Los medios comunitarios entraron en estado de alerta ante un gobierno nacional que, aun en retirada, continúa en proceso de desfinanciamiento del sector. Es que el alcance del Decreto de Necesidad y Urgencia 740 –dictaminado esta semana para extraer fondos de diversas áreas estatales y poder pagar, entre otras cosas, deuda pública– quitará unos 5.500 millones de pesos del Ente Nacional de Comunicaciones.
Subsidios, jubilaciones, salarios de personal policial y fuerzas de seguridad e intereses de deuda son algunos de los puntos que el gobierno busca pagar mediante la ampliación del Presupuesto 2019 en 680.000 millones de pesos, cuyo capital será extraído de diversas entidades del Estado. Según explicaron desde el gobierno, se trata de una formalización del uso transitorio de partidas asignadas a otros organismos, y su traspaso se fundamenta en el aumento de la inflación y el tipo de cambio.
Entre los considerandos del decreto se plantea que «es menester modificar el Presupuesto vigente de la Jurisdicción 90 – SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA para posibilitar la atención de los servicios financieros de la deuda pública correspondientes a comisiones, intereses y amortizaciones de este ejercicio».
Mientras tanto, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) expresaron su preocupación por las deudas que ENACOM mantiene con los medios comunitarios y cómo puede impactar en ese conflicto esta nueva disposición financiera que podría vaciar aun más al organismo estatal de comunicaciones.
«La palabra oficial del gobierno es que ‘no nos preocupemos, que no están comprometidos los pagos adeudados de fondos a medios comunitarios’, pero la realidad es que nadie especifica de dónde va a salir el dinero. Les solicitamos pedidos de informe y nos dijeron que no», dijo a Contexto el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Pablo Antonini, minutos después de retirarse de una reunión desarrollada ayer con autoridades del ENACOM.
Lo cierto es que la principal preocupación del sector se profundiza frente a la deuda, aun vigente, de proyectos concursados para radios y medios comunitarios a través del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (FOMECA); deuda que, desde la llegada del macrismo al poder, se estima que asciende a más de 1.000 millones de pesos.
«Tenemos un montón de deuda que se arrastra desde el principio de la gestión, más cuestiones que se suman este año. Tenemos concursos que se abrieron en marzo y se aprobaron en octubre y siguen sin publicarse en el Boletín Oficial. Si a eso le sumamos este nuevo decreto, en este contexto, es muy preocupante todo. Sospechamos que esto es una deuda que se busca dejar», señaló Antonini.
Cabe destacar que, de cara a la gestión entrante a nivel nacional, hay expectativa respecto de cómo se trabajarán las nuevas políticas en torno a la regulación y administración de los medios de comunicación, hoy vaciadas por los decretos que el macrismo impulsó apenas llegó al Poder Ejecutivo en 2015.
«Hay distintos puntos a discutir en torno a lo que entendemos como una política de comunicación que garantice democracia, trabajo, pluralidad, soberanía. No solo por el desguace que se hizo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (mal llamada Ley de Medios)», dijo Antonini, y agregó: «Tenemos que poder volver a desconcentrar los monopolios, pero avanzar en cosas que no pudieron, como la regulación de la pauta publicitaria oficial, legalizar las radios comunitarias que hoy siguen al margen de la ley, entre muchas otras cosas».
