Oficial y de que había un proyecto bastante avanzado fue conocido nada menos que en un tradicional desayuno que la Corporación Vitivinícola Argentina COVIAR organiza días antes de la Fiesta de la Vendimia, indicaron a Contexto fuentes confiables de la zona. Al parecer, los intendentes de Tunuyán, Martín Aveiro, y de San Carlos, Jorge Andrés Difonso, “se desayunaron” allí mismo que ya estaba todo bastante cocinado.
Y no era para menos. En ese desayuno que tuvo lugar los primeros días de marzo estaban el ministro de Agricultura de la Nación, Ricardo Buryaile, el gobernador Cornejo, pero también los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urutubey, y de Neuquén, Omar Gutiérrez. Entre los altos funcionarios y legisladores nacionales y provinciales reunidos en el lujoso Hotel Park Hyatt Mendoza también estaban, según una gacetilla de COVIAR, otros nombres (de poca feliz actuación para los intereses nacionales) como José Octavio Bordón, Julio Cobos y Celso Jaque.
Durante ese desayuno se supo de la propuesta de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), que depende del Ministerio de Agroindustria, y que dirige Alejandro Gennari.
Días después de conocerse el decreto firmado por Macri y tras los primeros cortes en la Ruta 40 que impulsaron vecinos del Valle de Uco para visibilizar su reclamo, el titular de la AABE, Ramón Lanús, no sólo avaló el proyecto de Gennari sino que afirmó que el objetivo es “volver más productiva esa tierra”.
“Nos encontramos con tierras de enorme potencial, que están subaprovechadas y con un manejo muy deficiente del agua”, sostuvo el funcionario en declaraciones al diario mendocino Los Andes. El funcionario macrista no le dio ninguna importancia a las razones por las cuales “la desidia del Ejército llevó” estas tierras a “esta situación”.
Y al ser consultado sobre si “realmente cree” que los vecinos podrán competir en una subasta tan cara, a razón de 30.000 dólares la hectárea, Lanús se limitó a responder cínicamente: “nosotros somos el Gobierno nacional y no queremos hacer negocios inmobiliarios”.
Los pobladores no lo ven así. “Son proyectos de inversión. Presentaron un proyecto que en ningún lado menciona a las personas que viven en esas tierras. Es un proyecto que no tiene un componente social”, dijo a Contexto un abogado de la región consultado al respecto. El proyecto no dice nada sobre las veinticinco familias que allí viven y producen. Nada plantea sobre su reubicación o su traslado de esta zona altamente productiva.
“En el proyecto dicen que van a tomar deuda publica externa, van a hacer obras de infraestructura como represas o generación de electricidad, riego presurizado, y van a expandir la parte cultivable. Luego van a vender las tierras por licitación internacional a 30 mil dólares la hectárea y esto implica que los únicos que podrán acceder son empresas importantes extranjeras. Van a provocar el éxodo de los pequeños productores que están allí y de los otros pequeños de la región. Los van a expulsar”, sentenció la misma fuente.
Los vecinos del Valle de Uco se movilizan
Ante lo que se viene, desde principios de marzo, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados que reúne a pobladores de los departamentos de Tunuyán y San Carlos empezó a organizarse para poner coto a estos negociados en todos los frentes posibles. Aunque la relación de fuerzas es desigual, en otros puntos del país la unidad de la población ha podido frenar algunos negocios, como está ocurriendo en El Bolsón, frente al multimillonario Joe Lewis, también amigo de Macri, o en Córdoba, cuando los vecinos de Malvinas Argentinas frenaron la puesta en funcionamiento de una planta de semillas transgénicas de la trasnacional agrotóxica Monsanto.
“No descansaremos hasta anular el decreto de venta. ¡Iremos y haremos lo que sea necesario! ¡La Remonta no se vende! En defensa del Agua y de la Tierra!, afirmó por Facebook Fabiana Villafañe, una de las más aguerridas y claras voceras de los asambleístas del Valle de Uco.
En diálogo con Contexto, Villafañe precisó que se están llevando adelante diversas iniciativas. En el ámbito judicial presentarán un recurso de amparo para pedir la anulación judicial del decreto, y en el legislativo, la diputada nacional por Mendoza, Soledad Sosa, presentó un pedido de anulación del decreto.
Tras recordar las “promesas de inversiones” efectuadas por Macri y Cornejo en la provincia, Sosa subraya que “este proyecto de venta desesperado se conjuga con la pérdida de un importante patrimonio público que remata los bienes comunes como el agua y la tierra a favor de la extranjerización y la concentración de la tierra en manos de privados”.
“Creemos que si la gente no reclama en la calle, no va a ser posible que tengamos éxito”, opinó Villafañe, antes de asegurar que “el plan de lucha se va endureciendo a medida que pasa el tiempo y no tenemos respuesta”.
“Tiene que haber marcha atrás, pero más allá de las acciones judiciales y legales, lo que va a haber es conflicto social en el Valle de Uco”, adelantó sin titubear esta activista que cada sábado está presente en los cortes informativos sobre la Ruta 40 que une San Carlos y Tunuyán para que la sociedad se entere del plan de Macri y de sus aliados provinciales, pese a que cada sábado hay más Gendarmería, Policía provincial que no duda en filmar a los asambleístas e inclusive Policía Federal.
El próximo paso será movilizarse hacia la ciudad de Mendoza “para que el Gobierno provincial deje de esconderse”, advirtió Villafañe.
“Todos los decretos y leyes se pueden modificar, anular o dejar sin efecto. Son decisiones políticas. Lo real es que podrían declararse nulos o inconstitucionales a través de un Poder Judicial independiente, pero ninguna de esas posibilidades está vigente en la Argentina en esta democracia debilitada totalmente”, lamentó el letrado conocedor de la región cuyana, cuyos conflictos pocas veces trascienden las fronteras provinciales por el cerco que establecen las corporaciones mediáticas para proteger al poder de Cambiemos.
Mientras Macri y sus funcionarios dicen rasgarse las vestiduras por la educación pública, pese a que se niegan a acatar los fallos judiciales que les obligan abrir la Ley de Paritaria Nacional Docente, cuentan que dentro de La Remonta hay una escuela que se llama “Presidente Yrigoyen”. Estas tierras son las que Macri ofrecerá al mejor postor.
“La movilización popular es lo único que puede frenar este decreto», enfatizaron las diversas fuentes.
