Colombia se desangra. Los números de la muerte crecen día a día. En sólo nueve meses de gobierno de Iván Duque, 164 líderes y liderezas fueron asesinados. Una muerte cada día y medio. Un asesinato cada día y medio.
Para entender la violenta realidad que vive el pueblo colombiano, y para conocer los motivos de la inacción del gobierno, Contexto dialogó con Ángela Robledo, excandidata a vicepresidenta por Colombia Humana y actual representante en el Congreso de la República.
¿Cuál es, hoy, la situación de los líderes y las liderezas sociales en Colombia?
Según señala el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde la toma de posesión de Iván Duque, el 7 de agosto de 2018, hasta la actualidad, se cometieron 164 asesinatos de líderes y liderezas.
Uno de los temas que nos ha llamado poderosamente la atención es el marcado aumento de liderezas asesinadas. Hay una hipótesis que han desarrollado distintos académicos que indica que, en la medida que se hicieron más visibles los liderazgos de las mujeres en el proceso de paz, su vida se ha puesto en mayor riesgo.
¿Qué intereses hay detrás de estos crímenes?
Aquí aparecen los intereses de quienes han acumulado grandes espacios de concentración de la tierra, los poderes económicos, en especial en el sector rural. Estudios de la Comisión Colombiana de Juristas, de Indepaz, de la ONG Forjemos y de otras organizaciones señalan que hay patrones de criminalidad: se busca exterminar a quienes defendieron el plebiscito por el “Sí” en los territorios de la Colombia profunda; a los defensores de la tierra y el agua en lugares donde hay grandes proyectos agroindustriales o mineros, a los defensores de derechos humanos, a los que están haciendo la defensa de la restitución de la tierra y a los integrantes de las juntas de acción comunal.
Estos estudios muestran unos patrones en la criminalidad y señalan que hay una falta de voluntad política y efectiva, tanto de la Fiscalía General de la Nación como del Gobierno Nacional, que no reconocen el exterminio que estamos viviendo.
Quienes integramos la bancada alternativa del Congreso de la República venimos denunciando estos crímenes. También el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, alertó sobre los asesinatos y la estigmatización que están viviendo estos líderes y liderezas.
¿El gobierno de Duque no puede, no sabe o no quiere parar estos crímenes?
El gobierno de Iván Duque no quiere, y si no quiere no puede, y si no puede no quiere saber. Los tres verbos le caben a un gobierno profundamente débil, proclive cada vez más al autoritarismo, a caer en las prácticas de su jefe político de la época de la llamada “seguridad democrática”, Álvaro Uribe, donde en su gobierno, de manera especial, aumentaron las masacres, los despojos, las ejecuciones extrajudiciales.
Es un gobierno donde todo vale para favorecer los grandes intereses del sector rural, que es uno de los sectores más desiguales del mundo. El Gini, el nivel de desigualdad en la concentración de la tierra y de la riqueza, que se mide de 0 a 1, donde 1 equivale a la desigualdad absoluta, en Colombia es de 0,88, y algunos investigadores aseguran que está en 0,9.
¿Cómo ha reaccionado el pueblo colombiano frente a estos hechos?
Hay una enorme preocupación en las ciudades grandes y pequeñas, y especialmente en la Colombia profunda. Por primera vez, además de la bancada alternativa y de la movilización en los territorios de los líderes y liderezas que exigen que se le defienda la vida, hay hoy un grupo amplio de un sector ya no sólo de la izquierda democrática, sino también de otras fuerzas más tradicionales de liberales, conservadores, el Partido de la U, el Partido Cambio Radical, sumándose a este “Basta ya”, con alertas, con comunicados que exigen la defensa de la vida de los líderes y liderezas, con el reclamo de blindar la Corte Constitucional, hoy amenazada por la injerencia del imperio de los Estados Unidos, y también un llamado respecto de lo que está pasando con las fuerzas de oposición en Colombia.
¿Cómo afectan estos asesinatos el proceso de Paz?
Generan una enorme incertidumbre para el proceso de paz. Primero, porque se pierden vidas muy valiosas de líderes y liderezas que defienden causas que tienen que ver con erradicar las razones de esta guerra de décadas en Colombia y que también buscan cambiar esas condiciones que nos convierten en uno de los países más desiguales del mundo. Con cada uno de estos crímenes se intenta matar una lucha, un legado, un reclamo.
En medio de este momento, tan desolador surge la esperanza, porque cada vez hay más personas que reclaman la protección para los líderes y las liderezas. Hoy en Colombia en las redes sociales hay una campaña para visibilizar a esos líderes y liderezas a raíz del atentado contra Francia Márquez, una mujer emblemática, negra, ecologista, pacifista, feminista de Colombia Humana, que levantó su voz hace muchas décadas pidiendo justicia para su pueblo negro.
Hoy en muchos medios de comunicación, como así también en las redes sociales, hay una movilización enorme diciéndole a Iván Duque “mire a Colombia y deje de hacer viajes tontos a Estados Unidos a arrodillarse ante un gobierno autoritario y racista como el de Donald Trump”, “mire a Colombia y deje de estar mirando a Venezuela, que aquí tenemos enormes problemas y usted tiene la obligación de gobernar, no sólo para el Centro Democrático, sino para todos los colombianos y colombianas. Juró cumplir la Constitución y ese es su mandato”.
¿Qué pueden hacer los movimientos sociales y sus líderes para detener este genocidio?
Los sectores populares colombianos llevamos cientos de movilizaciones reivindicando la vida, el derecho a la educación, el derecho a la tierra, reclamando la renuncia de Néstor Humberto Martínez, el fiscal general al que le hemos planteado la necesidad de una investigación seria respecto del asesinato de líderes y sólo hace unos pocos meses reconoció que podía haber sistematicidad, es decir, un carácter de crimen de lesa humanidad. El fiscal general decía que eran crímenes de sicariato y de temas individuales, de causas vinculadas al narcotráfico, pero con toda la presión que hemos hecho desde distintos sectores lo hemos obligado a que empiece, de una vez por todas, una investigación seria de delitos de lesa humanidad y de grandes estructuras económicas y políticas de terratenientes y grandes concentradores de la tierra para que se llegue a los responsables de estos hechos. En Colombia la impunidad es parte de la guerra en la que vivimos y ronda el 98%. Hay que seguir exigiendo justicia y reclamarle al gobierno de Duque que genere reales condiciones de garantías a los líderes y las liderezas.
¿Qué rol ha jugado en este contexto el expresidente Álvaro Uribe Vélez?
A raíz de la movilización de “La Minga”, que ha sido un movimiento indígena, negro y campesino, en algunas de sus intervenciones en el Congreso de la República, Álvaro Uribe Vélez dijo que para mantener el orden, si era necesario, había que acudir a las vías de hecho y a ciertas prácticas masivas de violencia. Personas como Álvaro Uribe Vélez lo que hacen es sembrar el odio y el terror en la población colombiana.
¿Qué ha pasado con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?
Nos quieren hacer olvidar que la JEP es la instancia para parar este genocidio y para conocer la verdad sobre lo que está pasando con un país de víctimas y sobrevivientes como es Colombia.
