En el marco de la apertura oficial del 142º período de sesiones ordinarias del Congreso, Javier Milei pronunció un discurso de balance de sus tres primeros meses de gestión. Allí, el jefe de Estado reivindicó el plan «motosierra», anunció nuevas medidas y volvió a mostrar su ataque al sector público.
«No damos marcha atrás, vamos a seguir acelerando», fue una de las frases más resonantes para referirse al modelo de ajuste que empezó en diciembre y no cesó de generar rechazo y protestas. Milei hizo una reivindicación de su plan «motosierra» en el sector público, además de enviar múltiples ataques a sindicalistas, trabajadores del sector público y movimientos sociales.
Acompañado por la vicepresidenta de la nación, Victoria Villarruel, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lanzó diatribas antiperonistas con el foco puesto, de manera explícita, en figuras como Máximo Kirchner, Sergio Massa, Pablo Moyano y Juan Grabois. También sumó a sus ataques a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
«Hace poco más de tres meses, una mayoría silenciosa levantó la voz, compuesta de los que trabajan, de los que producen, de los peones rurales, del trabajador informal, del joven que no encuentra trabajo, del cuentapropista. Esa Argentina despertó», indicó Milei sobre su elección. Incluyó una cita de Carlos Menem para justificar las «decisiones difíciles» similares a las que adopta el Gobierno en la actualidad.
Además de hacer un repaso de sus principales medidas, donde se refirió también al rechazo generado por la mentada ley ómnibus y el DNU 70/2024, Milei realizó una convocatoria el próximo 25 de mayo a gobernadores, dirigentes y líderes de bloques opositores para la firma de un nuevo contrato social, el llamado «pacto de Mayo», nuevos principios del nuevo orden económico argentino. Se trata de un decálogo de políticas de Estado que incluye el «equilibrio fiscal innegociable», reducción del gasto público al 25 % del PIB, reformas tributarias, rediscutir la coparticipación de impuestos, entre otros.
En ese marco, lanzó ataques a las universidades públicas, uno de los sectores más afectados por sus políticas. «La creación de universidades se convirtió en un negocio más de la política y en los profesorados e institutos de formación docente proliferan currículas educativas de izquierda, abiertamente anticapitalistas y antiliberales en un país donde lo que se necesita es más capitalismo y más libertad», señaló.
Por otro lado, defendió la eliminación del INADI, al que calificó como «policía del pensamiento», y anunció a futuro el cierre de la agencia Télam, a la que definió como una agencia de propaganda kirchnerista.
«Para profundizar esta misión estamos enviando un paquete de leyes anticasta». Entre los puntos de esta medida se destacan la eliminación de jubilaciones de privilegio, la eliminación de reelecciones de sindicatos, la prohibición de candidaturas por parte de figuras condenadas por corrupción en segunda instancia, reducción de contratos de asesores de legisladores, entre otros.
A esto se suma el descuento de sueldos a trabajadores del Estado que adhieran a un paro. También enviará un proyecto donde se penalizará a presidentes, ministros de Economía y funcionarios que busquen financiar déficit fiscal con emisión monetaria, al punto de considerarse delito de lesa humanidad.
En lo referente a agenda de seguridad, volvió a poner el foco en el narcotráfico, y «el caos y el desorden» en las calles organizado por «organizaciones de izquierda». También retomó el discurso de «soltar presos durante la pandemia», elemento que fue clave de campaña en su época anticuarentena. También destacó la nueva «doctrina del orden público», que no fue otra cosa que reivindicar el protocolo antipiquetes instaurado por Patricia Bullrich, que desde diciembre volvió a desplegar represiones en cada marcha y protesta contra el Gobierno.
