Amnistia Internacional presentó el informe anual «El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo», con un panorama sobre los avances y retrocesos a nivel global, siendo Argentina uno de los países con más regresiones bajo el gobierno de Javier Milei.
“El deterioro de los derechos no es una metáfora: en Argentina, durante 2024, vimos cómo se revirtieron conquistas fundamentales en materia de justicia social, libertades civiles y garantías individuales”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina quien agregó: “La respuesta del Estado frente a la protesta pacífica, la crítica pública, la desinformación muestra un giro hacia prácticas con profundos rasgos autoritarios que amenazan la convivencia social”.
El capitulo destinado a la Argentina resalta «un panorama de narrativas violentas, achicamiento de los espacios de participación y represión a las voces disidentes, en un contexto global marcado por el avance de tendencias autoritarias fomentadas por líderes que actúan erosionando libertades esenciales».
El informe anual, titulado «12 meses de gestión, 12 derechos perdidos», destaca en primer lugar la persecución y confrontación violenta frente al disenso, con modelo de adoctrinamiento y censura. En esa linea, destaca los ataque a la libertad de expresión y al cceso a la información.
Asimismo, pone el foco en la constante represión que atenta contra el derecho a la protesta. «La crítica, la disidencia y la oposición han pasado a convertirse en chivos expiatorios utilizados para justificar medidas represivas», advirtió la organización.
“Lo que vemos en Argentina no es un hecho aislado: es parte de una tendencia global que busca silenciar voces críticas, desmantelar políticas de protección y reprimir la expresión pacífica. En nuestro país, este retroceso se ha dado de manera acelerada y deliberada”, sostuvo Mariela Belski.
En ese sentido, remarcaron la existencia de graves retrocesos en derechos economicos y sociales producto de las políticas de ajuste, que terminaron con programas sociales y con organismos claves en salud, educación, género y derechos humanos.
Amnistia también remarcó la situación de los jubilados y jubiladas. «Quienes tienen como único ingreso la mínima, no lograron cubrir la Canasta Básica Total (CBT) en todo el año, en consecuencia, quedaron por debajo del umbral de la pobreza. Esta política, combinada con la quita de subsidios, la remoción de cobertura en medicamentos y el aumento del costo de vida, vulneró el derecho a una vida digna para un sector históricamente postergado», advierte el informe.
