“Las Abuelas de Plaza de Mayo, con tantos años que tenemos, seguimos caminando hasta con bastón porque nunca nos arrodillamos. No se arrodillen ustedes”. El pedido de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, tuvo como destinatario a los doce consejeros del Consejo de la Magistratura, que finalmente resolvieron apartar del Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca a los subrogantes secretario Santiago Ulpiano Martínez y abogado Claudio Pontet, acusados de obstaculizar el avance de los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad. El pedido había sido realizado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, querellantes y organizaciones de derechos humanos.
El órgano de gobierno del Poder Judicial también resolvió que el titular del Juzgado Federal de Dolores, provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, asuma la subrogancia del Juzgado Federal° 1 de Bahía Blanca, que hasta ayer estuvo a cargo de Martínez. La decisión de no renovar las subrogancias y designar al reemplazante fue decidido por el voto de la presidenta del Consejo, Gabriela Vázquez, quien desempató la discusión que había quedado empantanada en 6 votos a 6.
El Consejo de la Magistratura corrió a Pontet, quien sobreseyó a Massot en una causa por complicidad con la dictadura, y a Martínez, quien participó de la embestida que desplazó al juez que indagó y debía procesar al dueño de La Nueva Provincia.
En su exposición, Vázquez explicó que el Consejo debía “en cumplimiento de una obligación constitucional, asegurar el servicio efectivo de justicia en Bahía Blanca y la tutela judicial efectiva”, algo que no estaba ocurriendo en el sur de la provincia.
El Consejo comenzó a sesionar a las 11. La sala estaba colmada de militantes y organizaciones de derechos humanos.
“Los familiares y los H.I.J.O.S. no nos merecemos retroceder treinta años ni tener la sensación de que volvimos a esa época en la que a nadie le importaba lo que nos pasaba, porque esta década nos devolvió la esperanza y las ganas de luchar y seguir viviendo. No lo merecemos tampoco como sociedad, y en Bahía Blanca tenemos la sensación de que estamos volviendo a esa época”, dijo Alejandra Santucho, de la agrupación H.I.J.O.S. de desaparecidos de Bahía Blanca, ante el Consejo de la Magistratura, cuando se debatía el futuro de Pontet y Martínez.
Para ese entonces ya había hablado el fiscal Palazzani, quien recordó las razones que llevaron a la fiscalía a solicitar el apartamiento de los funcionarios subrogantes por obstaculizar el proceso de verdad y justicia. Luego siguieron el representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca, Eduardo Hidalgo, Santucho, Carlotto, la Madre de Plaza de Mayo Laura Conte y el ex fiscal bahiense Hugo Cañón.
El Consejo de la Magistratura les dio la razón y no renovó las subrogancias de Pontet ni de Martínez. El primero llevaba causas que implicaban al dueño del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, al ex secretario judicial Hugo Sierra y al ex capellán Aldo Vara en crímenes del terrorismo de Estado. El segundo llevaba el resto de las causas por crímenes de lesa humanidad que implicaban a la Armada y el Ejército.
Los fiscales Nebbia y Palazzani los recusaron por temor de parcialidad: Pontet es quien dictó la falta de mérito de Massot y el sobreseimiento de Sierra. Martínez, junto a su secretario Fernández Moreno, lideró la «embestida» que creó el escenario para que la defensa de Vicente Massot recusara y forzara la salida del juez subrogante Álvaro Coleffi cuando, después de indagar al empresario, se disponía a resolver su situación procesal.
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