El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibió este lunes un escrito de vinticinco páginas en el que se le solicita el inicio de un proceso de juicio político contra el presidente Javier Milei, por «mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos».
El escrito lleva la firma de referentes como el premio nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel; la dirigente de Soberanxs y ex embajadora en Venezuela y ante el Reino Unido, Alicia Castro; el constitucionalista Eduardo Barcesat; el exjuez Carlos Rozanski; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; el politólogo Atilio Borón; el economista Claudio Lozano; el sociólogo y periodista Jorge Elbaum; la investigadora Dora Barrancos; la secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, Liliana Hendel; el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, y la ingeniera y referente del Movimiento la Ciudad Somos Quienes la Habitamos, María Eva Koutsovitis, entre otros.
La presentación apunta contra el presidente y sus funcionarios por los posibles delitos de «instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos; apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes; la posible comisión del delito de apología del crimen; el delito de abandono de personas y el incumplimiento de deberes de funcionario público».
Sobre este último punto, destacaron que algunas de sus consecuencias fueron «el desfinanciamiento y el desmantelamiento los recursos asignados al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre poniendo en peligro la vida y la salud de miles de personas que asisten cotidianamente a los comedores comunitarios así como también la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (la DADSE) que implicó el desfinanciamiento de los subsidios para la adquisición de medicamentos y/o elementos de tecnología biomédica para pacientes oncológicos; la malversación de caudales públicos; mal desempeño por el desfinanciamiento de la educación, entre otros puntos entre los que hay también cuestiones vinculadas a la política exterior y la soberanía territorial».
Asimismo, se pone el foco en el Decreto 70/2023, señalado numerosas veces por su inconstitucionalidad. En este marco, sus denunciantes en esta oportunidad advierten que «configura, inexcusablemente, mal desempeño y amerita la necesidad de examinar las violaciones a la normativa penal que derivan de su dictado y menguada pero efectiva vigencia».
«En lo que concierne al resultado de la vigencia, institucionalmente precaria, pero aún efectiva, del DNU 70/2023, corresponde examinar si sus resultados han conducido a lo que debe calificarse como un ‘genocidio económico’, por la brutal privación de vida digna para crecientes sectores del pueblo de la Nación que se ven imposibilitados de acceder y satisfacer sus necesidades básicas, de trabajo en condiciones dignas, de alimentación, vivienda, salud, medicación y educación , y todo cuanto comprendido por el concepto de desarrollo humano y social sustentable comporta esa ‘vida digna’, que inspira toda normativa sobre derechos humanos», indica el escrito.
«La imposición de este DNU 70/2023 configura, inexcusablemente, mal desempeño y amerita la necesidad, también, de examinar las violaciones a la normativa penal que derivan de su dictado y menguada pero efectiva vigencia», agrega.
En la denuncia se mencionan la oportunidad en la que Milei llamó a no pagar los impuestos de la provincia de Buenos Aires y la celebración ante el foro del Llao Llao de aquellos empresarios que fugaron divisas. Esto fue calificado en la denuncia como «a apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros». «Esto se debe a la relevancia institucional de los cargos que ocupan y a la difusión pública generada por sus declaraciones, lo que hace imposible interpretarlas como expresiones desinteresadas», advierten los denunciantes, que, agregaron, en esto también «se verifica la configuración del delito conocido como el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos».
En paralelo a la presentación de juicio político por las vías institucionales, el proyecto será puesto a disposición de toda la ciudadanía para la recolección de firmas con la convicción de que el pueblo argentino no se someterá a estas políticas de sufrimiento y desprecio por la Constitución nacional.
