En sintonía con su plan de liberación total de la administración política hacia el mercado, el Gobierno anunció la privatización de Corredores Viales SA, entidad a cargo de la administración de las rutas y autopistas nacionales. La medida fue comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien sostuvo que el objetivo es pasar a una modalidad donde el sector privado se encargue de la obra pública en base al cobro de peajes. De este modo, el Estado se desentiende del mantenimiento de unos 6.000 kilómetros de autovías nacionales clave para el transporte.
En su conferencia de prensa matutina, Adorni anunció que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), dependiente del Ministerio de Economía, será el área encargada de “adoptar las medidas necesarias” para llevar adelante el proceso de privatización de la compañía estatal. Según prevé la medida, la compañía estatal Corredores Viales creada en 2019 se disolverá, liquidará y entregará a capitales privados que, según definió el Gobierno, tendrán “el derecho de exigir el cobro de un peaje”.
“Este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a partir de la participación del sector privado, que se va a encargar de ejecutar obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir el cobro del peaje a los usuarios”, afirmó el portavoz de Casa Rosada.
Al referirse al procedimiento que llevará adelante el Gobierno hacia esta nueva modalidad, Adorni anunció que ATEP se encargará de proceder con “la extinción por mutuo acuerdo los contratos de concesión de vigentes de 10 tramos asignados a corredores viales que comprenden diferentes rutas nacionales” y “la ejecución de los procedimientos de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los referidos corredores”.
Asimismo, se avanzará con “la disolución y posterior liquidación de corredores viales una vez adjudicados y perfeccionados los contratos con las empresas que resulten seleccionadas”.
Desde el sector gremial ya salieron a marcar su preocupación al respecto. Fabián Catanzaro, referente del Sindicato de Trabajadores de Vialidad Nacional, sostuvo que “esta situación ya fue vivida” en los procesos privatizadores de la década de los 90’s. “No sabemos qué va a pasar con nuestros compañeros. Sobre un plantel de 8.000 trabajadores, luego de las concesiones, quedó un plantel de 3.000”, advirtió en declaraciones radiales.
