La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) denunció agravios y amenazas de muerte contra su secretario nacional, José Ernesto Schulman, quien además es sobreviviente de la dictadura, testigo y querellante en causas por crímenes de lesa humanidad en Santa Fe, dos de las cuales se encuentran actualmente en instrucción y otra elevada a juicio oral.
En el caso ya interviene la Fiscalía Federal de esa provincia, que pidió al juez Reinaldo Rodríguez investigar al comisario retirado Orlando Agustín Gauna y a otras tres personas identificadas como Marcelo Michelli Ramos, Ricardo Salomé y Horacio Ramella.
Gauna comenzó los agravios y las amenazas contra Schulman el pasado 3 de agosto en la red social Facebook, donde lo llamó “mentiroso” y “dirigente del Partido Comunista” que “se paseaba en la década del 70 con una 38 en la cintura que seguramente no usaba para festejar los goles de Colón”.
“Ahora con total hipocresía, se dedica a hacer falsas imputaciones contra uniformados, por supuestos delitos hoy llamados de lesa humanidad”, agrega el expolicía en otro posteo, mientras que Michelli Ramos comenta: “Un paseíto en avión por el Río de la Plata y listo”.
Los comentarios no terminaron ahí. Después intervino Salomé, asegurando que “a todos estos soretes asesinos hay que escracharlos…”, a lo que Ramella propone “…colgarlo en la vía pública”, mientras que Gauna añade: “Como me gustaría”.
Gauna integra la Asociación de Familiares y Amigos de las Victimas del Terrorismo en la Argentina (Afavita), que reivindica a los genocidas de la última dictadura cívico-militar. En esos años estuvo a cargo de la Comisaría 2ª de la capital santafesina, que formó parte del plan de exterminio que el Segundo Cuerpo del Ejército articulada con la Policía provincial y otras fuerzas de seguridad.
Si bien hasta el momento no tiene ninguna causa en su contra por delitos de lesa humanidad, el excomisario se reconoce en su blog personal como “un represor”, y además lo justifica: “¿Cómo se detiene el accionar de una horda de violentos? Reprimiendo con todo el rigor”.
Schulman dijo a Contexto que “claramente hay un envalentonamiento de estos sectores desde que asumió Mauricio Macri, pero no nos van a asustar”.
“He escuchado a los genocidas hablar de sus ilusiones en Macri y de sus expectativas de una pronta amnistía, algo que el pueblo argentino para nada va a convalidar. La sociedad nos ha acompañado siempre, como lo hizo masivamente el 10 de mayo en contra del 2X1 o el viernes pasado por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Así que vamos a mantener nuestros testimonios en los juicios por Memoria, Verdad y Justicia”, subrayó.
El secretario nacional de la LADH también cuestionó al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, por su silencio frente a las “acciones de intimidación” que sufren de manera permanente testigos, abogados y jueces en la provincia de Santa Fe.
“Alguien amenaza abiertamente con matar a testigos y defensores de los derechos humanos y nadie dice nada. La Liga es un organismo reconocido por el Estado y pertenece a la Federación Internacional de Derechos Humanos. Esperemos que algún funcionario de la Secretaría se entere y diga algo”, completó Schulman.
Desde la LADH recordaron que en marzo de 2005 apareció un féretro con una carta amenazante en la puerta del Juzgado Federal de Santa Fe a cargo de Reinaldo Rodríguez. Un año después, el mismo magistrado recibió otra amenaza por impulsar el juicio contra el exjuez federal Víctor Hermes Brusa, condenado a 21 años de cárcel en diciembre de 2009 por su participación en torturas y desapariciones forzadas durante el terrorismo de Estado.
También indicaron que, años más tarde, “comenzarían las pintadas contra las Madres de Plaza de Mayo que desembocaron en la formación de Afavita”, la misma organización a la que pertenece Gauna.
“Es hora de terminar con tanta impunidad y castigar como corresponde a los que pretenden instalar el miedo entre los luchadores por los derechos humanos y los testigos de los crímenes de Estado que fueron y seguirán siendo juzgados con todas las garantías para los imputados”, manifestó la LADH.
