Por Fernando M. López
Tras diversos homenajes a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, asesinados por la Policía Bonaerense el 26 de junio de 2002, el reclamo de justicia se redobla este domingo sobre el Puente Pueyrredón con organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que anoche marcharon con antorchas desde la estación de Avellaneda que lleva el nombre de las víctimas y, luego, realizaron una vigilia.
“Venimos de una semana de brigadas de trabajo voluntario en barriadas del conurbano bonaerense y el interior del país. Para nosotros, el 26 de junio es el Día de la Juventud Militante, y los jóvenes llevaron adelante acciones concretas siguiendo el ejemplo de Darío y Maxi”, señaló a Contexto Carina López Monja, vocera del Frente Popular Darío Santillán (FPDS).
La jornada de ayer en Avellaneda también incluyó una feria popular con cooperativas y emprendedores autogestivos, talleres culturales, charlas-debate y un festival de bandas. Hubo actividades similares en La Plata, Necochea, Tucumán, Neuquén, Río Negro, Jujuy y Salta.
Pero uno de los momentos más importantes se vivió el jueves, cuando la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi –integrada por familiares, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la APDH de La Matanza, el FPDS y otras organizaciones– se movilizó hasta los Tribunales Federales de Comodoro Py para exigir celeridad en la causa contra los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda, entre ellos el ex presidente Eduardo Duhalde y el entonces gobernador bonaerense Felipe Solá, quien actualmente es diputado nacional por el Frente Renovador.
También están involucrados el ex secretario de Seguridad de la Nación, Juan José Álvarez; el ex jefe de la SIDE y fallecido gobernador de Río Negro, Carlos Soria; el ex jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof; el ex ministro de Justicia, Jorge Vanossi; el ex secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández; el ex ministro del Interior, Jorge Matzkin; el ex canciller Carlos Ruckauf; y el ex ministro de Seguridad bonaerense, Luis Genoud; entre otros.
La causa, que había sido archivada en 2010, fue reabierta cuatro años después por el juez federal Ariel Lijo a raíz de la inclaudicable insistencia de la querella. En 2015 declararon ante la fiscal Paloma Ochoa algunos testigos propuestos por los familiares y organismos de derechos humanos, como el ex intendente de Avellaneda, Oscar Laborde, y la madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, pero desde entonces no hubo mayores avances.
Ahora, la fiscal recibió al padre de Darío, Alberto Santillán, y se comprometió a citar a nuevos testigos, aunque la Comisión Independiente se mantiene en estado de alerta y advierte que la lucha continúa.
Al salir de la reunión en Comodoro Py, Santillán dijo que “si los familiares nos corremos, las causas se pierden”, y pidió “unidad” para sostener este reclamo de “cárcel para los que planificaron la masacre y todavía siguen impunes”.
“El barullo, las puteadas, los cortes y los escraches que tanto les joden van a continuar existiendo en tanto no haya justicia por Dari, Maxi y otros compañeros caídos. Todos los que tienen que ver con la muerte de ellos siguen pululando con la impunidad que les da la Justicia. A cada uno de los responsables políticos hay que señalarlos y decirles en la cara: ‘maldito hijo de puta, me debés un hijo’. No queda otra. Sin la lucha no somos nada”, subrayó.
Hasta el momento, los únicos que están en prisión son el ex comisario Luis Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Acosta, ambos de la Bonaerense, quienes acribillaron a Kosteki y Santillán durante la violenta represión que se organizó en conjunto con la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. Fueron condenados a perpetua en 2006.
“Esta masacre no fue obra de policías loquitos, hubo una planificación. No vamos a cejar en la lucha hasta que todos los responsables políticos estén en la cárcel. Si no hay justicia, hay escrache”, dijo López Monja, en sintonía con el padre de Darío.
Además del reclamo por justicia, el FPDS también se manifiesta en Puente Pueyrredón contra el ajuste y las políticas neoliberales del presidente Mauricio Macri.
“Entendemos que hay un escenario mucho más desfavorable para los sectores populares con un Gobierno que ejecuta una transferencia brutal de los ingresos de quienes tienen menos recursos hacia los sectores más poderosos. En estos últimos seis meses, ha habido un aumento realmente muy significativo en los comedores populares. La gente se acerca porque se ha quedado sin trabajo y crece la pobreza en las barriadas. Todo nos lleva a duplicar la organización en las calles”, explicó la dirigente social.
