A esta altura, cualquier argentino en su sano juicio sabe que Mauricio Macri hizo todo lo contrario a lo que prometió durante la campaña presidencial. Millones son las víctimas de sus políticas neoliberales inhumanas, empezando por los trabajadores a los que les saquearon parte de sus salarios o directamente los dejaron sin empleo, y las familias que fueron arrojadas a la pobreza.
“Nadie va a perder derechos”, decía Macri antes de las elecciones de 2015, pero lo cierto es que los derechos adquiridos se expropian día a día desde que asumió en la Casa Rosada. Así ocurrió con 170 mil personas discapacitadas a las que el Gobierno les quitó sus pensiones no contributivas aplicando un decreto de los años menemistas, el 432/97, violatorio de las leyes vigentes y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional.
“Aprietan un botón y van bajando pensiones de un plumazo, sin ninguna notificación previa. Los beneficiarios van al banco y se encuentran con que no tienen el dinero en sus cuentas. Esto es realmente preocupante, una barbaridad, porque perjudican a los que más necesitan de esas pensiones otorgadas cuando en Argentina prevalecían las políticas de inclusión”, dijo a Contexto Alberto Ciampini, del Frente para la Victoria.
Ciampini preside la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, que ayer intentó tratar el tema, pero Cambiemos y otros bloques, como el Frente Renovador de Sergio Massa y el Bloque Justicialista de Diego Bossio, no dieron quorum para hacerlo.
En unas imágenes viralizadas en las redes sociales se veía al diputado macrista Eduardo Amadeo escuchando desde la puerta lo que hablaban los legisladores del FpV-PJ y la socialista Gabriela Troiano, únicos presentes durante el encuentro.
“No sólo no aplican políticas que propugnen la construcción de una nación con más inclusión y derechos, sino que además nos espían dentro del propio Congreso en una suerte de macartismo que es lamentable”, cuestionó Ciampini al referirse a la actitud de Amadeo.
Más tarde, los integrantes de la Comisión de Discapacidad se sumaron a los de la Comisión de Salud y, si bien los legisladores de Cambiemos volvieron a brillar por su ausencia, se acordó citar a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, para que el 28 de junio dé explicaciones sobre la quita de pensiones.
Ciampini señaló que llegaron al Congreso muchos petitorios contra el ajuste en discapacidad desde diferentes provincias y que también existen proyectos de rechazo de distintos bloques parlamentarios, por lo que aspiran a que “la derogación del decreto 432/97 pueda ser tratada en la próxima sesión de Diputados”.
“No podemos permitir que la gente siga sufriendo las malas políticas de Cambiemos. La defensa de los derechos de las personas con discapacidad vamos a llevarla hasta las últimas consecuencias”, completó.
Amparos y manifestaciones
Mientras tanto, la jueza federal de Viedma, Mirta Filipuzzi, recibió este martes un amparo colectivo para ponerle un freno al recorte. La presentación fue hecha por un grupo de legisladores rionegrinos, junto a la Asociación Civil Encuentro Solidario y la Fundación Patagónica INAUN, al considerar que la medida “lesiona y altera los derechos y garantías constitucionales y, por lo tanto, es arbitraria y autoritaria”. Acciones similares se preparan en provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Misiones y Neuquén.
Al mismo tiempo, las familias afectadas ya organizan una manifestación nacional para el próximo lunes 26 de junio, a partir del mediodía, en Plaza de Mayo y otros puntos importantes del país. “Vamos a luchar para que no les saquen la pensión a nuestros hijos”, subrayaron en la convocatoria.
Ante el repudio generalizado, la cartera de Stanley difundió a través del diario Clarín que revisarán las pensiones dadas de baja este año. Según Desarrollo Social, son 70 mil, aunque las organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad sostienen que ascienden a más 80 mil.
Más allá de los números, la “revisión” de Stanley sólo abarcará a “aquellos que presenten quejas en el centro de atención del Ministerio”, y no contempla dar marcha atrás con el decreto 432/97, que endureció los requisitos para acceder a las pensiones.
Las nuevas condiciones excluyen a las personas discapacitadas cuyas familias perciban un ingreso de 19.200 pesos por mes, que tengan un cónyuge que cobre una pensión o jubilación –incluso la mínima de 6.377 pesos–, o posean un auto u otro bien a su nombre.
Troiano, especialista en temas de discapacidad, indicó que todos estos requisitos son “ridículos” y que parten de un decreto que “reglamentaba una ley previa, la 13.478, que quedó vetusta”.
“No pueden tomarse criterios como el ingreso mensual o si posee un auto. A una persona con discapacidad que no tiene una casa propia no le alcanza con un ingreso mensual, y un automóvil para una persona con discapacidad no es un lujo sino una necesidad. Si hay un familiar que tiene un trabajo en blanco no es suficiente. Las personas con discapacidad necesitan un respaldo; deben enfrentar estudios médicos, existen discapacidades que requieren de medicamentos no reconocidos en el Programa Médico Obligatorio o, simplemente, acceder a un audífono cuesta entre 30 o 50 mil pesos”, ejemplificó la diputada en diálogo con la prensa nacional.
