Por José Manuel Welschinger Lascano
A raíz de las denuncias periodísticas contra el Grupo Indalo, la jueza María Verónica Straccia dictó una orden de allanamiento sobre varias oficinas del grupo, incluyendo la sede desde la que el canal se encontraba transmitiendo en vivo. Según comentó un testigo a Contexto, la intervención se extendió durante una hora y media; tiempo en el cual los efectivos de la marina requisaron todas las dependencias y oficinas del canal, incluyendo los estudios y la redacción, con el objetivo de obtener documentación particular de la empresa.
“Se facilitó toda la documentación solicitada de forma voluntaria”, expresó uno de los empleados del canal a Contexto, y aclaró: “A pesar de que no nos la hubieran solicitado previamente”.
Si bien la transmisión del canal, que emite en vivo, no fue afectada; el allanamiento alteró el funcionamiento normal de las tareas del medio de comunicación.
El operativo fue ordenado a partir de una denuncia por los presuntos delitos de extorsión, estafa y defraudación a raíz de la investigación periodística que, el fin de semana, puso al descubierto una deuda de $ 8.000 millones del grupo empresario con la AFIP.
Si bien la transmisión del canal, que emite en vivo, no fue afectada; el allanamiento alteró el funcionamiento normal de las tareas del medio de comunicación
Straccia dispuso esta tarde una serie de allanamientos en las distintas dependencias de las empresas, propiedad de Cristóbal López, según confirmaron desde AFIP a la agencia DyN.
Desde su cuenta de Twitter, el periodista Gustavo Sylvestre expresó: “Allanan C5N con prefectura y gendarmeria. Está claro que buscan la censura y acallar voces. Vergüenza”, y reflexionó: “¿Qué hubiera pasado si era en otro lado?”.
En un comunicado publicado por el Grupo Indalo respecto de lo ocurrido, se explicó que el allanamiento del canal fue solo uno de varios realizados en simultáneo contra varias oficinas del grupo; a pesar de que los titulares López y Fabián De Sousa se habían presentado espontáneamente ante la justicia el pasado 15 de marzo, para ponerse a su disposición y colaborar voluntariamente con cualquier pedido de documentación.
Además, se destacó que toda la documentación adicional que no pudo ser secuestrada durante los operativos será presentada al juzgado de Straccia voluntariamente por los abogados del grupo, durante las próximas 72 horas.
Straccia operó en ésta oportunidad con una celeridad y eficiencia muy distintas a las que demostró en 2013, cuando el Estado le solicitó que investigara la evasión fiscal del Banco HSBC en la Argentina
La investigación en la que se enmarcan los allanamientos, es una causa por ‘extorción, estafa y defraudación’, impulsada por la justicia a causa de las denuncias mediáticas que surgieron durante la última semana contra el Grupo Índalo. Con el pretexto de indagar sobre una deuda fiscal de la empresa, la jueza María Verónica Straccia ordenó a los oficiales de Prefectura Nacional que íngresaran a las oficinas del Grupo para secuestrar información que pudiera arrojar nuevas evidencias en contra de sus autoridades.
Curiosamente, Straccia operó en ésta oportunidad con una celeridad y eficiencia muy distintas a las que demostró en 2013, cuando el Estado le solicitó que investigara la evasión fiscal del Banco HSBC en la Argentina.
En aquella oportunidad, la jueza se declaró incompetente para estar a cargo de la causa; ya que una de las 4001 cuentas de argentinos en el HSBC de Suiza que se debía investigar pertenecía a la empresa Cablevisión, firma en la cual el marido de Straccia pertenecía como abogado.
