El cura Cristian Bonin, padre de una parroquia en la provincia de Río Negro, denunció a Contexto ”una sucesión de intimidaciones extrañas, violentas y anónimas” que viene sufriendo en los últimos días, a raíz de la lucha que sigue por la desaparición del trabajador Daniel Solano. La víctima es un trabajador “golondrina” que había llegado para la cosecha al valle medio de esa provincia y que desapareció sin dejar rastro la madrugada del 5 de noviembre de 2011, luego de ser visto por última vez en un local bailable de Choele Choel.
Las investigaciones del caso desnudaron un entramado de complicidades que unía empresas frutícolas explotadoras del trabajo golondrina, empresarios de la noche, fuerzas policiales y jueces que aunaron esfuerzos para que la causa aún no tenga resolución.
Al día de hoy, casi cuatro años y medio después de la desaparición del joven que había llegado desde Salta, cuatrocientos testigos declararon en el proceso judicial que lleva procesados a siete policías y del que se han desprendido otras veinticinco investigaciones conexas a partir de diferentes denuncias de abusos policiales en la región.
La lucha por el esclarecimiento del caso se encuentra encabezada por la familia de Daniel Solano, que permanece en la rionegrina localidad de Choele Choel a la espera de novedades y como forma de presión continua ante un Poder Judicial empastado entre los numerosos expedientes que surgen con el correr del tiempo.
El cura párroco de la ciudad, Cristian Bonin, acompaña desde hace tiempo el reclamo de justicia de la familia. Tanto es así que en los últimos días ha sido objeto de una serie de “extrañas” intimidaciones, encabezadas por llamadas telefónicas misteriosas, un acto vandálico en la capilla y la sospechosa baja de su móvil por otra persona.
“Considero que los hechos son graves, suficientes para realizar una denuncia”, ya realizada en la fiscalía de Choele Choel, explicó Bonin ante la consulta de este medio.
Hace dos semanas “defecaron en la capilla y escribieron con los mismos excrementos ‘cura puto’, tras lo cual cerré el lugar, pero luego de eso se sucedieron muchos llamados al teléfono fijo en los que nadie contestaba o se escuchaba a alguien respirar y toser”, detalló Bonin.
Lo último que sucedió fue que “alguien se comunicó con la empresa de telefonía celular a mi nombre para dar de baja la línea, algo sumamente extraño, ya que para hacerlo son necesarios datos personales”.
“HAY ALGUIEN QUE TIENE DATOS MÍOS. Y SI JUNTAMOS LOS TRES EPISODIOS EN ESTE CONTEXTO DE CUESTIONAMIENTO, HAY UNA CLARA INTENCIÓN DE INTIMIDAR”, MANIFESTÓ BONIN.
“Hay alguien que tiene datos míos”, manifestó Bonin, “y si juntamos los tres episodios en este contexto de cuestionamiento (a las fuerzas policiales, políticas, judiciales y empresariales), hay una clara intención de intimidar”.
La explotación laboral del obrero temporal y las relaciones “entre Policía, empresas, la nocturnidad” y Poder Judicial dan “sobradas razones para pensar que buena parte de esta gente” opera en connivencia para producir, ocultar y encubrir un acto delictivo.
“En este último tiempo se han dado desapariciones y muertes”, agregó el párroco, como la del policía Lucas Muñoz en Bariloche y el joven José Codina en la localidad de Valcheta, ambas sospechosas y ocurridas con pocos días de diferencia, en una provincia pequeña en población pero con un importante historial de asesinatos dudosos y sin resolver.
Según se indicó en un comunicado público realizado por el propio Bonin en las redes sociales, la “seguidilla de hechos no pueden pasar desapercibidos”, ya que aparecen en el actual escenario nacional y provincial como modos de presión a quien viene transitando un coherente recorrido de acompañamiento a quienes reclaman por justicia”.
“En Río Negro ese compromiso significa reclamar contra la trama policial, judicial y empresarial y la lentitud e indiferencia de la autoridad política”, concluye.
Quién era Daniel Solano
Solano, cuya familia se encuentra hospedada en la iglesia de Cristian Bonin hasta que la causa avance, era parte de las cuadrillas de “trabajadores golondrina” salteños contratados en su provincia para abaratar costos y luego enviados a operar en la cosecha tercerizada de frutas de la belga Expofrut.
La empresa Agrocosecha Argentina SRL, subcontratada para reclutar a los trabajadores, se encargó en ese momento del traslado desde Salta, hacinando a los cosecheros en lugares inhumanos y pagando sueldos miserables.
Solano reclamaba por las condiciones de maltrato, hasta que fue secuestrado, según todos los testimonios, por policías de una brigada de operaciones especiales hoy disuelta. En la investigación judicial no se encontró nada hasta que los jueces a cargo en un primer momento dejaron de intervenir en la causa.
