El primer año de la gestión de Javier Milei estuvo atravesado por un alarmante aumento de la violencia contra la población LGBTIQ+, registrándose en todo 2024 al menos 140 crímenes de odio, con un significativo aumento de los asesinatos. Así da cuenta un nuevo informe de la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT), que advirtió la gravedad del desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a la comunidad y el impacto de los discursos de odio.
El Obsevatorio de Crímenes de Odio, impulsado por la FALGBT, y las Defensorías de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, analiza los crímenes motivados por discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género.
En ese punto, el Observatorio entiende: «tipo de crímenes como un acto voluntario consiente, generalmente realizado con saña, que incluye -pero no se limita- violaciones del derecho a la dignidad, a la no discriminación, a la igualdad, a la integridad personal, a la libertad personal y a la vida. Esta agresión tiene la intención de causar daños graves o muerte a la víctima, y está basada en el rechazo, desprecio, odio y/o discriminación hacia un colectivo de personas históricamente vulneradas y/o discriminadas, siendo en este caso nuestro objeto de relevamiento y observación el colectivo de personas de la comunidad LGBT+».
Durante 2024 se registraron 140 de estos crímenes. El 64 % de los casos (90) corresponden a mujeres trans; en segundo lugar, con el 23 % (32), se encuentran los varones gays cis; en tercer lugar, con el 8 % (11), las víctimas son lesbianas; posteriormente, con el 4 % (5), se encuentran los varones trans; y por último, con el 1 %, las personas no binarias.
De todos los crímenes de odio registrados en 2024, el 48 % de los casos (67) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir, asesinatos, muertes por violencia estructural y suicidios; y el 52 % restante (73), a lesiones al derecho a la integridad física, es decir, violencia física que no terminó en muerte.
El informe indica que del total de lesiones al derecho a la vida, el 25 % de los casos son asesinatos; el 66 % son casos de muerte por violencia estructural –es decir, muertes en donde la vulneración sistemática e histórica de derechos generó las condiciones materiales de precariedad en la que se inscriben estos decesos, todos ellos evitables–; y el 9 % restante está constituido por casos de suicidios.
Las denominadas lesiones al derecho a la vida tienen como principales víctimas a las mujeres trans en el 87 % de los casos, a las lesbianas con el 5 %, con el 4 % a varones trans, y el 4 % restante son varones gays cis.
En cuanto los asesinatos, en 2024 se cometieron 17 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual –11 mujeres trans, 3 lesbianas y 3 varones gay cis–; 44 muertes por violencia estructural –43 mujeres trans y un varón trans–; y 6 suicidios –4 mujeres trans y 2 varones trans–.
«Los crímenes de odio se caracterizan por ser cometidos con una descomunal rabia, con métodos de tortura, y en los casos de asesinato pareciera que arrancarles la vida a las víctimas no basta, sino que además, sus cuerpos quedan destrozados», indica el informe.
La violencia persiste y se traslada a la calle
Con estos números se registran cuatro años de incremento constante de los crímenes de odio. En 2021 se registraron 120 casos, en 2022 la cifra llegó a 129, en 2023 alcanzó 133 y en 2024 trepó a los 140 casos. «Esta tendencia confirma que la violencia contra la población LGBT+ no solo persiste, sino que cada año se amplifica, evidenciando la ausencia de políticas efectivas para su erradicación y la falta de respuestas institucionales», manifestaron desde el Observatorio.
Otro dato significativo tiene que ver con el incremento de las agresiones físicas. En anteriores informes, la violencia estructural encabezaba la lista, pero este puesto fue desplazado por los golpes, que constituyen el 35 % (49) de los casos totales de crímenes de odio. La violencia estructural quedó en segundo lugar, con el 31,43 % (44) de los casos. «Esta inversión indica un aumento de agresiones directas y brutales en la vida cotidiana de las personas LGBT+, evidenciado también en el crecimiento de los crímenes ocurridos en la vía pública, que pasaron del 24% en 2023 al 35% en 2024. La falta de garantías de seguridad en el espacio público y la creciente normalización de ataques físicos configuran un escenario extremadamente alarmante», indica el informe.
En cuanto a la autoría, las fuerzas de seguridad representan una de las principales amenazas para la población LGBT, constituyéndose como atacantes en el 12 % de los casos. Sin embargo, la lista la encabezan personas privadas, pasando del 26 % en 2023 al 52 % en 2024. «Este dato
evidencia una sociedad donde la violencia contra las personas LGBT+ ha sido progresivamente legitimada y alentada, impulsada por discursos discriminatorios y la falta de sanciones efectivas contra los agresores», detalla el Observatorio.
El desmantelamiento de las políticas públicas y sus consecuencias
«Estos datos refuerzan la urgencia de implementar políticas públicas efectivas de prevención, asistencia y sanción de los crímenes de odio. El contexto político actual, marcado por la eliminación de programas de diversidad y derechos humanos, ha generado un clima de impunidad que favorece el incremento de
la violencia. La desregulación estatal y la normalización de discursos de odio han impulsado un crecimiento alarmante de los crímenes de odio en Argentina», concluye el informe.
La FALGBT manifestó su preocupación por desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a la población LGBT+, como es el caso del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI) y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Asimismo, cuestionó el vaciamiento del Programa Nacional de VIH, ITS y Hepatitis Virales; el cupo laboral trans; la Red de Asistencia Integral de las Violencias; los programas de patrocinio legal gratuito, entre otras políticas.
Con esto, el Gobierno «no sólo consolidó un Estado que desoye y abandona a la comunidad LGBT+, sino que también profundizó un contexto de mayor vulneración de derechos. Sin herramientas para denunciar discriminación, sin acceso a empleo y salud, y sin políticas de prevención de la violencia, el colectivo LGBT+ se enfrenta a una situación de total desprotección».
Los discursos de odio y la construcción de un enemigo
La FALGBT destacó el impacto de los discursos de odio y cómo los mismos constituyen «una construcción sistemática de un enemigo social». Así dice el informe «El gobierno de Javier Milei ha utilizado estrategias discursivas que señalan a la comunidad LGBT+ como una amenaza para la sociedad, la cultura y la identidad nacional». Tal como indica, desde la asunción de Milei se han incrementado los ataques hacia la comunidad LGBT+ en la vía pública. En ese punto, el Gobierno «ha generado un efecto legitimador» de la violencia hacia la diversidad sexual.
Denuncias contra Milei y el pedido de declarar inconstitucional uno de sus últimos avances contra el colectivo LGBT+
Tras sus declaraciones en Davos, donde Milei lanzó una catarata de comentarios de odio a la diversidad sexual, la FALGBT presentó una denuncia contra el presidente «por incitación al odio, amenazas e intimidación pública». La intención no solo busca «responsabilizar penalmente al Presidente, sino también visibilizar los efectos de sus discursos en la vida cotidiana de la comunidad LGBT+. La falta de una respuesta judicial firme ante este tipo de discursos puede sentar un precedente peligroso, en el que la incitación al odio se vuelve una herramienta política legítima».
Por otro lado, la FALGBT ha realizado una presentación para exigir que se declaren inconstitucionales los cambios en la Ley de Identidad de Género que ponen en riesgo los tratamientos y el acompañamiento a las infancias trans, poniéndolas en una situación de vulnerabilidad.
Para la FALGBT, el DNU de Milei no solo es inconstitucional, «sino que además es un acto
discriminatorio contra las infancias trans», al no permitir seguir con sus tratamientos hormonales. «Esta
prohibición absoluta no solo vulnera la autonomía progresiva y la igualdad ante la ley, sino que además genera consecuencias gravísimas en la salud de las personas trans adolescentes. Suspender tratamientos en curso puede provocar daños irreversibles en la salud física, mientras que impedir el acceso a quienes aún no han iniciado el proceso les expone a un grave deterioro de su salud mental. Se trata de una medida cruel e injustificada que, lejos de proteger, condena al sufrimiento a una de las poblaciones más vulneradas e indefensas de nuestra sociedad», indican.
