Traslados masivos y arbitrarios, sumarios indiscriminados, condiciones de trabajo “lejos” de las necesidades mínimas, falta de limpieza e higiene, falta de insumos y medicamentos básicos, insumos vencidos y ninguna ambulancia preparada para una emergencia, forman parte del panorama que trabajadores de la salud del Servicio Penitenciario (SPB) bonaerense describieron el lunes durante una concentración frente a la Gobernación.
Allí entregaron un petitorio y le reclamaron a María Eugenia Vidal, al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, y a los responsables del SPB Fernando Rozas y Javier Zoulemian que “revisen” las decisiones adoptadas y convoquen a una “mesa de diálogo”.
“Desde que llegó la última gestión se han producido muchísimos sumarios, algunos de dudosa situación. El viernes llegaron a todas las unidades un elevado número de traslados de médicos de La Plata a Magdalena, de Magdalena a Florencio Varela, de Mar del Plata a Sierra Chica… Traslados a más de 100 km de distancia, por cuanto no podrán cumplir su tarea laboral ni vida cotidiana en forma normal”, denunció a la prensa Juan Alvaro, médico clínico en la Unidad Penitenciaria de Gorina, en medio de un centenar de trabajadores de al menos diecisiete penales bonaerenses.
“Hay infinidad de situaciones que nos llevaron a autoconvocarnos. No queremos faltar el respeto a nadie. Lo único que estamos pidiendo en un petitorio es que la gente revea la situación que ha generado y que tengan un poco de empatía y se pongan en el lugar del otro”, sostuvo, antes de precisar que para muchos de los afectados su trabajo en la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria (DPSP), depediente del SPB, es su única fuente laboral.
En un petitorio de dos carillas y media, los trabajadores de la salud del SPB, que ascienden a unos 2.000 y que contemplan médicos clínicos, enfermeros, odontólogos, administrativos, psicólogos, trabajadores sociales, ayudantes terapéuticos, bioquímicos y personal de saneamiento ambiental, denunciaron inclusive el vaciamiento, en menos de seis meses, del Hospital General de Agudos Mixto perteneciente a la Unidad Penitenciaria N° 22 de Olmos.
“La U-22 fue reinagurada hace poco tiempo por funcionarios del Gobierno bonaerense y ahora fue desmantelada”, aseguraron. En efecto, ese hospital fue reinagurado por Vidal y por el intendente platense Julio Garro el 6 de diciembre de 2016, según consta en el diario El Día de La Plata, que acompaña la nota con una foto.
Además de cuestionar los “trasladados masivos y arbitrarios”, denunciaron los “sumarios indiscriminados y masivos”, las condiciones de trabajo en los penales “que están lejos de ser las necesarias para cumplir con el trabajo” y la “la falta de insumos”, que es un “problema crónico” en todos los Gobiernos “y este no es la excepción”, subrayaron.
“Los insumos para las patologías crónicas y agudas brillan por su ausencia”, advirtieron, antes de señalar que “los médicos deben obrar a modo de curanderos”, pues no cuentan con analgésicos, ni antihipertensivos ni antiácidos.
“Sin mencionar que si existiera una emergencia de salud ninguna unidad carcelaria tiene una ambulancia preparada para afrontarla: por ejemplo, no se cuenta con oxígeno hace más de un año, no existen laringoscopios ni cajas de paro”, precisa el petitorio.
“Servicio Penitenciario Bonaerense: no somos corruptos” o “Señor Ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, no somos corruptos. Somos trabajadores, respete nuestros derechos”, o “Cambiemos=fábrica de pobres”, eran algunos de los carteles que colocaron sobre las rejas de la Casa de Gobierno.
Sabrina, psicóloga en la Unidad de Florencio Varela, también se refirió a la situación por la que atraviesan los profesionales de la salud que atienden a los internos y mencionó, entre otras unidades afectadas, los complejos de Florencio Varela, Sierra Chica, La Plata y Campana.
“No se reciben insumos y en algunos casos se han recibido insumos a punto de vencer”, denunció a Contexto.
Como si fuera poco, “han sumariado al 98% de los profesionales”, en muchos casos por falta de control en el cumplimiento de sus horarios, por la pérdida de los expedientes de horarios o porque quienes deben tomarles la entrada y la salida no lo hacen como corresponde. Inclusive comentaron el caso de un profesional de la salud que “fue sumariado y que se suicidó el año pasado”.
Los trabajadores de la salud que se concentraron en 6 entre 50 y 51, sobre la vereda de la Casa de Gobierno, que desde que asumió Vidal permanece cerrada al público, entregaron un petitorio a las autoridades y aclararon que como personal de una fuerza de seguridad no tienen derecho a hacer reclamos colectivos sino solamente individuales.
“La gente tiene miedo de participar. Y nosotros estamos diciendo que no estamos haciendo nada malo, sino hacer un reclamo que nos parece justo”, sostuvo Juan Alvaro, antes de indicar que uno de los objetivos del reclamo público es además pedir una audiencia con “alguien que esté a cargo de la situación: gobernadora, ministro Ferrari o quien tenga ganas de atender”.
El objetivo de esta protesta es obtener una reunión con la comisión bicameral de Diputados y Senadores que está a cargo de la “emergencia penitenciaria” y que preside el “Dr. Jorge D’Onofrio”, senador massista. “Nosotros queremos que estén al tanto, al igual que la sociedad en general, de la situación real del Servicio Penitenciario, si no terminamos pensando que en el Servicio Penitenciario sólo hay ñoquis y que lo único que sirve es hacer una purga”, sostuvo.
En abril, Vidal anunció una “purga” en el SPB con unos 1.200 despidos y unos 5.000 sumarios “por diversas irregularidades” sobre un total de 23.000 agentes en esa fuerza.
Juan Alvaro admitió que debe haber una “redistribución del personal”, pero “como lo hicieron ellos no es la forma. Todos terminaron en la misma bolsa y hay que ver caso por caso”, sentenció este médico. “Pedimos empatía y consideración”, agregó.
Erica, empleada administrativa, aseguró a Contexto que “todo comenzó con una campaña de desprestigio”, y aseguró que “en varias unidades están sacando personal administrativo de salud y hasta de farmacia”, y sostuvo que “con traslados a 100 o a 400 km te obligan a renunciar”.
El médico consultado aclaró que si las autoridades sólo ven como un problema la mala distribución de la gente en el Servicio Penitenciario, “están viendo el problema por la cerradura. El problema del Servicio Penitenciario es bastante más amplio”.
“Muchos de nosotros, con nuestro voto, depositamos en ustedes la ilusión y la confianza de una Argentina más grande”, afirmó el petitorio entregado a la prensa y a los funcionarios de Vidal cuando sólo faltan cuatro meses para unas elecciones legislativas decisivas para el rumbo de Cambiemos en el poder. Pero sus palabras no quedaron ahí y les advirtieron: “sería bueno replantearse si estas son las formas de pagarle a quienes los pusieron en el lugar que ocupan hoy”.
